Revista Digital de Derecho Administrativo

Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado nuestra sociedad. Su influencia se ha extendido a todos los ámbitos, afectando con especial intensidad a la industria farmacéutica y la compraventa de medicamentos. De cualquier modo, internet ha posibilitado una nueva vía de acceso del medicamento falsificado. A tal efecto, la Unión Europea ha realizado un destacable esfuerzo de lucha y control frente a este complejo reto, que ha tenido como última consecuencia el desarrollo del Sistema Europeo de Verificación de Medicamentos. En la actualidad, a consecuencia de la pandemia generada por el sars-CoV-2, estamos siendo testigos de la adaptabilidad del mercado de los medicamentos falsificados y de su destacable capacidad para desarrollar fármacos e, incluso, vacunas falsificadas o de baja calidad frente al covid-19.

El presente artículo estudia la aplicación transversal del Estatuto del Consumidor para cada modo de transporte en particular, resaltando la unificación normativa que aspiró lograr su expedición y poniendo de presente que no hay que crear un régimen especial para cada sector de la economía, toda vez que esta protección debe ser aplicada de manera conjunta para los usuarios del servicio de transporte en cada una de sus etapas. Luego de examinar dicha aplicación, se abordan las particularidades de cada relación de consumo, indicando quiénes la conforman y qué autoridades son competentes para proteger a la parte débil de la misma, tanto por vía judicial, como por vía administrativa. A través de este análisis se busca dar claridad sobre de las diferentes alternativas que tienen los usuarios del sector transporte, con independencia del modo afectado.

Paradójicamente, mientras el mundo, el continente y el país aumentan su tendencia de concentración poblacional en asentamientos urbanos, los controles y medidas para exigir de los ciudadanos comportamientos acordes con dicha realidad no van al mismo ritmo. En los países del tercer mundo, la existencia de asentamientos precarios, procesos de segregación socioespacial, ocupación informal del espacio público e incumplimiento de obligaciones urbanísticas son asuntos cotidianos. Por ello, este artículo analiza la intervención administrativa encaminada al ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito urbano-territorial en Colombia con la intención de examinar algunos de sus aspectos más importantes: ¿cuál es el origen de dicha potestad?, ¿a quién le corresponde su ejercicio?, ¿cómo se está ejerciendo?, ¿qué procedimiento le es aplicable?, y ¿qué tan eficaz es? Todas estas preguntas tienen respuestas a partir de un análisis de fuentes secundarias de orden doctrinal, normativo y jurisprudencial, así como de la lectura de la realidad urbana.

La investigación condensada en el presente trabajo tuvo como propósito determinar si las asociaciones público-privada (APP), como técnica o modo de colaboración entre el sector público y privado, requieren de una nueva tipificación dentro de la contratación administrativa o si puede enmarcarse dentro de los ya clásicos contratos administrativos, o bien si se trata de un contrato de derecho privado de la Administración pública. A través de una comparación y el método deductivo se hace una revisión de la doctrina y dogmática jurídica en materia de contratación estatal, y tomando como referente los principios generales que rigen el derecho Administrativo, se propone una definición de este tipo de contratos.