Revista Digital de Derecho Administrativo

La regulación de los servicios públicos domiciliarios, tanto en escenarios de normalidad como en las circunstancias atípicas actuales de pandemia, debe buscar la armonización de todos los intereses presentes en dichos mercados, en procura de garantizar tanto la dimensión social como la económica de estos servicios. Sin embargo, las medidas regulatorias introducidas para atender y gestionar la pandemia por covid-19, en materia del servicio público de acueducto y alcantarillado, parecen haber favorecido de manera desproporcionada su dimensión social, aumentando los riesgos de lesionar la dimensión económica y los intereses de los prestadores del servicio. En este contexto, cobra importancia el control jurídico (judicial y no judicial) como herramienta que permita verificar si las medidas de reconexión inmediata, pago diferido, prohibición de suspensión o corte e imposibilidad de incremen­to tarifario, adoptadas con ocasión de esta crisis, respetaron los parámetros de validez y eficacia que guiaban el ejercicio de los poderes de regulación.

Las nuevas tecnologías representan una oportunidad sin precedentes para revitalizar las áreas rurales despobladas, visibilizar la importancia capital de garantizar el acceso a la población a unos servicios esenciales de calidad, y enfatizar la relevancia que las comunidades rurales juegan en nuestra socie­dad. Para lograr el despliegue de todas estas potencialidades derivadas del avance de la digitalización y datificación de la sociedad, es preciso poner fin a la desconexión tecnológica que padecen los territorios rurales despoblados, problemática en la que la actividad prestacional de las Administraciones públicas y la institución del servicio universal adquieren una dimensión de­cisiva, y a cuyo estudio se dedican las siguientes páginas

El objetivo principal del presente estudio de investigación es ofrecer un análisis sistemático del consentimiento en el tratamiento de datos personales de menores de edad al amparo del Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantía de Derechos Digitales. En concreto, además de profundizar en el consentimiento como base jurídica fundamental, se diseccionan los contornos esenciales de la firma electrónica como un instrumento más idóneo para garantizar la prestación de este consentimiento, haciendo especial énfasis en las singularidades que ello presenta cuando quienes intervienen como responsables del tratamiento son las Administraciones públicas.

La investigación identifica los argumentos de las principales tesis que equi­paran o diferencian los conceptos de función administrativa y de servicio público en Colombia. Una tesis mayoritaria distingue el servicio público de la función administrativa asemejando esta última con prerrogativas públicas; una postura orgánica simplifica los servicios públicos al hacerlos depender de la calidad del prestador; y una perspectiva finalista, aunque presenta una alta coherencia, requiere de normas expresas para resolver aspectos proce­sales que surgen al entender que la función administrativa puede ser o no autoritativa y puede regirse o no por el derecho privado. Las inconsistencias teóricas resaltadas explican porqué es aún relevante estudiar los conceptos de servicio público y función administrativa, y aconsejan una actitud de prudencia frente a las generalizaciones comunes en el campo de los servi­cios públicos.