Este artículo analiza críticamente el Modelo de Integridad Pública implementado por el Estado peruano desde 2021 para explicar la brecha entre su diseño normativo y su capacidad preventiva efectiva. Frente a estudios previos sobre integridad y gobernanza, orientados a describir arreglos institucionales, medir cumplimiento o evaluar percepciones, la investigación propone una aproximación crítico-documental que interroga la racionalidad normativa, los supuestos organizacionales y los sesgos operativos inscritos en los propios instrumentos de política. Con base en el análisis de instrumentos legales, guías operativas y reportes oficiales, y su contraste con estándares internacionales de integridad y enfoques de gobernanza ética, el estudio muestra que, pese a su alineamiento formal con recomendaciones de la OCDE, el modelo privilegia el cumplimiento procedimental y la producción de evidencia documental antes que la verificación de desempeños institucionales. Se identifican tres limitaciones estructurales: burocratización del enfoque, débil exigibilidad de incentivos y sanciones, e insuficiente institucionalización de capacidades, continuidad y rectoría efectiva. El caso peruano evidencia un problema más amplio de formalismo normativo en las políticas de integridad, donde la expansión regulatoria no garantiza capacidad preventiva sin mecanismos efectivos de implementación, seguimiento y rendición de cuentas. En consecuencia, se plantea la necesidad de reorientar el modelo hacia un enfoque sistémico, contextualizado y orientado a resultados verificables. Aunque el diseño documental no permite atribuir efectos causales sobre corrupción o confianza, sí posibilita identificar las brechas y mecanismos institucionales que restringen la eficacia preventiva del modelo.
Este artículo analiza críticamente el Modelo de Integridad Pública implementado por el Estado peruano desde 2021 para explicar la brecha entre su diseño normativo y su capacidad preventiva efectiva. Frente a estudios previos sobre integridad y gobernanza, orientados a describir arreglos institucionales, medir cumplimiento o evaluar percepciones, la investigación propone una aproximación crítico-documental que interroga la racionalidad normativa, los supuestos organizacionales y los sesgos operativos inscritos en los propios instrumentos de política. Con base en el análisis de instrumentos legales, guías operativas y reportes oficiales, y su contraste con estándares internacionales de integridad y enfoques de gobernanza ética, el estudio muestra que, pese a su alineamiento formal con recomendaciones de la OCDE, el modelo privilegia el cumplimiento procedimental y la producción de evidencia documental antes que la verificación de desempeños institucionales. Se identifican tres limitaciones estructurales: burocratización del enfoque, débil exigibilidad de incentivos y sanciones, e insuficiente institucionalización de capacidades, continuidad y rectoría efectiva. El caso peruano evidencia un problema más amplio de formalismo normativo en las políticas de integridad, donde la expansión regulatoria no garantiza capacidad preventiva sin mecanismos efectivos de implementación, seguimiento y rendición de cuentas. En consecuencia, se plantea la necesidad de reorientar el modelo hacia un enfoque sistémico, contextualizado y orientado a resultados verificables. Aunque el diseño documental no permite atribuir efectos causales sobre corrupción o confianza, sí posibilita identificar las brechas y mecanismos institucionales que restringen la eficacia preventiva del modelo. Read More