Derzu Daniel Ramírez Ortiz Febrero 2026 El teórico Raymond Aron sostenía que las relaciones internacionales no se rigen por el azar, sino por la necesidad y por los límites que imponen las estructuras de poder. Bajo esta premisa, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela —incluido el reciente y drástico uso de la fuerza por parte de Washington para la remoción de Nicolás Maduro— no pueden entenderse como un episodio aislado o meramente coyuntural. Se trata, más bien, de la expresión de procesos más amplios que atraviesan el sistema internacional y el orden regional americano. Uno de esos procesos es la transición hacia un orden internacional más fragmentado y multipolar. El dominio mundial estadounidense se ha erosionado de forma gradual. En este contexto, las principales potencias buscan asegurar esferas de influencia, moldear las decisiones estratégicas de los Estados de su entorno y limitar la presencia de rivales geopolíticos en regiones consideradas fundamentales para su seguridad. Durante buena parte de las últimas 2 décadas, Latinoamérica ocupó un lugar secundario en la agenda estratégica de Estados Unidos. Asia y el Medio Oriente desplazaron a la región como prioridades centrales, en un periodo que diversos analistas han descrito como de desatención estratégica. Sin embargo, esta situación ha cambiado. Para amplios sectores del Partido Republicano —y de manera clara en la visión trumpista— dicha desatención habría permitido que el hemisferio se transformara en un repositorio de amenazas transnacionales para la seguridad estadounidense como la migración y el narcotráfico. A ello se suma, en el diagnóstico republicano, la creciente presencia e influencia de potencias extrarregionales —como China y Rusia— en su esfera de influencia más inmediata. Este marco ayuda a entender (pero no justificar) por qué tales amenazas justificarían la adopción de medidas extraordinarias, incluyendo acciones políticas, económicas e incluso militares, que se sitúan en los márgenes —o directamente fuera— de los consensos del Derecho Internacional. El caso venezolano Venezuela ha sido catalogada por Washington como un punto crítico, no solo por su colapso económico y social interno, sino por la relación estratégica que el chavismo construyó con China y Rusia. Esa relación se ha materializado en financiamiento, comercio energético, respaldo diplomático y, en el caso ruso, cooperación militar. Diversas estimaciones indican que una parte sustantiva del petróleo venezolano ha sido vendido o canjeado por financiamiento chino, mientras que la colaboración con Rusia ha incluido compra de armamento, modernización de capacidades militares y entrenamiento de las fuerzas armadas. En este aspecto, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dejado ver que piensan que Venezuela se ha convertido en una plataforma de influencia extrarregional. Además, la insistencia discursiva en el petróleo tras el golpe sugiere que no están dispuestos a que otras potencias tengan el control sobre las mayores reservas petroleras probadas en el mundo. Desde esta perspectiva, uno de los objetivos centrales de la remoción de Maduro sería forzar a los gobernantes sucesores (liderados, al menos en el corto plazo, por la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez) a redefinir radicalmente esos vínculos, enviar una señal inequívoca al resto de los países del hemisferio sobre los límites que Estados Unidos está dispuesto a tolerar en materia de vínculos extrarregionales. Está por verse si la acción cuenta con la estrategia suficiente para conseguirlo. Sin embargo, la eficacia del ataque refuerza que Estados Unidos conserva la capacidad de imponer la lógica del poder duro en su entorno regional, sin un interés genuino por transformar las problemáticas sociales que enfrentan las sociedades del continente, que en el caso venezolano son profundas. Erosión del Derecho Internacional y del multilateralismo Este episodio también se inscribe en un proceso más amplio de erosión del Derecho Internacional y del multilateralismo. Esto ocurre no solo porque actores claramente revisionistas, como Rusia, han desafiado abiertamente principios fundamentales como la integridad territorial, sino porque el propio arquitecto del orden liberal internacional —Estados Unidos— ha optado en múltiples ocasiones por subordinar las normas a sus intereses nacionales. La acción militar contra Venezuela se suma así a una lista de transgresiones, como la invasión estadounidense de Irak en 2003, la anexión rusa de Crimea en 2014 y la invasión rusa a Ucrania en 2022. En todos estos casos, el uso de la fuerza fue justificado en nombre del interés nacional, violando los principios de no agresión, no intervención y uso legítimo de la fuerza consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. El resultado es la normalización de una ética de primacía del poder sobre la norma. Cuando las grandes potencias actúan de este modo reducen los incentivos para que otros Estados respeten el orden normativo. En este sentido, cualquier fuerza política distinta al trumpismo que gobierne Estados Unidos en el futuro, enfrentará un panorama mundial más incierto, conflictivo y difícil de recomponer. Las acusaciones de narcoterrorismo contra Maduro y su entorno pueden funcionar como una coartada jurídica y política para dotar de cierta legitimidad interna a la acción militar estadounidense. Ahora bien, analizar las relaciones internacionales exclusivamente desde la óptica de las grandes potencias conlleva un riesgo analítico importante: el de asumir que los demás países carecen de agencia y están condenados a ser simples receptáculos de los designios de los más fuertes. Esto no es necesariamente cierto. Para muchos Estados medianos y pequeños, el Derecho Internacional sigue siendo un instrumento de contención del poder, pero ese instrumento solo es efectivo si se le dota de contenido político, coherencia y voluntad colectiva. En este punto, Latinoamérica ha carecido de voluntad colectiva y pensamiento estratégico. Durante años, Venezuela ha sido un Estado cuyo comportamiento transgredió normas internacionales en materia de democracia, gobernanza económica y derechos humanos, sin que la región lograra articular respuestas eficaces. Más ampliamente, las profundas divisiones políticas e ideológicas en el continente han impedido la construcción de mecanismos regionales capaces de gestionar problemáticas comunes. Las reacciones dispares de líderes como Javier Milei de Argentina o Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil ante la acción estadounidense, así como la posición ambigua de países como México —que condenan la unilateralidad en
Derzu Daniel Ramírez Ortiz Febrero 2026 El teórico Raymond Aron sostenía que las relaciones internacionales no se rigen por el azar, sino por la necesidad y por los límites que imponen las estructuras de poder. Bajo esta premisa, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela —incluido el reciente y drástico uso de la fuerza por parte de Washington para la remoción de Nicolás Maduro— no pueden entenderse como un episodio aislado o meramente coyuntural. Se trata, más bien, de la expresión de procesos más amplios que atraviesan el sistema internacional y el orden regional americano. Uno de esos procesos es la transición hacia un orden internacional más fragmentado y multipolar. El dominio mundial estadounidense se ha erosionado de forma gradual. En este contexto, las principales potencias buscan asegurar esferas de influencia, moldear las decisiones estratégicas de los Estados de su entorno y limitar la presencia de rivales geopolíticos en regiones consideradas fundamentales para su seguridad. Durante buena parte de las últimas 2 décadas, Latinoamérica ocupó un lugar secundario en la agenda estratégica de Estados Unidos. Asia y el Medio Oriente desplazaron a la región como prioridades centrales, en un periodo que diversos analistas han descrito como de desatención estratégica. Sin embargo, esta situación ha cambiado. Para amplios sectores del Partido Republicano —y de manera clara en la visión trumpista— dicha desatención habría permitido que el hemisferio se transformara en un repositorio de amenazas transnacionales para la seguridad estadounidense como la migración y el narcotráfico. A ello se suma, en el diagnóstico republicano, la creciente presencia e influencia de potencias extrarregionales —como China y Rusia— en su esfera de influencia más inmediata. Este marco ayuda a entender (pero no justificar) por qué tales amenazas justificarían la adopción de medidas extraordinarias, incluyendo acciones políticas, económicas e incluso militares, que se sitúan en los márgenes —o directamente fuera— de los consensos del Derecho Internacional. El caso venezolano Venezuela ha sido catalogada por Washington como un punto crítico, no solo por su colapso económico y social interno, sino por la relación estratégica que el chavismo construyó con China y Rusia. Esa relación se ha materializado en financiamiento, comercio energético, respaldo diplomático y, en el caso ruso, cooperación militar. Diversas estimaciones indican que una parte sustantiva del petróleo venezolano ha sido vendido o canjeado por financiamiento chino, mientras que la colaboración con Rusia ha incluido compra de armamento, modernización de capacidades militares y entrenamiento de las fuerzas armadas. En este aspecto, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dejado ver que piensan que Venezuela se ha convertido en una plataforma de influencia extrarregional. Además, la insistencia discursiva en el petróleo tras el golpe sugiere que no están dispuestos a que otras potencias tengan el control sobre las mayores reservas petroleras probadas en el mundo. Desde esta perspectiva, uno de los objetivos centrales de la remoción de Maduro sería forzar a los gobernantes sucesores (liderados, al menos en el corto plazo, por la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez) a redefinir radicalmente esos vínculos, enviar una señal inequívoca al resto de los países del hemisferio sobre los límites que Estados Unidos está dispuesto a tolerar en materia de vínculos extrarregionales. Está por verse si la acción cuenta con la estrategia suficiente para conseguirlo. Sin embargo, la eficacia del ataque refuerza que Estados Unidos conserva la capacidad de imponer la lógica del poder duro en su entorno regional, sin un interés genuino por transformar las problemáticas sociales que enfrentan las sociedades del continente, que en el caso venezolano son profundas. Erosión del Derecho Internacional y del multilateralismo Este episodio también se inscribe en un proceso más amplio de erosión del Derecho Internacional y del multilateralismo. Esto ocurre no solo porque actores claramente revisionistas, como Rusia, han desafiado abiertamente principios fundamentales como la integridad territorial, sino porque el propio arquitecto del orden liberal internacional —Estados Unidos— ha optado en múltiples ocasiones por subordinar las normas a sus intereses nacionales. La acción militar contra Venezuela se suma así a una lista de transgresiones, como la invasión estadounidense de Irak en 2003, la anexión rusa de Crimea en 2014 y la invasión rusa a Ucrania en 2022. En todos estos casos, el uso de la fuerza fue justificado en nombre del interés nacional, violando los principios de no agresión, no intervención y uso legítimo de la fuerza consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. El resultado es la normalización de una ética de primacía del poder sobre la norma. Cuando las grandes potencias actúan de este modo reducen los incentivos para que otros Estados respeten el orden normativo. En este sentido, cualquier fuerza política distinta al trumpismo que gobierne Estados Unidos en el futuro, enfrentará un panorama mundial más incierto, conflictivo y difícil de recomponer. Las acusaciones de narcoterrorismo contra Maduro y su entorno pueden funcionar como una coartada jurídica y política para dotar de cierta legitimidad interna a la acción militar estadounidense. Ahora bien, analizar las relaciones internacionales exclusivamente desde la óptica de las grandes potencias conlleva un riesgo analítico importante: el de asumir que los demás países carecen de agencia y están condenados a ser simples receptáculos de los designios de los más fuertes. Esto no es necesariamente cierto. Para muchos Estados medianos y pequeños, el Derecho Internacional sigue siendo un instrumento de contención del poder, pero ese instrumento solo es efectivo si se le dota de contenido político, coherencia y voluntad colectiva. En este punto, Latinoamérica ha carecido de voluntad colectiva y pensamiento estratégico. Durante años, Venezuela ha sido un Estado cuyo comportamiento transgredió normas internacionales en materia de democracia, gobernanza económica y derechos humanos, sin que la región lograra articular respuestas eficaces. Más ampliamente, las profundas divisiones políticas e ideológicas en el continente han impedido la construcción de mecanismos regionales capaces de gestionar problemáticas comunes. Las reacciones dispares de líderes como Javier Milei de Argentina o Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil ante la acción estadounidense, así como la posición ambigua de países como México —que condenan la unilateralidad en Read More