Revista de Derecho Privado

La Ley 1258 de 2008 consagra los abusos de voto de mayoría, paridad y minoría, permitiendo demandar la nulidad de decisiones sociales y solicitar perjuicios. Esta norma ha generado una amplia jurisprudencia. Con todo, las victorias de los accionistas oprimidos han sido pírricas, ya que, si bien obtienen la nulidad de ciertas decisiones sociales y una condena monetaria a favor, siguen presos en la compañía e inermes frente a nuevas conductas abusivas. Para que la acción por abuso del derecho al voto sea eficaz, se propone suspender votos del accionista que abusa de ellos u otorgarlos a su víctima.

Este trabajo analiza la acción de disolución judicial, prevista para la sociedad anónima cerrada chilena, desde un punto de vista procesal. Aunque la Ley sobre Sociedades Anónimas de 1981 ofrece algunas indicaciones, varios puntos relativos al ejercicio de este remedio no son regulados o lo son de forma indirecta, como el alcance de la discrecionalidad judicial o la arbitrabilidad del conflicto. Además de esos puntos, se estudia el objeto del proceso, que determina el carácter constitutivo de la sentencia estimatoria, a quiénes corresponde la legitimación activa y pasiva, y cómo se relacionan cumplimiento de la sentencia y liquidación societaria.

En el presente trabajo, desde una perspectiva dogmática, se analiza el rol que desempeña la presunción y la carga de la prueba en la actividad probatoria alrededor de la culpa y el dolo dentro de la responsabilidad por inejecución de obligaciones. Luego de un enfoque sustantivo-procesal, consistente en el recurso a doctrina y jurisprudencia, se concluye la conveniencia de la primera y la inutilidad de la segunda en la acreditación de la imputación subjetiva de este tipo de responsabilidad, tomando como punto de referencia las coordenadas normativas del Código Civil peruano.

El ensayo aborda el problema contemporáneo de las fuentes de la obligación a la luz del desarrollo del derecho que ha hecho emerger las obligaciones de protección –subespecie de obligaciones en el sentido clásico–. En particular, el artículo 1173 del Código Civil italiano, al prever como fuentes de las obligaciones los hechos o actos capaces de producirlas de conformidad con el ordenamiento jurídico, se abre a una tipicidad progresiva: el juez, aunque no pueda crear obligaciones atípicas en sentido estricto, puede reconocer otras nuevas aplicando principios y normas generales del ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, la responsabilidad precontractual basada en la obligación de buena fe y otras disposiciones del código civil establecen un principio de protección de la confianza especialmente cuando se trata de actividades profesionales. De ahí una importante innovación que suma a los contratos y hechos ilícitos la confianza surgida de contactos sociales calificados, como fuentes de una responsabilidad que puede denominarse relacional.

Parte de la doctrina y la jurisprudencia han señalado que la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías contempla un derecho de retención general a partir de la interpretación de varios artículos de la Convención, entre ellos, el artículo 58 y el artículo 71. El presente trabajo analiza estos artículos para determinar si realmente se trata de supuestos de derecho de retención o si, más bien, establecen supuestos de excepción de contrato no cumplido en sus diversas modalidades.