Marco Antonio López Morales Julio 2026 Una colaboración del Programa de Jóvenes del Comexi Durante décadas, Cuba ocupó un lugar singular en el escenario latinoamericano. Fue, esencialmente, la isla que resistía al capitalismo, el experimento que defendía la planificación estatal frente al mercado y el símbolo de una soberanía construida en oposición a Estados Unidos. Por ello, cuando se anunció la apertura económica aprobada en 2026, la noticia no puede leerse únicamente como una reforma administrativa más, pues tiene una evidente carga histórica. Cuba no amaneció capitalista, ni entró de golpe en el libre mercado; lo que está sucediendo es más complejo. El Estado cubano reconoce que necesita más mercado para sobrevivir, pero intenta incorporarlo sin renunciar al monopolio político ni a la estructura socialista. Esa es la paradoja: abrir espacios para la acumulación privada, la inversión extranjera, la banca privada y el comercio exterior directo con el fin de preservar el control de un modelo que ya no puede sostenerse únicamente mediante la planificación, la empresa estatal y los subsidios generalizados. La pregunta de fondo, entonces, no es si Cuba “se volvió capitalista”. La cuestión más relevante es si puede utilizar el mercado para salir de la crisis sin transformar sus instituciones. La apertura que sí está ocurriendo En junio de 2026, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales agrupadas en 23 ejes. Su amplitud explica por qué diversos observadores lo han descrito como el giro económico más relevante desde 1959. Las medidas no se limitan al pequeño negocio privado ni al cuentapropismo de baja escala, sino que apuntan a rediseñar amplios sectores de la economía cubana. Este paquete abre la puerta a la participación privada en la banca y las finanzas; a la creación de casas de cambio privadas y de un mercado cambiario digital; a la inversión extranjera en empresas privadas; a la participación de cubanos residentes en el exterior; a la venta de propiedades estatales a nacionales y extranjeros, y a la transformación de empresas estatales en sociedades por acciones. Asimismo, permitiría que una persona natural sea titular de más de una empresa privada, que determinadas empresas contraten a más de cien trabajadores, y que cooperativas y empresas privadas puedan importar y exportar directamente, aunque bajo autorización. La frontera entre lo estatal y lo no estatal también comienza a desplazarse. Por ejemplo, el Decreto-Ley 114, vigente desde abril de 2026, regula las asociaciones entre entidades estatales y no estatales, lo que abre la posibilidad de nuevas formas mixtas de propiedad, gestión e inversión. Ya no se trata únicamente de permitir negocios familiares, restaurantes privados o pequeñas empresas importadoras; la reforma se adentra en ámbitos que hasta hace poco eran políticamente sensibles, como los activos públicos, las acciones, el capital extranjero, los derechos de superficie, el turismo, la banca, las remesas, los combustibles, el comercio exterior y la diáspora. En el plano económico, Cuba sí está incorporando más mercado; en el político, sin embargo, el Estado sigue controlando hasta dónde llega esa apertura. Lo que no cambió El marco político cubano permanece intacto. Cuba sigue siendo un sistema de partido único, con planificación central, primacía formal de la empresa estatal socialista y una Constitución que reconoce la propiedad privada como parte de una economía mixta, pero no como su principio rector. Dicho esto, el Estado no renuncia a su capacidad de autorizar, regular, limitar o revertir el alcance de la apertura. Este matiz es fundamental, ya que la existencia de empresas privadas no equivale a un libre mercado. Este supone reglas estables, condiciones de entrada y salida relativamente abiertas, derechos de propiedad protegidos, competencia, acceso al crédito sin discrecionalidad, convertibilidad o reglas cambiarias previsibles, y límites claros a la intervención administrativa. Cuba aún está lejos de ese escenario. El discurso oficial lo expresa con claridad: las reformas se presentan como una forma de actualizar el socialismo, no de remplazarlo. El mercado aparece como un instrumento, no como el fundamento del sistema. En esa lógica, la propiedad privada puede crecer, pero debe hacerlo sin poner en cuestión el proyecto político. La crisis detrás de la apertura Cuba llega a 2026 con una economía deteriorada, escasez de divisas, inflación persistente, crisis energética, apagones recurrentes, caída del turismo, migración masiva, deterioro de los servicios públicos y fuertes restricciones externas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyectó para Cuba una contracción de 6.5% en 2026, tras otra caída registrada en 2025. Por su parte, la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba reportó una inflación interanual de 14.73% en abril de 2026. Asimismo, el turismo continúa lejos de los niveles previos a la pandemia. La isla enfrenta, además, un entorno internacional más adverso. Las sanciones estadounidenses, las restricciones financieras, la presión sobre los suministros energéticos y el riesgo asociado a cualquier operación con entidades cubanas elevan el costo de hacer negocios. No obstante, sería simplista explicarlo todo por el embargo. También pesan factores internos, como la debilidad productiva, las distorsiones monetarias, la burocracia, la baja productividad, la incertidumbre jurídica y una empresa estatal incapaz de abastecer de manera suficiente las necesidades de la isla. La apertura parece responder más a una lógica de supervivencia. Cuba acepta una mayor presencia del mercado porque necesita divisas, inversión, alimentos, crédito, energía, eficiencia y capacidad de gestión. El giro no nace del entusiasmo por abrirse al libre mercado, sino del agotamiento del modelo económico vigente. Entre el socialismo oficial y el mercado necesario Desde una perspectiva liberal, la reforma cubana puede leerse como una admisión tardía de una realidad básica: una economía necesita propiedad, precios, crédito, inversión, incentivos y cierto margen para que las empresas tomen decisiones, ya que, sin esos elementos, resulta difícil producir más o innovar. Bajo esta lectura, el mercado no llega a Cuba como una moda ideológica, sino como una herramienta práctica para hacer que la economía funcione mejor y dependa menos de decisiones burocráticas. La apertura cubana no significa que el capitalismo haya triunfado definitivamente ni que el socialismo permanezca intacto.
Marco Antonio López Morales Julio 2026 Una colaboración del Programa de Jóvenes del Comexi Durante décadas, Cuba ocupó un lugar singular en el escenario latinoamericano. Fue, esencialmente, la isla que resistía al capitalismo, el experimento que defendía la planificación estatal frente al mercado y el símbolo de una soberanía construida en oposición a Estados Unidos. Por ello, cuando se anunció la apertura económica aprobada en 2026, la noticia no puede leerse únicamente como una reforma administrativa más, pues tiene una evidente carga histórica. Cuba no amaneció capitalista, ni entró de golpe en el libre mercado; lo que está sucediendo es más complejo. El Estado cubano reconoce que necesita más mercado para sobrevivir, pero intenta incorporarlo sin renunciar al monopolio político ni a la estructura socialista. Esa es la paradoja: abrir espacios para la acumulación privada, la inversión extranjera, la banca privada y el comercio exterior directo con el fin de preservar el control de un modelo que ya no puede sostenerse únicamente mediante la planificación, la empresa estatal y los subsidios generalizados. La pregunta de fondo, entonces, no es si Cuba “se volvió capitalista”. La cuestión más relevante es si puede utilizar el mercado para salir de la crisis sin transformar sus instituciones. La apertura que sí está ocurriendo En junio de 2026, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales agrupadas en 23 ejes. Su amplitud explica por qué diversos observadores lo han descrito como el giro económico más relevante desde 1959. Las medidas no se limitan al pequeño negocio privado ni al cuentapropismo de baja escala, sino que apuntan a rediseñar amplios sectores de la economía cubana. Este paquete abre la puerta a la participación privada en la banca y las finanzas; a la creación de casas de cambio privadas y de un mercado cambiario digital; a la inversión extranjera en empresas privadas; a la participación de cubanos residentes en el exterior; a la venta de propiedades estatales a nacionales y extranjeros, y a la transformación de empresas estatales en sociedades por acciones. Asimismo, permitiría que una persona natural sea titular de más de una empresa privada, que determinadas empresas contraten a más de cien trabajadores, y que cooperativas y empresas privadas puedan importar y exportar directamente, aunque bajo autorización. La frontera entre lo estatal y lo no estatal también comienza a desplazarse. Por ejemplo, el Decreto-Ley 114, vigente desde abril de 2026, regula las asociaciones entre entidades estatales y no estatales, lo que abre la posibilidad de nuevas formas mixtas de propiedad, gestión e inversión. Ya no se trata únicamente de permitir negocios familiares, restaurantes privados o pequeñas empresas importadoras; la reforma se adentra en ámbitos que hasta hace poco eran políticamente sensibles, como los activos públicos, las acciones, el capital extranjero, los derechos de superficie, el turismo, la banca, las remesas, los combustibles, el comercio exterior y la diáspora. En el plano económico, Cuba sí está incorporando más mercado; en el político, sin embargo, el Estado sigue controlando hasta dónde llega esa apertura. Lo que no cambió El marco político cubano permanece intacto. Cuba sigue siendo un sistema de partido único, con planificación central, primacía formal de la empresa estatal socialista y una Constitución que reconoce la propiedad privada como parte de una economía mixta, pero no como su principio rector. Dicho esto, el Estado no renuncia a su capacidad de autorizar, regular, limitar o revertir el alcance de la apertura. Este matiz es fundamental, ya que la existencia de empresas privadas no equivale a un libre mercado. Este supone reglas estables, condiciones de entrada y salida relativamente abiertas, derechos de propiedad protegidos, competencia, acceso al crédito sin discrecionalidad, convertibilidad o reglas cambiarias previsibles, y límites claros a la intervención administrativa. Cuba aún está lejos de ese escenario. El discurso oficial lo expresa con claridad: las reformas se presentan como una forma de actualizar el socialismo, no de remplazarlo. El mercado aparece como un instrumento, no como el fundamento del sistema. En esa lógica, la propiedad privada puede crecer, pero debe hacerlo sin poner en cuestión el proyecto político. La crisis detrás de la apertura Cuba llega a 2026 con una economía deteriorada, escasez de divisas, inflación persistente, crisis energética, apagones recurrentes, caída del turismo, migración masiva, deterioro de los servicios públicos y fuertes restricciones externas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyectó para Cuba una contracción de 6.5% en 2026, tras otra caída registrada en 2025. Por su parte, la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba reportó una inflación interanual de 14.73% en abril de 2026. Asimismo, el turismo continúa lejos de los niveles previos a la pandemia. La isla enfrenta, además, un entorno internacional más adverso. Las sanciones estadounidenses, las restricciones financieras, la presión sobre los suministros energéticos y el riesgo asociado a cualquier operación con entidades cubanas elevan el costo de hacer negocios. No obstante, sería simplista explicarlo todo por el embargo. También pesan factores internos, como la debilidad productiva, las distorsiones monetarias, la burocracia, la baja productividad, la incertidumbre jurídica y una empresa estatal incapaz de abastecer de manera suficiente las necesidades de la isla. La apertura parece responder más a una lógica de supervivencia. Cuba acepta una mayor presencia del mercado porque necesita divisas, inversión, alimentos, crédito, energía, eficiencia y capacidad de gestión. El giro no nace del entusiasmo por abrirse al libre mercado, sino del agotamiento del modelo económico vigente. Entre el socialismo oficial y el mercado necesario Desde una perspectiva liberal, la reforma cubana puede leerse como una admisión tardía de una realidad básica: una economía necesita propiedad, precios, crédito, inversión, incentivos y cierto margen para que las empresas tomen decisiones, ya que, sin esos elementos, resulta difícil producir más o innovar. Bajo esta lectura, el mercado no llega a Cuba como una moda ideológica, sino como una herramienta práctica para hacer que la economía funcione mejor y dependa menos de decisiones burocráticas. La apertura cubana no significa que el capitalismo haya triunfado definitivamente ni que el socialismo permanezca intacto. Read More