Estudios de Derecho

El propósito de este escrito es analizar los retos que enfrentan los jueces de tutela cuando deciden casos relativos a un tema sobre el cual existe una declaratoria de un estado de cosas inconstitucional (ECI), así como la forma en que, en atención al principio de unidad de la jurisdicción, deben articular sus sentencias con las órdenes proferidas por la Corte Constitucional para la superación del mencionado ECI. El argumento que se defiende es que la existencia de un ECI no puede limitar que las personas afectadas por el problema, al cual se le quiere dar tratamiento con tal declaratoria, acudan a la acción de tutela para demandar su protección, en tanto ello podría limitar su derecho fundamental de acceder a la justicia. Para ilustrar esta situación, se revisan dos decisiones de la Corte Constitucional: el Auto 548 de 2017, proferido en el marco del ECI penitenciario y carcelario, y la sentencia SU-092 de 2021, que amparó los derechos del pueblo Jiw, el cual ya había sido sujeto de órdenes de protección en el escenario del ECI declarado por la sentencia T-025 de 2004.

La presente investigación tiene por objetivo general, estudiar la parte teórico-legal sobre el estrés laboral, uno de los objetivos particulares se trata del análisis del fenómeno del estrés laboral con el teletrabajo en México, durante la pandemia por COVID-19, así como las ventajas y desventajas del teletrabajo, además, el objetivo relacionado con la reforma laboral respecto al tema de teletrabajo y el derecho a la desconexión, como parte de la adaptación a una modalidad de trabajo inplementada con urgencia, así como las conclusiones respecto a los resultados analizados.

En virtud del principio de moralidad o lealtad procesal las partes tienen el deber de colaborar con la producción de la prueba, el legislador puede optar por establecer consecuencias de carácter probatorio ante el incumplimiento de este, en el proceso civil en Colombia serán la presunción de ocurrencia del hecho o un indicio, el objetivo del presente artículo será identificar los diferentes supuestos normativos que en los ordenamientos procesales civiles, anterior C. de P. C y el vigente C. G. del P., asignan consecuencias probatorias a las conductas de las partes en el ámbito del proceso. Al realizar el inventario de los eventos se identifican las que corresponden al incumplimiento de los deberes de las partes y sus apoderados, las que se generan como consecuencia de no contestar la demanda o no hacerlo en debida forma, las originadas en la inasistencia a las audiencias del artículo 101 (C. de P.C.) o a las audiencias de los procesos verbales (C. G. del P.), las derivadas de la no devolución del expediente, y las que se dan con ocasión o durante la práctica de algunos de los medios de prueba.

Se plantea un análisis comparativo del dispositivo jurídico de la Función Social de la Propiedad (FSP) en los discursos políticos de Jorge Eliécer Gaitán y de Juan Domingo Perón , buscando aportar a los actuales debates en torno a la unificación de los Códigos Civil y Comercial colombianos (Alarcón/Villalba, 2020) y al proyecto argentino de Ley de Acceso a la Tierra (Unión de Trabajadores de la Tierra -UTT, 2020), propuestas que desde el 2016 en adelante se han venido presentando en escenarios de la legislatura, la judicatura y la academia, por parte de organizaciones, instituciones y personalidades públicas y estatales de cada país. Este análisis comparativo implicará observar la emergencia, recepción e implementación del dispositivo FSP en Colombia y Argentina, como contextos de enunciación discursiva de los interpelados. Esta primera parte buscará esclarecer con suficiencia un contexto latinoamericano que permita comprender la emergencia del dispositivo FSP en Europa y sobre todo, el rescate/recepción y la transmisión/comunicación/ implementación de ese discurso en América Latina. Este contexto permitirá observar, en la segunda parte, la potente emergencia política de las dos voces contemporáneas bajo análisis y la adaptación del dispositivo FSP dentro de sus respectivos discursos políticos sobre la propiedad y productividad de la tierra.

Este artículo reflexiona sobre el debate jurídico-político que tuvo lugar en Argentina en torno a la implementación de la prisión preventiva en casos de crímenes de lesa humanidad. Para abordarlo analiza una serie de fuentes escritas que constituyeron pronunciamientos públicos presidenciales, legislativos, jurídicos y de los Organismos de Derechos Humanos ⎯es decir, de los principales actores políticos que intervinieron en la discusión que nos interesa⎯ entre 2003 y 2015. Asimismo, se sirve de las estadísticas confeccionadas por el Sistema Penitenciario Federal y la Procuración de Crímenes Contra la Humanidad. Se concluye que el mencionado debate estuvo atravesado por dos tensiones principales. La primera se vinculó con las dificultades para sostener el principio de igualdad ante la ley. La segunda con las demoras y dilaciones que atravesó el proceso de juzgamiento de los criminales de Estado desde la reapertura de los juicios. Estos dos elementos condensaron las discusiones sobre la implementación del encierro preventivo en casos de violaciones a los Derechos Humanos.