Revista Derecho del Estado

En este artículo se reflexiona acerca del posible reconocimiento de valores intrínsecos a la naturaleza en el ordenamiento jurídico colombiano, a partir del análisis de algunas sentencias en las que se han reconocido como sujeto de derechos ciertos elementos de aquella. La reflexión se plantea a partir de las perspectivas antropocentrista y ecocentrista, que permiten comprender axiológicamente la valoración que se hace de los elementos de la naturaleza, y por consiguiente su capacidad de ser sujetos de derechos, o no. La investigación realizada es cualitativa, de carácter documental, y emplea una metodología similar a la línea jurisprudencial, como principal estrategia de investigación. Las conclusiones sugieren que aunque en el ámbito sustancial se cuenta con elementos jurídicos y dogmáticos, e incluso con la voluntad política, para reconocer derechos a la naturaleza, el ordenamiento jurídico colombiano parece no tener elementos procesales suficientes para hacer tangibles tales reconocimientos, debido a sus cimientos modernistas, que dificultan el ejercicio de derechos para quienes no son catalogados como personas.

A través del análisis de un instrumento del derecho sancionatorio ambiental de Estados Unidos, los Supplemental Environmental Projects(SEP), se plantea que la incorporación de reglas y criterios de justicia ambiental en el diseño regulatorio de las potestades e instrumentos de fiscalización, sanción y cumplimiento trae como consecuencia la posibilidad de abordar la desproporción en la distribución de las cargas, riesgos e impactos ambientales provenientes del incumplimiento de la normativa ambiental. Específicamente, se identifican como criterios de justicia ambiental presentes en estos proyectos, los de adicionalidad ambiental, remediación del medio ambiente, identificación y cercamiento de las víctimas y de los infractores, y el de la ciudadanía como colaboradora en la fiscalización y en la definición de los sep.

Uno de los elementos de reflexión y debate del sistema político español se vincula con la composición, funciones y posición del Senado. La Constitución, en su artículo 69.1, lo define como la cámara de representación territorial; pero como consecuencia del principio dispositivo y el despliegue del modelo autonómico, la composición y las funciones del Senado distan mucho de ser las de una cámara de integración de las entidades territoriales, a pesar de lo cual mantiene elementos federalizantes. Uno de ellos es la existencia de senadores designados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. El paper analiza y modeliza la configuración de los senadores autonómicos a partir de su regulación, los procedimientos para su elección y la posición institucional que se les otorga en las instituciones de autogobierno con la finalidad de comprender el potencial que tiene este tipo de representantes electos para mejorar la representatividad del sistema.

Los derechos de la naturaleza, la satisfacción del derecho fundamental al agua y saneamiento y la protección de fuentes hídricas están estrechamente vinculados con los espacios de configuración normativa y de política pública nacional, así como a las prácticas cotidianas de quienes habitan el territorio. Esta relación puede ser entendida desde el ecocentrismo en el que se configura una relación humano-naturaleza a partir de la interdependencia de los humanos con los otros elementos de la naturaleza, así como las mutuas interacciones que conducen a que se moldeen recíprocamente. Este artículo presenta las tensiones de esa interdependencia a partir de las reglas señaladas por la jurisprudencia constitucional que otorga el carácter de fundamental al derecho al agua y saneamiento, y el derecho a los ríos. Este desarrollo jurisprudencial que no es homogéneo dista de las competencias que tienen las autoridades competentes y de la normatividad en la materia cuyo enfoque es antropocéntrico, es decir, donde la utilidad y el aprovechamiento del recurso priman. A la luz de las tensiones entre los desarrollos jurisprudenciales, competencias de autoridades estatales y desarrollos normativos, se presenta el caso de unas veredas en Mesetas (Meta). Esto para dar cuenta críticamente de los limitantes de las estructuras jurídicas en la restauración ecológica de los ríos y el derecho fundamental al agua, así como la ausencia del reconocimiento de las relaciones y dependencias mutuas. Se propone la necesidad de cambios normativos y en las instituciones para garantizar la estabilidad e integralidad de los ecosistemas de los ríos en el país.