Afganistán sin internet Eugenia Flores Enero 2026 En los últimos años, la gestión y el control de la conectividad digital han adquirido un papel central en las estrategias de poder estatal. Para la población, el acceso a internet se ha convertido en una infraestructura crítica para el ejercicio de derechos, la vida económica y la participación cívica. De esta manera, su regulación (o interrupción) por parte del Estado condiciona directamente la capacidad de informarse, estudiar, trabajar, movilizarse o solicitar asistencia. En septiembre de 2025, Afganistán vivió una desconexión total de internet y telefonía impuesta por el gobierno de facto, mostrando cómo la infraestructura digital puede ser activada o suspendida como un dispositivo gubernamental. La medida se implementó en un contexto de fragilidad institucional y en plena movilización humanitaria, intensificada por un terremoto de magnitud 6.3 ocurrido un mes antes, que había vuelto la comunicación digital indispensable para el acceso a la asistencia y la coordinación del apoyo. De igual manera, afectó los procesos administrativos, las operaciones financieras y los canales de asistencia, limitando el acceso de la población a información crítica y a servicios básicos. Sin embargo, Afganistán es solo el ejemplo más reciente de cómo el Estado restringe el acceso a internet. En 2019 y, de manera más visible, en 2022, se observaron respuestas similares en Irán, donde las autoridades recurrieron a apagones digitales durante protestas y movilizaciones ciudadanas, en particular tras la muerte de Mahsa Amini. Según el informe “A Web of Impunity: The Killings Iran’s Internet Shutdown Hid”, de Amnistía Internacional, estas interrupciones facilitaron una represión que dejó más de trescientas personas muertas, incluidos menores de edad y personal médico, en su mayoría víctimas de munición real, mientras se restringía la difusión de evidencia y testimonios. La desconexión, en este contexto, respondió a un objetivo claro: limitar la comunicación civil, obstaculizar la documentación de abusos y reducir el alcance del escrutinio internacional. Aunque responden a configuraciones políticas distintas, estos dos casos permiten observar cómo la infraestructura digital se integra en la arquitectura del poder. En Afganistán, por un lado, la suspensión operó como un dispositivo de gobierno, inscrito en un régimen de control sobre cuerpos, movilidad y visibilidad pública, particularmente en el caso de las mujeres. En Irán, por el otro, la interrupción fue la reacción hacia las protestas, orientada a suprimir la movilización colectiva y desactivar la capacidad de documentación de la violencia contra la población por parte del gobierno (y, cabe mencionar, otros grupos de interés). En ambos escenarios, el acceso a internet dejó de ser infraestructura neutral y devino en un campo de intervención gubernamental, donde administrar el flujo informacional se convirtió en administrar posibilidades de acción, de relación y de existencia pública. Gobernanza digital bajo el poder de los talibanes La suspensión del acceso a internet reveló algunas de las tensiones dentro del aparato de gobierno talibán. En un liderazgo caracterizado por una estructura jerárquica rígida y una visión dogmática del orden social las discusiones internas no condujeron a moderar la medida. Por el contrario, el gobierno de facto, dirigido desde la ciudad de Kandahar y encabezado por el líder supremo Haibatulá Ajundzadá, decretó la suspensión pese a las objeciones internas, especialmente entre cuadros administrativos en Kabul, incluidos funcionarios vinculados al Banco Central y al Ministerio de Economía, que advirtieron sobre los riesgos para la estabilidad financiera, la gestión pública y la recaudación. No obstante, la posición defendida desde Kandahar prevaleció y la directriz se mantuvo sin modificaciones. Según reportes locales, la orden fue considerada “irreversible” y se evaluó incluso degradar las redes móviles a 2G, reservando la conectividad plena para dependencias oficiales y cuentas autorizadas bajo supervisión. Tras el apagón, el gobierno avanzó en la restructuración del ecosistema digital: corte de la fibra óptica en diversas provincias, creación de un proveedor estatal exclusivo para instituciones oficiales y misiones diplomáticas, y permisos restringidos para un número limitado de cuentas de mensajería bajo vigilancia directa. Más que un episodio puntual, la desconexión evidenció un cambio estructural en la gobernanza digital del país: el acceso a internet pasó a funcionar como un recurso político administrado desde la cúpula, con disponibilidad diferencial según la afiliación y la función dentro del Estado. Apagón, emergencias y asistencia humanitaria La desconexión coincidió con el momento más crítico de la respuesta humanitaria tras el terremoto de agosto de 2025, en el que las agencias de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, aún distribuían asistencia y realizaban evaluaciones de daños. Reportes de la ONU señalaron que un número importante de equipos de emergencia, no pudo coordinar misiones ni procesar pagos, y que mujeres desplazadas o retornadas desde Irán y Pakistán quedaron sin acceso a transferencias en efectivo destinadas a cubrir necesidades básicas. Por si fuera poco, la pérdida de conectividad provocó una parálisis inmediata en un país donde gran parte de la economía depende de remesas, transferencias móviles y pagos digitales. Además de interrumpir las transacciones, el apagón obstaculizó la entrega de ayuda humanitaria, el seguimiento de programas de desarrollo y la gestión de suministros en las zonas afectadas. En contextos de exclusión severa, la conectividad ya no puede entenderse únicamente como una herramienta tecnológica, sino como un componente esencial de la vida social y económica. Sin embargo, más allá del impacto financiero y operativo, este episodio implicó no solo la pérdida de servicios y apoyo para las mujeres y niñas, sino también la interrupción de uno de los pocos espacios de interacción y de acceso a la información disponibles en su vida cotidiana, de por sí ya sujetas a restricciones de movilidad, empleo y educación. Distintas organizaciones, incluida la agencia ONU Mujeres, mencionan que la conectividad a internet actúa como “línea de vida” para mujeres emprendedoras, estudiantes y cuidadoras con acceso limitado al espacio público. Conectividad, género y vida cotidiana A pesar de las promesas iniciales de moderación, el gobierno talibán ha restablecido gradualmente muchas de las políticas restrictivas que caracterizaron su régimen de 1996-2001, revirtiendo avances significativos logrados durante
Afganistán sin internet Eugenia Flores Enero 2026 En los últimos años, la gestión y el control de la conectividad digital han adquirido un papel central en las estrategias de poder estatal. Para la población, el acceso a internet se ha convertido en una infraestructura crítica para el ejercicio de derechos, la vida económica y la participación cívica. De esta manera, su regulación (o interrupción) por parte del Estado condiciona directamente la capacidad de informarse, estudiar, trabajar, movilizarse o solicitar asistencia. En septiembre de 2025, Afganistán vivió una desconexión total de internet y telefonía impuesta por el gobierno de facto, mostrando cómo la infraestructura digital puede ser activada o suspendida como un dispositivo gubernamental. La medida se implementó en un contexto de fragilidad institucional y en plena movilización humanitaria, intensificada por un terremoto de magnitud 6.3 ocurrido un mes antes, que había vuelto la comunicación digital indispensable para el acceso a la asistencia y la coordinación del apoyo. De igual manera, afectó los procesos administrativos, las operaciones financieras y los canales de asistencia, limitando el acceso de la población a información crítica y a servicios básicos. Sin embargo, Afganistán es solo el ejemplo más reciente de cómo el Estado restringe el acceso a internet. En 2019 y, de manera más visible, en 2022, se observaron respuestas similares en Irán, donde las autoridades recurrieron a apagones digitales durante protestas y movilizaciones ciudadanas, en particular tras la muerte de Mahsa Amini. Según el informe “A Web of Impunity: The Killings Iran’s Internet Shutdown Hid”, de Amnistía Internacional, estas interrupciones facilitaron una represión que dejó más de trescientas personas muertas, incluidos menores de edad y personal médico, en su mayoría víctimas de munición real, mientras se restringía la difusión de evidencia y testimonios. La desconexión, en este contexto, respondió a un objetivo claro: limitar la comunicación civil, obstaculizar la documentación de abusos y reducir el alcance del escrutinio internacional. Aunque responden a configuraciones políticas distintas, estos dos casos permiten observar cómo la infraestructura digital se integra en la arquitectura del poder. En Afganistán, por un lado, la suspensión operó como un dispositivo de gobierno, inscrito en un régimen de control sobre cuerpos, movilidad y visibilidad pública, particularmente en el caso de las mujeres. En Irán, por el otro, la interrupción fue la reacción hacia las protestas, orientada a suprimir la movilización colectiva y desactivar la capacidad de documentación de la violencia contra la población por parte del gobierno (y, cabe mencionar, otros grupos de interés). En ambos escenarios, el acceso a internet dejó de ser infraestructura neutral y devino en un campo de intervención gubernamental, donde administrar el flujo informacional se convirtió en administrar posibilidades de acción, de relación y de existencia pública. Gobernanza digital bajo el poder de los talibanes La suspensión del acceso a internet reveló algunas de las tensiones dentro del aparato de gobierno talibán. En un liderazgo caracterizado por una estructura jerárquica rígida y una visión dogmática del orden social las discusiones internas no condujeron a moderar la medida. Por el contrario, el gobierno de facto, dirigido desde la ciudad de Kandahar y encabezado por el líder supremo Haibatulá Ajundzadá, decretó la suspensión pese a las objeciones internas, especialmente entre cuadros administrativos en Kabul, incluidos funcionarios vinculados al Banco Central y al Ministerio de Economía, que advirtieron sobre los riesgos para la estabilidad financiera, la gestión pública y la recaudación. No obstante, la posición defendida desde Kandahar prevaleció y la directriz se mantuvo sin modificaciones. Según reportes locales, la orden fue considerada “irreversible” y se evaluó incluso degradar las redes móviles a 2G, reservando la conectividad plena para dependencias oficiales y cuentas autorizadas bajo supervisión. Tras el apagón, el gobierno avanzó en la restructuración del ecosistema digital: corte de la fibra óptica en diversas provincias, creación de un proveedor estatal exclusivo para instituciones oficiales y misiones diplomáticas, y permisos restringidos para un número limitado de cuentas de mensajería bajo vigilancia directa. Más que un episodio puntual, la desconexión evidenció un cambio estructural en la gobernanza digital del país: el acceso a internet pasó a funcionar como un recurso político administrado desde la cúpula, con disponibilidad diferencial según la afiliación y la función dentro del Estado. Apagón, emergencias y asistencia humanitaria La desconexión coincidió con el momento más crítico de la respuesta humanitaria tras el terremoto de agosto de 2025, en el que las agencias de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, aún distribuían asistencia y realizaban evaluaciones de daños. Reportes de la ONU señalaron que un número importante de equipos de emergencia, no pudo coordinar misiones ni procesar pagos, y que mujeres desplazadas o retornadas desde Irán y Pakistán quedaron sin acceso a transferencias en efectivo destinadas a cubrir necesidades básicas. Por si fuera poco, la pérdida de conectividad provocó una parálisis inmediata en un país donde gran parte de la economía depende de remesas, transferencias móviles y pagos digitales. Además de interrumpir las transacciones, el apagón obstaculizó la entrega de ayuda humanitaria, el seguimiento de programas de desarrollo y la gestión de suministros en las zonas afectadas. En contextos de exclusión severa, la conectividad ya no puede entenderse únicamente como una herramienta tecnológica, sino como un componente esencial de la vida social y económica. Sin embargo, más allá del impacto financiero y operativo, este episodio implicó no solo la pérdida de servicios y apoyo para las mujeres y niñas, sino también la interrupción de uno de los pocos espacios de interacción y de acceso a la información disponibles en su vida cotidiana, de por sí ya sujetas a restricciones de movilidad, empleo y educación. Distintas organizaciones, incluida la agencia ONU Mujeres, mencionan que la conectividad a internet actúa como “línea de vida” para mujeres emprendedoras, estudiantes y cuidadoras con acceso limitado al espacio público. Conectividad, género y vida cotidiana A pesar de las promesas iniciales de moderación, el gobierno talibán ha restablecido gradualmente muchas de las políticas restrictivas que caracterizaron su régimen de 1996-2001, revirtiendo avances significativos logrados durante Read More