Estudios de Derecho

¿Bajo qué circunstancias el contrato social podría ser el resultado del desafío político?¿Es el contractualismo agonal una alternativa para las sociedades que transitan del desafío estatal armado a la sociedad posconflictiva? En contraste con algunas tesis centrales del contractualismo clásico, lo nombrado en el presente trabajo como contractualismo agonal plantea que el reconocimiento de la contienda y el desafío político constituyen una vía alternativa para la creación de nuevas formas del contrato social. Para ello se analizan, en primer lugar, los factores comprometidos en el desafío estatal y sus potenciales impactos en el contrato de acuerdo con los clásicos de la teoría contractualista: Hobbes, Locke y Rousseau; segundo, se identifican las limitaciones de la teoría contractual respecto del rol de los desafiantes del Estado. Finalmente, se argumenta porqué en las sociedades contemporáneas dicho desafío podría constituirse en una alternativa para transitar de la “eliminación” de los insumisos -los desafiantes del Estado- a un nuevo tipo de contractualismo agonal. A su vez, se responde a alternativas actuales sobre el contrato como el llamado solidarismo contractual.

El artículo efectúa un análisis del impacto sobre el régimen político-democrático de las sentencias que restringen las consultas populares cuando el asunto de estas es la minería (SU-095 de 2018 y C-153 de 2019).  Se parte de un análisis estadístico sobre la participación ciudadana en diversos eventos electorales del orden nacional y municipal, para indicar que las elecciones locales representan un mayor interés para la ciudadanía respecto a las elecciones generales o nacionales. Luego se aborda, desde un punto de vista teórico, los presupuestos sobre los que se sustenta un régimen democrático, para a continuación, efectuar un análisis crítico de la sentencia SU 095 de 2018, con la que se cierra la posibilidad de estos mecanismos de participación, cuando el tema es la minería, y como ello no solo contradice la teoría del precedente planteada por la misma Corte, sino que además supone un obstáculo importante para el desarrollo del carácter expansivo de la democracia en Colombia. Por lo tanto, más allá del hecho coyuntural de la prohibición de las consultas populares mineras, punto de partida de este artículo, la reflexión que aquí se realiza se centra en la forma como debe entenderse la construcción de la democracia y de los diferentes procesos político-administrativos que permiten su afianzamiento o, por el contrario, si se va en camino de imposibilitar un ejercicio efectivo de aquella.

Este artículo analiza cómo distintos actores, utilizando discursos que decían sustentarse en el orden legal transnacional de la responsabilidad, orientaron la negociación del diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz hacia el componente retributivo. Este orden, acompañado de discursos anti-impunidad de distinto tipo, orientó los debates sobre el Acuerdo de Paz a centrarse en la discusión sobre el componente de justicia, el cumplimiento de los estándares internacionales sobre la materia y la impunidad, evitando que la justicias restaurativa y distributiva tuvieran un mayor alcance en el modelo de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Las formas contemporáneas de renovación urbana, especialmente en Medellín con su modelo de ciudad densa y compacta, generan prácticas de desplazamiento y reubicación dirigidas a construir obras que son necesarias para consolidar un escenario de competitividad neoliberal, destruyendo significados políticos de los territorios y sus moradores con muy pocas posibilidades de participación democrática de sus habitantes, en ese sentido, ocurre una extracción deliberada, neoliberal y autoritaria de los moradores de los territorios sin posibilidad de consulta y concertación y sin reasentamiento previo que restablezca sus derechos y condiciones culturales, económicas y colectivas

El presente escrito tiene como propósito demostrar, mediante un análisis crítico de la Sentencia de unificación del Consejo de Estado del 19 de noviembre de 2012, radicado 24897, como la institución jurídica del enriquecimiento sin justa causa, que desde el Derecho Romano fue evolucionando durante centurias para erguirse como un medio autónomo para evitar el enriquecimiento ilegítimo de una parte, en detrimento de otra, que de manera correlativa ha sufrido un detrimento patrimonial injustificado, sin que medie la existencia de un contrato, y sin que pueda contar con otra vía procesal adecuada para procurar la compensación ante el rompimiento de la justicia conmutativa, se desdibuja y se hace prácticamente inoperante en materia contencioso administrativa a raíz de una postura jurisprudencial que la torna nugatoria al desconocer de plano el principio de equidad por el cual no resulta lícito enriquecerse a costa de otro que se ha empobrecido injustamente.