Revista de Derecho Penal y Criminologia

El paramilitarismo tuvo como uno de sus objetivos centrales la cooptación del poder político a nivel regional y nacional, así, particularmente, para las elecciones legislativas de 2002 y las regionales de 2003, cuando su dominio territorial estuvo en auge, desarrollaron pactos con la clase política, acordando un mutuo favorecimiento entre su propio actuar armado y las labores institucionales de estas personas. En el presente artículo, se analiza la información disponible en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal con el propósito de identificar las principales dinámicas y estrategias de actuación por parte de este grupo armado, para conseguir influencia política y obtener una posición privilegiada en la estatalidad. Lo anterior, empleando el enfoque de macrocriminalidad como herramienta de investigación que permite analizar patrones comunes en crímenes que afectan a una vasta cantidad de la población, y en los que suele haber una participación de agentes estatales.

En este artículo propongo realizar una vinculación analítica entre el desarrollo de la normatividad penal que fue estableciéndose en el territorio de la recientemente inaugurada República de la Nueva Granada, su denominación de entonces, y el proceso general de construcción del Estado nacional que ahora podemos denominar colombiano. Se parte del entendimiento de que tras el periodo de las guerras independentistas a lo largo de toda la primera década del siglo xix, los sectores dirigentes de la naciente república asumieron la tarea de instituir el nuevo marco de legitimidad para ese orden político. La tipificación de las conductas que suponían atentar contra la religión, así como su tratamiento judicial, aspectos que acá se abordan, manifiestan una clara muestra de las particularidades de dicha vinculación.

A lo largo de su existencia, la ciencia penal ha intentado construir una estructura sistemática en torno al delito y los elementos que lo componen. Esa ha sido quizás su principal finalidad: explicar racionalmente qué es un delito y por qué el Estado tiene la legitimidad para imponer una pena a quien lo ha cometido. En el marco de esa necesidad dogmática, el concepto de acción tuvo, y sigue desempeñando, en un amplio sector de la doctrina, un papel preponderante. Empero, el panorama ha cambiado, hoy en día nos enfrentamos a una sociedad riesgosa, contingente, en constante y vertiginoso avance, por este motivo muchos de los paradigmas teóricos otrora trascendentales, se han visto revaluados. A la luz de los desarrollos sociológicos actuales, la acción no es relevante por sí misma, sino por su sentido delictivo, por la comunicación que transmite. El delito, entonces, debe erigirse a partir de lo que un hecho significa para el sistema del derecho penal y para la estructura normativa de la sociedad, no del acto en sí mismo considerado ni de la intención del agente cuando lo realizó.

Este artículo explora la relación entre el resentimiento y el derecho penal. El resentimiento se explora a través de la experiencia de dos personas que habitaron dos espacios diferentes, pero que sufrieron eventos límites que marcaron su existencia. Jean Améry, por un lado, quién fue torturado por el simple hecho de ser judío por el régimen nazi, en el terrible campo de concentración de Auschwitz. Y Claudia Ospina, por el otro, quién fue violada y torturada psicológicamente por paramilitares colombianos, solo porque era una mujer que demostraba conocimiento acerca de derechos humanos. Ambos resentimientos, al tiempo tan diferentes y similares, se entrecruzan con diferentes conceptualizaciones del derecho penal, valorando la posibilidad de este tipo de derecho para aliviar aquel sentimiento.