Karla Sofía Torres Pesquera Febrero 2026 Una colaboración del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques La transición hacia economías bajas en carbono se ha consolidado como uno de los ejes centrales de la agenda internacional en el siglo XXI, impulsada por la urgencia de mitigar los efectos del cambio climático y cumplir los compromisos multilaterales adoptados en foros como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París. Sin embargo, lejos de constituir un proceso homogéneo o inherentemente justo, la llamada “transición verde” se desarrolla en un sistema internacional marcado por profundas asimetrías de poder, herencias coloniales no resueltas y relaciones de dependencia estructural entre el Norte y el Sur global. En este contexto, las estrategias para descarbonizar la economía mundial se superponen con dinámicas históricas de extracción de recursos, control territorial y subordinación política. De este modo, surge el “colonialismo verde”, que problematiza la narrativa dominante de la sostenibilidad al mostrar evidencia de los costos sociales, ambientales y políticos que la transición energética externaliza hacia las comunidades en situación de vulnerabilidad, mientras las potencias internacionales e industriales se benefician económica y estratégicamente. En definición de Hamza Hampuchene, el colonialismo verde se refiere a la transferencia de los costos de la producción de energía renovable y tecnologías verdes a los grupos colonizados, como pueblos indígenas o países pertenecientes al Sur global, siendo esta una nueva forma de neocolonialismo. Por tanto, aunque se hable de una “transición verde global”, esta tiene base en la extracción de recursos y la explotación de los territorios. Al tratarse de una forma de colonialismo, este modelo se fortalece de la dependencia estructural y las asimetrías de poder que limitan la capacidad de decisión de quienes proveen los recursos. Si bien estas prácticas suelen justificarse bajo el argumento del beneficio colectivo, ya que buscan la reducción del impacto del cambio climático, terminan por priorizar las necesidades energéticas e industriales de las potencias que lo ejercen. Como resultado, el acceso a los recursos se ve restringido para las comunidades que habitan el territorio, profundizando las desigualdades existentes y debilitando la soberanía local. Colonialismo verde en territorios estratégicos En el Sáhara Occidental, se ilustra de manera clara esta lógica. En su territorio, la opresión se traduce en la ocupación del territorio saharaui y la negación del derecho de autodeterminación de su pueblo. Esto, entre otras razones, por el potencial geológico de recursos minerales estratégicos y las reservas de aguas que posee. De este modo, la explotación de los recursos se justifica como una necesidad vinculada a la transición verde, dejando de lado a las personas que habitan el territorio, reconocidas por el Derecho Internacional Público como titulares de su soberanía —con base en la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 16 de octubre de 1975 sobre el Sáhara Occidental—. Un fenómeno similar puede observarse en la meseta tibetana. Conocida como el “tercer polo” del mundo, esta región alberga glaciares y ríos que abastecen de agua dulce a por lo menos 2000 millones de personas pertenecientes a diez países del Sudeste Asiático. No obstante, la construcción de megaproyectos para su explotación y la restricción de las comunidades originarias ha puesto en riesgo el acceso a este recurso para las miles de millones de personas que lo requieren, así como a la estabilidad ecológica del mundo, revelando cómo la gestión estratégica del agua puede convertirse en un instrumento de poder y colonialismo. Colonialismo verde en Latinoamérica En la región, esta lógica puede ser vista analizando el “triángulo de litio”. Este se refiere a las reservas de litio de Argentina, Bolivia y Chile, las cuales concentran, en conjunto, 68% del litio en forma de salmueras del mundo. El litio es clave para baterías de vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento, lo que lo convierte en un recurso geoestratégico ligado a la transición energética. Sin embargo, su explotación por empresas extranjeras ha generado una baja disponibilidad de agua para diversas comunidades locales en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la contaminación y la pérdida del territorio, aunado a la falta de consultas completas e informadas a los pueblos indígenas originarios de los territorios —violando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo— ha excluido a las comunidades directamente afectadas por la explotación minera. La transición verde no es solo un desafío tecnológico o ambiental, sino también un asunto político y geoestratégico. Esto ha sido evidenciado en diversos foros y posicionamientos. Especialmente, en la Declaración de Comunidades Indígenas Afectadas por Minería de Litio de 2025, en la que se denuncia la falta de reconocimiento de propiedad colectivas de las comunidades y la falta de consideración ambiental. De este modo, un recurso central para la descarbonización global termina profundizando las desigualdades locales y cuestionando la legitimidad de una agenda climática que no incorpora de manera efectiva a las comunidades que soportan sus costos. Gobernanza climática en un escenario de fragmentación Este debate gana importancia con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, de la CMNUCC y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ya que se pone en duda el futuro de la política medioambiental y la gobernanza climática. En particular, porque la ausencia del liderazgo estadounidense deja un vacío de poder que puede ser ocupado. Sin embargo, este escenario podría abrir espacio al fortalecimiento del diálogo Sur-Sur, permitiendo una reconfiguración del equilibrio que empodere a los pueblos colonizados. En este contexto, la transición verde no es solo un desafío tecnológico o ambiental, sino también un asunto político y geoestratégico. Mientras no se cuestionen las estructuras de dominación históricas que organizan el acceso a recursos para los diversos países, la transición reproducirá, y profundizará, las desigualdades mundiales que busca combatir. KARLA SOFÍA TORRES PESQUERA es Analista en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB) del Senado de México. Es licenciada en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales por el ITAM. Ha trabajado en temas de transparencia, relaciones internacionales y análisis de políticas públicas. También se ha desempeñado
Karla Sofía Torres Pesquera Febrero 2026 Una colaboración del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques La transición hacia economías bajas en carbono se ha consolidado como uno de los ejes centrales de la agenda internacional en el siglo XXI, impulsada por la urgencia de mitigar los efectos del cambio climático y cumplir los compromisos multilaterales adoptados en foros como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París. Sin embargo, lejos de constituir un proceso homogéneo o inherentemente justo, la llamada “transición verde” se desarrolla en un sistema internacional marcado por profundas asimetrías de poder, herencias coloniales no resueltas y relaciones de dependencia estructural entre el Norte y el Sur global. En este contexto, las estrategias para descarbonizar la economía mundial se superponen con dinámicas históricas de extracción de recursos, control territorial y subordinación política. De este modo, surge el “colonialismo verde”, que problematiza la narrativa dominante de la sostenibilidad al mostrar evidencia de los costos sociales, ambientales y políticos que la transición energética externaliza hacia las comunidades en situación de vulnerabilidad, mientras las potencias internacionales e industriales se benefician económica y estratégicamente. En definición de Hamza Hampuchene, el colonialismo verde se refiere a la transferencia de los costos de la producción de energía renovable y tecnologías verdes a los grupos colonizados, como pueblos indígenas o países pertenecientes al Sur global, siendo esta una nueva forma de neocolonialismo. Por tanto, aunque se hable de una “transición verde global”, esta tiene base en la extracción de recursos y la explotación de los territorios. Al tratarse de una forma de colonialismo, este modelo se fortalece de la dependencia estructural y las asimetrías de poder que limitan la capacidad de decisión de quienes proveen los recursos. Si bien estas prácticas suelen justificarse bajo el argumento del beneficio colectivo, ya que buscan la reducción del impacto del cambio climático, terminan por priorizar las necesidades energéticas e industriales de las potencias que lo ejercen. Como resultado, el acceso a los recursos se ve restringido para las comunidades que habitan el territorio, profundizando las desigualdades existentes y debilitando la soberanía local. Colonialismo verde en territorios estratégicos En el Sáhara Occidental, se ilustra de manera clara esta lógica. En su territorio, la opresión se traduce en la ocupación del territorio saharaui y la negación del derecho de autodeterminación de su pueblo. Esto, entre otras razones, por el potencial geológico de recursos minerales estratégicos y las reservas de aguas que posee. De este modo, la explotación de los recursos se justifica como una necesidad vinculada a la transición verde, dejando de lado a las personas que habitan el territorio, reconocidas por el Derecho Internacional Público como titulares de su soberanía —con base en la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 16 de octubre de 1975 sobre el Sáhara Occidental—. Un fenómeno similar puede observarse en la meseta tibetana. Conocida como el “tercer polo” del mundo, esta región alberga glaciares y ríos que abastecen de agua dulce a por lo menos 2000 millones de personas pertenecientes a diez países del Sudeste Asiático. No obstante, la construcción de megaproyectos para su explotación y la restricción de las comunidades originarias ha puesto en riesgo el acceso a este recurso para las miles de millones de personas que lo requieren, así como a la estabilidad ecológica del mundo, revelando cómo la gestión estratégica del agua puede convertirse en un instrumento de poder y colonialismo. Colonialismo verde en Latinoamérica En la región, esta lógica puede ser vista analizando el “triángulo de litio”. Este se refiere a las reservas de litio de Argentina, Bolivia y Chile, las cuales concentran, en conjunto, 68% del litio en forma de salmueras del mundo. El litio es clave para baterías de vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento, lo que lo convierte en un recurso geoestratégico ligado a la transición energética. Sin embargo, su explotación por empresas extranjeras ha generado una baja disponibilidad de agua para diversas comunidades locales en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la contaminación y la pérdida del territorio, aunado a la falta de consultas completas e informadas a los pueblos indígenas originarios de los territorios —violando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo— ha excluido a las comunidades directamente afectadas por la explotación minera. La transición verde no es solo un desafío tecnológico o ambiental, sino también un asunto político y geoestratégico. Esto ha sido evidenciado en diversos foros y posicionamientos. Especialmente, en la Declaración de Comunidades Indígenas Afectadas por Minería de Litio de 2025, en la que se denuncia la falta de reconocimiento de propiedad colectivas de las comunidades y la falta de consideración ambiental. De este modo, un recurso central para la descarbonización global termina profundizando las desigualdades locales y cuestionando la legitimidad de una agenda climática que no incorpora de manera efectiva a las comunidades que soportan sus costos. Gobernanza climática en un escenario de fragmentación Este debate gana importancia con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, de la CMNUCC y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ya que se pone en duda el futuro de la política medioambiental y la gobernanza climática. En particular, porque la ausencia del liderazgo estadounidense deja un vacío de poder que puede ser ocupado. Sin embargo, este escenario podría abrir espacio al fortalecimiento del diálogo Sur-Sur, permitiendo una reconfiguración del equilibrio que empodere a los pueblos colonizados. En este contexto, la transición verde no es solo un desafío tecnológico o ambiental, sino también un asunto político y geoestratégico. Mientras no se cuestionen las estructuras de dominación históricas que organizan el acceso a recursos para los diversos países, la transición reproducirá, y profundizará, las desigualdades mundiales que busca combatir. KARLA SOFÍA TORRES PESQUERA es Analista en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB) del Senado de México. Es licenciada en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales por el ITAM. Ha trabajado en temas de transparencia, relaciones internacionales y análisis de políticas públicas. También se ha desempeñado Read More