Revista de Derecho Penal y Criminologia

La excelente obra que tengo el gusto de reseñar llegó a mí, como lo hacen casi todos los libros que leo, por mera casualidad mientras deambulaba en los pasillos de alguna librería. La imagen de la caratula me cautivó: una obra de Banksy en la que una chiquilla requisa a un soldado. El título no es menos llama­tivo: Contra el punitivismo, una crítica a las recetas de la mano dura. La obra está escrita en lenguaje sencillo, pero dotada de amplísimo fundamento empírico y dogmático. Su autora es, ante todo, una abogada, en el más alto sentido del término, es decir, se dedica a abogar, a intervenir a favor de los demás, y, en este caso, de quienes constituyen uno de los grupos poblacionales más vulnerables de nuestra sociedad: los hombres y las mujeres privados de su libertad y, en general, quienes son sujetos pasivos del poder punitivo.

Este texto describe los lineamientos desarrollados por el derecho internacional público y el nacional en materia de responsabilidad penal para adolescentes. Inicialmente, se determinan cuáles son los instrumentos en el esce­nario internacional de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran directrices, convenios y reglas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); así como las directrices establecidas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) frente a la delincuencia juvenil. Posteriormente, se estudian los antecedentes en materia de protección a los niños, niñas y adolescentes (NNA) en el sistema jurídico brasileño y costarricense, lo cual facilita la comprensión del sistema colombiano. Se concluye que, en Colombia, a pesar de la coherencia nor­mativa del ordenamiento, no se ha generado necesariamente la materialización de las garantías legales y de los tratados internacionales.

Las causales 5.ª y 18.ª del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 del principio de oportunidad están relacionadas con la colaboración eficaz que el investigado suministra a la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de hechos delictivos y la judicialización de sus autores o partícipes. Es una institución que puede traer consigo beneficios en materia de investigación delictiva. Sin embargo, su aplicación no está exenta de inconvenientes. La Fiscalía, por una parte, debe corroborar la información relevante de su colaborador, que vincula a terceras per­sonas en la comisión de delitos. Por la otra, el procesado se afronta al riesgo de que, a pesar de cumplir con sus compromisos con la administración de justicia, no se produzca la renuncia de su acción penal por renuencia del ente acusador. Frente a la primera situación, formularemos una serie de propuestas metodológicas y, en relación con la segunda, sustentaremos la posibilidad de que la defensa acuda ante un juez de control de garantías para que declare por desistida la acción penal.

El presente texto tiene por intención explorar conceptualmente la categoría de violencia simbólica en el barrio, tomando como referencia las ma­nifestaciones que este concepto ha tenido en la ciudad de Medellín 2009 y 2019. Para lograr esto, se desarrolló un ejercicio de estado del arte orientado desde un macro molde histórico-hermenéutico, en el que se recopilaron cuarenta textos que relacionaron de manera directa la categoría de violencia simbólica con el contex­to barrial. Asimismo, la información fue procesada por el software de análisis cualitativo Atlas TI. Los trabajos revisados versan sobre diversos asuntos, por ejemplo, la presencia de grupos armados al margen de la ley, la construcción de masculinidades, las relaciones afectivas latentes a escala barrial, y las dinámicas propias de la cultura popular, entre otros. Entre los resultados obtenidos, se en­cuentra que el concepto de “violencia simbólica” de Pierre Bourdieu ha sido usado en diferentes contextos y para múltiples asuntos, llevando a convertir el concepto en una especie de comodín académico. En conclusión, fue posible identificar que el concepto en cuestión se ha desligado de su concepción original (al menos para el caso de Medellín y su región más próxima), pero, a su vez, se ha convertido en una herramienta analítica útil para comprender y hacer frente a diferentes tipos de injusticias o vulneraciones sociales.

Los resultados de los estudios evacuados en materia de política crimi­nal han evidenciado la necesidad de realizar verdaderas reformas legislativas a nivel interno y en materia de cooperación internacional con el fin de contrarrestar el impacto negativo que en materia delincuencial vienen mostrando los riesgos derivados de la creación de empresas que se sirven de su poder económico para vulnerar bienes colectivos y de interés para los Estados. El derecho administrati­vo sancionador se ha mostrado ineficiente frente a los retos propuestos por estas personas jurídicas, quienes han utilizado a las distintas formas de asociación para ofrecer una “fachada” de legalidad y perpetrar conductas desviadas en el seno de la sociedad. Por esta razón se muestra como razonable efectuar ingentes esfuerzos por utilizar la ductilidad del derecho y armonizarlo con la realidad social, imple­mentando para el efecto un sistema propio de imputación penal para las personas jurídicas o empresariales.