Revista Derecho del Estado

En el actual modelo para el acceso a una vivienda basado en la propiedad privada y en el endeudamiento, el vínculo entre los individuos y sus viviendas resulta especialmente frágil de cara a las coyunturas económicas sistémicas y a las situaciones de insolvencia o iliquidez personales de los deudores durante la larga relación contractual que tienen con los bancos. En Colombia no existe un desarrollo legal del derecho a la vivienda ni una construcción dogmática en la jurisprudencia que explique qué puede reclamarse cuando se demanda el derecho a la vivienda, quién puede demandarlo y ante quién puede exigirse. El argumento central del artículo es que incluso en la época de crisis hipotecaria de 1999, cuando el derecho a la vivienda fue invocado con elocuencia tanto por el legislador como por la jurisprudencia constitucional, la configuración dogmática del derecho a la vivienda ha sido débil. En la medida en que los reclamos de los deudores se alejan de los problemas relacionados con la crisis, las decisiones de tutela han considerado que solo cuando concurran en el deudor condiciones especiales este podría merecer protección constitucional.

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Este artículo versa sobre la Constitución orgánica del Perú. En ese sentido, analiza sus características más salientes y, a partir de ello, llama la atención sobre sus inconsistencias prácticas, producto de un proceso de hibridación que se remonta a los inicios del constitucionalismo peruano. Asimismo, el texto discute críticamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano sobre la Constitución orgánica. En particular, incide en las sentencias emitidas por este colegiado en los casos de la cuestión de confianza y la disolución constitucional del Congreso. Por último, plantea algunas medidas que deben implementarse en el corto y mediano plazo para fortalecer la institucionalidad democrática del país.

El presente texto es una puesta al día de las funciones que la Constitución española de 1978 atribuye al Poder Ejecutivo, uno de los tres poderes clásicos y quizá el que mayor importancia tiene en el devenir cotidiano de los asuntos nacionales. A tal fin se hace un breve repaso a la cuestión desde la óptica comparada y desde la historia constitucional patria, para pasar después a analizar cada una de las funciones constitucionales que el Gobierno tiene conferidas, en base a la clásica divisoria entre la función de dirección política, la función de dirigir la Administración civil y militar y el ejercicio de la potestad reglamentaria. Posteriormente se hace una referencia al control de los actos del Gobierno, tanto político como jurídico, así como a la labor de ayuda que le prestan ciertos órganos institucionales, tales como el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas, para finalizar con una reflexión que sintetiza los hallazgos resultantes.

Este trabajo procura responder la pregunta acerca de qué parte del contrato de obra pública debe asumir la mayor onerosidad sobreviniente causada por un hecho fortuito. Para ese efecto es preciso determinar la modalidad específica de restauración del equilibrio perdido por ese evento, lo que obliga a distinguir si la normativa específica o el contrato han regulado un régimen de compensación de tales sobrecostos. En tal caso, como es obvio, deberá estarse a lo suscrito. Sin embargo, ante la omisión normativa o consensual sobre el particular, corresponde analizar la aplicación de la doctrina de la imprevisión. Al respecto, la jurisprudencia administrativa chilena ha rechazado la aplicación de la teoría de la imprevisión por falta de normas legales y reglamentarias que la prevean. Este trabajo es crítico de esa doctrina porque el silencio legal determina la vigencia directa de la norma constitucional sobre igualdad distributiva y, por tanto, del deber social de compensar cualquier desequilibrio económico inimputable al constructor.