Víctor Gamarra Marzo 2026 En los últimos años, la minería ilegal de oro ha pasado de ser una actividad marginal en Perú a convertirse en un fenómeno económico de escala nacional con implicancias regionales. Las estimaciones del Instituto Peruano de Economía son difíciles de ignorar: exportaciones de oro ilegal cercanas a los 12 000 millones de dólares y un crecimiento que se habría cuadruplicado desde 2019, hasta igualar —y potencialmente superar— las exportaciones formales del sector. Ese salto es relevante por sí mismo, pero lo que lo vuelve políticamente explosivo es otra cosa: la economía del oro ilegal ya no se comporta como “informalidad”, sino como un mercado que organiza actores, disciplina territorios y produce poder. Este fenómeno se manifiesta con claridad en enclaves como Pataz, en la región norteña de La Libertad, donde la expansión de redes criminales vinculadas a la minería ha estado acompañada por violencia sistemática, control territorial y disputas armadas por acceso a socavones, plantas y rutas de extracción. Lo que ocurre en Perú no es un caso aislado: en Colombia, Brasil y Ecuador, la minería ilegal también ha reconfigurado los incentivos de actores armados, gobiernos locales y redes criminales, con efectos visibles sobre la gobernanza territorial. Durante décadas, el narcotráfico fue considerado la principal economía criminal de Latinoamérica, no solo por el tamaño del negocio, sino porque estructuró la forma en que la región pensaba la violencia, la corrupción y la respuesta estatal. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la minería ilegal plantea una pregunta más incómoda: ¿el oro ilegal se ha convertido en la nueva economía criminal dominante en los Andes? Oro como nueva economía ilegal: ventajas estructurales La respuesta corta es que el oro ilegal tiene ventajas estructurales que lo hacen especialmente atractivo frente a otras economías ilícitas. A diferencia de la cocaína —altamente perseguida, con cadenas de riesgo concentradas y fuerte presión internacional—, el oro es más fácil de transportar, más sencillo de insertar en circuitos formales y considerablemente menos visible en la agenda internacional de seguridad. Una vez extraído, el mineral puede ser refinado, mezclado con producción legal o exportado mediante intermediarios con escasa trazabilidad. Durante la última década, el aumento sostenido del precio internacional del metal ha elevado aún más su rentabilidad relativa: mientras los precios del oro se han más que duplicado desde 2015, los riesgos penales efectivos han permanecido comparativamente bajos, lo que ha atraído actores, capital e, inevitablemente, violencia. Los incentivos económicos, sin embargo, no explican por sí solos la consolidación territorial de la minería ilegal. Para entender su persistencia es necesario incorporar la economía política del Estado. La debilidad estatal no es homogénea ni absoluta, sino selectiva: en territorios donde la capacidad de fiscalización es limitada y la economía local depende de actividades extractivas, el Estado enfrenta dilemas de gobernabilidad. Intervenir con fuerza puede desestabilizar economías regionales completas; tolerar la actividad permite mantener cierto orden territorial, aunque sea a costa de institucionalizar la ambigüedad. En Perú, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ilustra con precisión este proceso. Surge como mecanismo transicional orientado a formalizar a pequeños mineros, pero en la práctica ha funcionado como un espacio normativo híbrido donde la frontera entre formalidad e ilegalidad se difumina. Investigaciones periodísticas han documentado que personas inscritas en el REINFO militan en partidos políticos y participan en estructuras partidarias, evidenciando que la minería informal no solo produce rentas económicas, sino también influencia política territorial. En Brasil, Colombia y Ecuador se observan patrones similares: expansión del oro ilegal acompañada de respuestas institucionales parciales, marcos regulatorios ambiguos y conflictos por el control de rentas extractivas. El oro como economía criminal madura La consolidación del oro ilegal adquiere rasgos típicos de economías criminales maduras cuando la minería incorpora control territorial, violencia sistemática y articulación con estructuras políticas. En mercados ilícitos consolidados, la violencia cumple funciones económicas específicas: asegurar acceso a recursos, disciplinar trabajadores, controlar rutas e imponer reglas informales. El caso de Pataz ilustra esta lógica. La masacre de trece trabajadores en 2025 no puede leerse como un evento aislado, sino como síntoma extremo de una economía que ya incorporó la extorsión como instrumento de gobierno. Desde 2020, empresas mineras formales y operaciones artesanales han sufrido ataques recurrentes —destrucción de infraestructura, secuestros y homicidios— pese a la presencia de fuerzas de seguridad. La violencia se vuelve más probable, explica la literatura, cuando el recurso es territorialmente fijo y altamente rentable. A diferencia del narcotráfico —que depende de rutas trasnacionales—, la minería ilegal requiere disputar directamente la fuente de renta, generando conflictos armados localizados. El patrón es consistente: el oro financia estructuras coercitivas que, a su vez, diversifican ingresos y se vuelven más complejas. La consolidación del sector también ha atraído a organizaciones criminales más allá del ámbito local. En Ecuador, grupos armados como Los Lobos y Los Choneros han incursionado en el control de zonas mineras ilegales, articulando esta actividad con extorsión, trata y control logístico. En Perú, redes que inicialmente ofrecían “protección” a mineros informales en Pataz, como Los Pulpos, pasaron a involucrarse directamente en la extracción, el transporte y la comercialización del mineral. El patrón es consistente: el oro financia estructuras coercitivas que, a su vez, diversifican ingresos y se vuelven más complejas. En territorios de alta renta aurífera, la economía ilegal deja de ser solo minería para convertirse en un paquete de negocios criminales que se alimentan mutuamente. Estado fragmentado y respuesta institucional La respuesta del Estado peruano ha sido desigual y, en varios aspectos, contraproducente. Las autoridades locales enfrentan costos sociales y políticos al intervenir en territorios donde la minería sostiene la economía; las decisiones legislativas han configurado marcos ambiguos que permiten la continuidad del sector informal, y las reformas recientes han sido cuestionadas por limitar la capacidad de fiscales y jueces para investigar redes criminales complejas. El argumento estructural es sólido: cuando el riesgo de sanción efectiva cae o se vuelve negociable, el valor esperado de operar en el mercado ilegal sube, lo que atrae más actores, más capital y, con frecuencia, más violencia. Con
Víctor Gamarra Marzo 2026 En los últimos años, la minería ilegal de oro ha pasado de ser una actividad marginal en Perú a convertirse en un fenómeno económico de escala nacional con implicancias regionales. Las estimaciones del Instituto Peruano de Economía son difíciles de ignorar: exportaciones de oro ilegal cercanas a los 12 000 millones de dólares y un crecimiento que se habría cuadruplicado desde 2019, hasta igualar —y potencialmente superar— las exportaciones formales del sector. Ese salto es relevante por sí mismo, pero lo que lo vuelve políticamente explosivo es otra cosa: la economía del oro ilegal ya no se comporta como “informalidad”, sino como un mercado que organiza actores, disciplina territorios y produce poder. Este fenómeno se manifiesta con claridad en enclaves como Pataz, en la región norteña de La Libertad, donde la expansión de redes criminales vinculadas a la minería ha estado acompañada por violencia sistemática, control territorial y disputas armadas por acceso a socavones, plantas y rutas de extracción. Lo que ocurre en Perú no es un caso aislado: en Colombia, Brasil y Ecuador, la minería ilegal también ha reconfigurado los incentivos de actores armados, gobiernos locales y redes criminales, con efectos visibles sobre la gobernanza territorial. Durante décadas, el narcotráfico fue considerado la principal economía criminal de Latinoamérica, no solo por el tamaño del negocio, sino porque estructuró la forma en que la región pensaba la violencia, la corrupción y la respuesta estatal. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la minería ilegal plantea una pregunta más incómoda: ¿el oro ilegal se ha convertido en la nueva economía criminal dominante en los Andes? Oro como nueva economía ilegal: ventajas estructurales La respuesta corta es que el oro ilegal tiene ventajas estructurales que lo hacen especialmente atractivo frente a otras economías ilícitas. A diferencia de la cocaína —altamente perseguida, con cadenas de riesgo concentradas y fuerte presión internacional—, el oro es más fácil de transportar, más sencillo de insertar en circuitos formales y considerablemente menos visible en la agenda internacional de seguridad. Una vez extraído, el mineral puede ser refinado, mezclado con producción legal o exportado mediante intermediarios con escasa trazabilidad. Durante la última década, el aumento sostenido del precio internacional del metal ha elevado aún más su rentabilidad relativa: mientras los precios del oro se han más que duplicado desde 2015, los riesgos penales efectivos han permanecido comparativamente bajos, lo que ha atraído actores, capital e, inevitablemente, violencia. Los incentivos económicos, sin embargo, no explican por sí solos la consolidación territorial de la minería ilegal. Para entender su persistencia es necesario incorporar la economía política del Estado. La debilidad estatal no es homogénea ni absoluta, sino selectiva: en territorios donde la capacidad de fiscalización es limitada y la economía local depende de actividades extractivas, el Estado enfrenta dilemas de gobernabilidad. Intervenir con fuerza puede desestabilizar economías regionales completas; tolerar la actividad permite mantener cierto orden territorial, aunque sea a costa de institucionalizar la ambigüedad. En Perú, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ilustra con precisión este proceso. Surge como mecanismo transicional orientado a formalizar a pequeños mineros, pero en la práctica ha funcionado como un espacio normativo híbrido donde la frontera entre formalidad e ilegalidad se difumina. Investigaciones periodísticas han documentado que personas inscritas en el REINFO militan en partidos políticos y participan en estructuras partidarias, evidenciando que la minería informal no solo produce rentas económicas, sino también influencia política territorial. En Brasil, Colombia y Ecuador se observan patrones similares: expansión del oro ilegal acompañada de respuestas institucionales parciales, marcos regulatorios ambiguos y conflictos por el control de rentas extractivas. El oro como economía criminal madura La consolidación del oro ilegal adquiere rasgos típicos de economías criminales maduras cuando la minería incorpora control territorial, violencia sistemática y articulación con estructuras políticas. En mercados ilícitos consolidados, la violencia cumple funciones económicas específicas: asegurar acceso a recursos, disciplinar trabajadores, controlar rutas e imponer reglas informales. El caso de Pataz ilustra esta lógica. La masacre de trece trabajadores en 2025 no puede leerse como un evento aislado, sino como síntoma extremo de una economía que ya incorporó la extorsión como instrumento de gobierno. Desde 2020, empresas mineras formales y operaciones artesanales han sufrido ataques recurrentes —destrucción de infraestructura, secuestros y homicidios— pese a la presencia de fuerzas de seguridad. La violencia se vuelve más probable, explica la literatura, cuando el recurso es territorialmente fijo y altamente rentable. A diferencia del narcotráfico —que depende de rutas trasnacionales—, la minería ilegal requiere disputar directamente la fuente de renta, generando conflictos armados localizados. El patrón es consistente: el oro financia estructuras coercitivas que, a su vez, diversifican ingresos y se vuelven más complejas. La consolidación del sector también ha atraído a organizaciones criminales más allá del ámbito local. En Ecuador, grupos armados como Los Lobos y Los Choneros han incursionado en el control de zonas mineras ilegales, articulando esta actividad con extorsión, trata y control logístico. En Perú, redes que inicialmente ofrecían “protección” a mineros informales en Pataz, como Los Pulpos, pasaron a involucrarse directamente en la extracción, el transporte y la comercialización del mineral. El patrón es consistente: el oro financia estructuras coercitivas que, a su vez, diversifican ingresos y se vuelven más complejas. En territorios de alta renta aurífera, la economía ilegal deja de ser solo minería para convertirse en un paquete de negocios criminales que se alimentan mutuamente. Estado fragmentado y respuesta institucional La respuesta del Estado peruano ha sido desigual y, en varios aspectos, contraproducente. Las autoridades locales enfrentan costos sociales y políticos al intervenir en territorios donde la minería sostiene la economía; las decisiones legislativas han configurado marcos ambiguos que permiten la continuidad del sector informal, y las reformas recientes han sido cuestionadas por limitar la capacidad de fiscales y jueces para investigar redes criminales complejas. El argumento estructural es sólido: cuando el riesgo de sanción efectiva cae o se vuelve negociable, el valor esperado de operar en el mercado ilegal sube, lo que atrae más actores, más capital y, con frecuencia, más violencia. Con Read More