Revista Nuevo Derecho

La plataformatización del trabajo puede representarse con un término: precariedad. El proceso de precariedad iniciado por las plataformas digitales es muy similar al panorama general del mundo del trabajo en la periferia capitalista, por lo que entender esta puede aclarar mucho sobre el asunto. La precariedad del trabajo en plataformas está vinculada al modelo de negocio adoptado por las empresas tecnológicas, razón que invita a abrir espacios para discusiones sobre la posibilidad real de cambios efectivos a través de la regulación jurídica de las relaciones de producción capitalistas y la forma mercantilizada de trabajo. Surge entonces la pregunta: ¿es posible regular el trabajo en plataformas? El presente trabajo de carácter exploratorio presenta diferentes perspectivas sobre el proceso de plataformatización del trabajo y la actividad regulatoria, adoptando como método de procedimiento la investigación bibliográfica, y como método de abordaje el análisis deductivo con la guía general del método materialista histórico-dialéctico. Con esto esperamos contribuir a las reflexiones sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales.

Se propone una relectura crítico-interpretativa del caso “Pueblo Indígena Xucuru y sus Miembros vs. República Federativa de Brasil”, decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2018. Para ello, se presentan aspectos generales del juicio, contrastándolo con otras decisiones previamente dictadas por la Corte, insertas en el mismo contexto de la lucha por las tierras ancestrales de los pueblos originarios latinoamericanos. Los casos observados en el análisis de la jurisprudencia de la Corte deben entenderse a partir de las consideraciones teóricas que presenta el concepto de dimensión intertemporal” del derecho a las tierras ancestrales, concebido por los jueces Abreu Burelli, Cançado Trindade y Pacheco Gómez; por el “universalismo confluyente”, de Joaquín Herrera Flores; y por la “ética del discurso”, de Jürgen Habermas. A través de un análisis cualitativo-comparativo de las sentencias dictadas por la Corte, se busca fortalecer el argumento de que el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales representa una garantía para su cultura y los procesos formativos de su educación.

Con este análisis se pretende establecer la importancia del uso informado y formado de las redes sociales digitales, las cuales permiten ejercer entre otros derechos, los civiles y políticos, como la participación ciudadana; el derecho de reunirse y asociarse en los entornos digitales; a expresarse libremente y manifestar cualquier pensamiento u opinión política sin injerencias arbitrarias; el derecho de buscar, recibir y difundir información pública sin consideración de fronteras, en igualdad de condiciones y garantizando medidas de protección contra cualquier discriminación; el derecho a la privacidad y a no ser objeto de ataques en las comunicaciones privadas online. Estos derechos humanos digitales —atendiendo a la ONU— deben ser garantizados y protegidos para todos los sectores y grupos sociales, ya que su ejercicio a través de las redes sociales contribuye a fortalecer el vínculo entre gobierno-ciudadanía, permitiendo una comunicación multidireccional, es decir, de forma horizontal entre ciudadanos y de forma vertical entre instituciones y ciudadanía, y promoviendo la supervisión y vigilancia multilateral, la rendición de cuentas y la protesta online. Para la construcción de este análisis se utilizó metodología comparativa y exploratoria, con técnicas de investigación bibliográfica y documental, lo que permitió vincular a las redes sociales digitales con el derecho a la participación ciudadana y otros derechos y libertades como las de expresión, de reunión, de asociación y de acceso a la información.