Revista de Derecho Privado

El arbitraje siempre se ha caracterizado por ser más eficiente que otras opciones, ha usado la tecnología en forma más ágil, propiciando eficiencia. El COVID-19 ha llevado dicha situación al siguiente nivel, exigiendo haya una readaptación. Una preocupación que el paso ha generado es la posibilidad de que se comprometa a que si haya un debido proceso. Este ensayo defiende que (1) la tecnología es perfectamente adecuada para seguir procesos arbitrales en forma totalmente electrónica; (2) que la innovación colaborará a que el ideal de procurar justicia se logre cada vez más, pues la reducción de costo implicará que más casos puedan ventilarse y adjudicarse, haciendo que lo que actualmente es un lujo (obtener justicia) se disemine y penetre segmentos distintos de la sociedad, actualmente descuidados; y (3) que los retos que enfrentamos exigen que así ocurra (por ejemplo, el cambio climático, pérdida de la biodiversidad). Lo único que se necesita es un cambio de actitud. En una palabra, adaptarse.

Se divide tradicionalmente la responsabilidad civil en dos grandes ámbitos: el contractual y el extracontractual, obviando la existencia de la responsabilidad precontractual. Una de las regulaciones más interesantes al respecto es la llamada culpa in contrahendo, cuyo fundamento es la buena fe objetiva que debe imperar entre las partes desde antes de la celebración del contrato. Institución de origen alemán, en Latinoamérica, en países como Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Colombia y Venezuela, ha sido la doctrina primero y luego tímidamente la jurisprudencia, las que han reconocido la existencia de la responsabilidad precontractual.

Es un estudio comparativo entre lo que afirman los códigos civiles mexicanos en cuanto a la clasificación de las cosas que son objeto de derechos reales, por una parte, y lo que afirma el derecho romano clásico, con el objeto de detectar las similitudes y diferencias, hacer un juicio valorativo o crítica de éstas, y proponer una nueva manera de clasificarlas. Se propone: incluir el concepto de cosas que no tienen dueño, y entre ellas considerar las cosas abandonadas, y no como un tipo de bienes mostrencos; eliminar el concepto de cosas inmuebles por destino, e introducir el concepto de conjunto de cosas muebles adheridas o al servicio de un inmueble; distinguir entre bienes públicos (los del pueblo) y los bienes que son de alguno de los poderes políticos, que son bienes que deben tener un régimen semejante al de la propiedad particular.