La gobernanza ambiental como parte de la solución Sergio Ricardo Hernández Ordoñez Enero 2026 La gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) enfrenta diversas problemáticas ambientales, sociales, económicas y de salud pública, derivadas de los incipientes compromisos hacia modelos circulares de producción y consumo sostenible de estas tecnologías y la ausencia de mecanismos de gobernanza ambiental. A diferencia de otros materiales como el papel, el vidrio o la madera, los RAEE contienen sustancias peligrosas para la salud humana (plomo, mercurio y cadmio) y el medio ambiente, pero paradójicamente contienen materiales valiosos como metales preciosos (por ejemplo, oro y plata), motivo por el cual requieren de un tratamiento especial en su gestión (OIT, 2019). Este aspecto ha detonado numerosas conversaciones técnicas en el ámbito internacional acerca de su valor real o potencial en el mercado y sus múltiples beneficios ambientales, al reducir actividades extractivistas para la obtención de metales y el ahorro de energía para tal propósito, contribuyendo así a la reducción de emisiones y, consecuentemente, una acción benéfica frente a la crisis climática. En estas mismas discusiones se advierte la necesidad de crear y fortalecer la infraestructura tecnológica para la gestión adecuada de los RAEE y las condiciones locales para hacer detonar el atractivo industrial para su valorización y otorgar las garantías mínimas de seguridad laboral para las personas que emprenden, individual o colectivamente, actividades de gestión de residuos que ponen en riesgo su salud con este trabajo. Las medidas administrativas, legislativas y de política para la atención de los RAEE En México se encuentra ausente un marco regulatorio especial para los RAEE y cuenta con una legislación nacional de más de 20 años de antigüedad (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos) incapaz de atender los desafíos asociados a esta agenda. Bajo una mirada integral de este ordenamiento, se advierte una lectura meramente de regulación burocrática “de trámites” para administrar y legalizar operaciones comerciales de residuos, pero debilitada en estructuras sólidas para garantizar una evaluación y gestión de riesgo ambiental y de salud pública. La valorización de los RAEE, para su reinicio en las cadenas productivas como insumos, aún es una tarea por completar, mientras que la responsabilidad compartida ante la gestión y manejo integral de residuos pareciera aún no iniciada en el ámbito de las políticas públicas desde hace décadas en la mayoría de los países. Es así como la gobernanza ambiental convoca a los diversos actores involucrados en la gestión de los residuos a diseñar colegiadamente las soluciones; las aportaciones provenientes de productores, importadores, exportadores, comerciantes, consumidores, academia y agentes estatales constituyen enfoques de apoyo mutuo y complementario. Recientes estudios de organizaciones internacionales refieren que, como consecuencia de la alta demanda tecnológica, la generación de RAEE no dejará de aumentar, y, por lo tanto, la problemática asociada a su inadecuada gestión seguirá teniendo no solo vigencia en las discusiones de la comunidad internacional, sino acumulando serios problemas a sus poblaciones y entornos naturales. Esto implica un sentido de urgencia para que los países desarrollen medidas administrativas, legislativas y de política coherentes entre sí para evitar costos mayores por la falta de acción oportuna. Los Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente y el Acuerdo de Escazú Los Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente constituyen foros especializados para atender problemáticas mundiales, hoy focalizados a la atención de la triple crisis planetaria onusiana: cambio climático, pérdida de la biodiversidad y contaminación. Sin embargo, también en el rubro de estos instrumentos se encuentran acuerdos internacionales relevantes para la comprensión y atención de los RAEE, como los convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo y Minamata que han desarrollado mecanismos para la gestión de los residuos y sustancias peligrosas. Dichos convenios han detonado acciones de implementación conjunta y con un enfoque de sinergias para el logro de sus objetivos comunes: la protección al medio ambiente y la salud humana. Sus aportaciones para el desarrollo ulterior de marcos regulatorios y de políticas nacionales para la atención de los RAEE resulta fundamental, considerando su experiencia y buenas prácticas en diversas materias, como la caracterización de residuos, la evaluación de riesgos, la regulación técnica, los enfoques de responsabilidad compartida, los modelos de producción y utilización, así como la administración del comercio internacional. El desarrollo de mecanismos de gobernanza habilitaría también acciones de apoyo al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenibles destacando particularmente la atención a la salud y bienestar, a la mitigación del cambio climático, a alcanzar ciudades y comunidades sostenibles, así como a la producción y el consumo responsable. La valorización de los RAEE, para su reinicio en las cadenas productivas como insumos, aún es una tarea por completar. El fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza permitiría conocer con mayor detalle las deficiencias y limitaciones de las capacidades nacionales para hacer frente a los problemas derivados de los RAEE y la adopción de fórmulas de solución. En este contexto, a nivel regional existen instrumentos que potenciarían los esfuerzos hacia la construcción de modelos de gobernanza para los RAEE. Tal es el caso del Acuerdo de Escazú, el cual promueve la participación de todos en las cuestiones ambientales, mediante la puesta en marcha de sus “derechos de acceso” (acceso a la información, participación pública y justicia ambiental) como instrumentos habilitadores para alcanzar el desarrollo sostenible, el crecimiento económico sostenido e inclusivo y la protección del medio ambiente. La vinculación del Acuerdo de Escazú con la agenda de los RAEE acercaría a los “derechos de acceso”, más allá de su carácter procesal, a la implementación de enfoques de derechos humanos en la gestión integral de los residuos, es decir, pasar de los actos burocráticos de control comercial de los RAEE a la adopción de medidas de política pública orientadas a la prevención de las violaciones de los derechos humanos por omisión estatal. La construcción de nuevas soluciones bajo los estándares internacionales de Escazú fortalecería no solo la atención de la problemática asociada a los RAEE, sino mejoraría los procesos de democracia ambiental, Estado de derecho y buena
La gobernanza ambiental como parte de la solución Sergio Ricardo Hernández Ordoñez Enero 2026 La gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) enfrenta diversas problemáticas ambientales, sociales, económicas y de salud pública, derivadas de los incipientes compromisos hacia modelos circulares de producción y consumo sostenible de estas tecnologías y la ausencia de mecanismos de gobernanza ambiental. A diferencia de otros materiales como el papel, el vidrio o la madera, los RAEE contienen sustancias peligrosas para la salud humana (plomo, mercurio y cadmio) y el medio ambiente, pero paradójicamente contienen materiales valiosos como metales preciosos (por ejemplo, oro y plata), motivo por el cual requieren de un tratamiento especial en su gestión (OIT, 2019). Este aspecto ha detonado numerosas conversaciones técnicas en el ámbito internacional acerca de su valor real o potencial en el mercado y sus múltiples beneficios ambientales, al reducir actividades extractivistas para la obtención de metales y el ahorro de energía para tal propósito, contribuyendo así a la reducción de emisiones y, consecuentemente, una acción benéfica frente a la crisis climática. En estas mismas discusiones se advierte la necesidad de crear y fortalecer la infraestructura tecnológica para la gestión adecuada de los RAEE y las condiciones locales para hacer detonar el atractivo industrial para su valorización y otorgar las garantías mínimas de seguridad laboral para las personas que emprenden, individual o colectivamente, actividades de gestión de residuos que ponen en riesgo su salud con este trabajo. Las medidas administrativas, legislativas y de política para la atención de los RAEE En México se encuentra ausente un marco regulatorio especial para los RAEE y cuenta con una legislación nacional de más de 20 años de antigüedad (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos) incapaz de atender los desafíos asociados a esta agenda. Bajo una mirada integral de este ordenamiento, se advierte una lectura meramente de regulación burocrática “de trámites” para administrar y legalizar operaciones comerciales de residuos, pero debilitada en estructuras sólidas para garantizar una evaluación y gestión de riesgo ambiental y de salud pública. La valorización de los RAEE, para su reinicio en las cadenas productivas como insumos, aún es una tarea por completar, mientras que la responsabilidad compartida ante la gestión y manejo integral de residuos pareciera aún no iniciada en el ámbito de las políticas públicas desde hace décadas en la mayoría de los países. Es así como la gobernanza ambiental convoca a los diversos actores involucrados en la gestión de los residuos a diseñar colegiadamente las soluciones; las aportaciones provenientes de productores, importadores, exportadores, comerciantes, consumidores, academia y agentes estatales constituyen enfoques de apoyo mutuo y complementario. Recientes estudios de organizaciones internacionales refieren que, como consecuencia de la alta demanda tecnológica, la generación de RAEE no dejará de aumentar, y, por lo tanto, la problemática asociada a su inadecuada gestión seguirá teniendo no solo vigencia en las discusiones de la comunidad internacional, sino acumulando serios problemas a sus poblaciones y entornos naturales. Esto implica un sentido de urgencia para que los países desarrollen medidas administrativas, legislativas y de política coherentes entre sí para evitar costos mayores por la falta de acción oportuna. Los Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente y el Acuerdo de Escazú Los Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente constituyen foros especializados para atender problemáticas mundiales, hoy focalizados a la atención de la triple crisis planetaria onusiana: cambio climático, pérdida de la biodiversidad y contaminación. Sin embargo, también en el rubro de estos instrumentos se encuentran acuerdos internacionales relevantes para la comprensión y atención de los RAEE, como los convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo y Minamata que han desarrollado mecanismos para la gestión de los residuos y sustancias peligrosas. Dichos convenios han detonado acciones de implementación conjunta y con un enfoque de sinergias para el logro de sus objetivos comunes: la protección al medio ambiente y la salud humana. Sus aportaciones para el desarrollo ulterior de marcos regulatorios y de políticas nacionales para la atención de los RAEE resulta fundamental, considerando su experiencia y buenas prácticas en diversas materias, como la caracterización de residuos, la evaluación de riesgos, la regulación técnica, los enfoques de responsabilidad compartida, los modelos de producción y utilización, así como la administración del comercio internacional. El desarrollo de mecanismos de gobernanza habilitaría también acciones de apoyo al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenibles destacando particularmente la atención a la salud y bienestar, a la mitigación del cambio climático, a alcanzar ciudades y comunidades sostenibles, así como a la producción y el consumo responsable. La valorización de los RAEE, para su reinicio en las cadenas productivas como insumos, aún es una tarea por completar. El fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza permitiría conocer con mayor detalle las deficiencias y limitaciones de las capacidades nacionales para hacer frente a los problemas derivados de los RAEE y la adopción de fórmulas de solución. En este contexto, a nivel regional existen instrumentos que potenciarían los esfuerzos hacia la construcción de modelos de gobernanza para los RAEE. Tal es el caso del Acuerdo de Escazú, el cual promueve la participación de todos en las cuestiones ambientales, mediante la puesta en marcha de sus “derechos de acceso” (acceso a la información, participación pública y justicia ambiental) como instrumentos habilitadores para alcanzar el desarrollo sostenible, el crecimiento económico sostenido e inclusivo y la protección del medio ambiente. La vinculación del Acuerdo de Escazú con la agenda de los RAEE acercaría a los “derechos de acceso”, más allá de su carácter procesal, a la implementación de enfoques de derechos humanos en la gestión integral de los residuos, es decir, pasar de los actos burocráticos de control comercial de los RAEE a la adopción de medidas de política pública orientadas a la prevención de las violaciones de los derechos humanos por omisión estatal. La construcción de nuevas soluciones bajo los estándares internacionales de Escazú fortalecería no solo la atención de la problemática asociada a los RAEE, sino mejoraría los procesos de democracia ambiental, Estado de derecho y buena Read More