Entre la presión de Washington y la autonomía de decisión Fernanda Ríos Herrera Octubre 2026 Una colaboración del Programa de Jóvenes del Comexi El inicio del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025, consolidó una nueva lógica en la política de seguridad de Estados Unidos. Desde entonces, el crimen organizado transnacional, específicamente el tráfico de drogas y la facilitación de la migración irregular por grupos criminales, ha adquirido una importancia estratégica dentro de la agenda de seguridad nacional de Washington. Esta transformación ha ampliado el conjunto de instrumentos empleados por el gobierno de Trump para abordar estos fenómenos y, por tanto, ejercer presión sobre los gobiernos latinoamericanos en esta materia. Entre ellos se encuentran las sanciones, la designación de organizaciones criminales como organizaciones terroristas extranjeras (FTO), la presión económica mediante aranceles, el intercambio de inteligencia y una mayor participación de capacidades militares en determinadas operaciones. Para México, este enfoque es particularmente relevante debido a la presencia generalizada del crimen organizado en el país y a la profunda vinculación de este fenómeno con la relación bilateral. El territorio nacional constituye un espacio clave dentro de las rutas utilizadas para el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos, así como para el traslado de sustancias producidas localmente, particularmente fentanilo, hacia ese país. De la misma forma, México representa un territorio fundamental para los movimientos migratorios irregulares hacia la frontera norte, tanto de ciudadanos mexicanos como de personas provenientes de otros países del continente. Al mismo tiempo, el tráfico ilícito de armas procedentes de Estados Unidos contribuye a sostener estos mercados criminales. Lo anterior posiciona a México como un socio indispensable para la gestión del crimen organizado transnacional en el hemisferio occidental desde la perspectiva de Washington. Sin embargo, la relación funciona en ambas direcciones. El gobierno mexicano, a su vez, tiene intereses propios en reducir la inseguridad y la capacidad operativa de los grupos criminales, así como en fortalecer sus instituciones. La seguridad, por tanto, constituye un ámbito en el que ambos gobiernos tienen objetivos convergentes e interconectados. Seguridad y presión económica en la relación bilateral En este contexto, la relación bilateral ha experimentado una creciente securitización de la interdependencia económica, particularmente mediante el uso de instrumentos comerciales, incluidos los aranceles y las amenazas de no renovar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como mecanismos de presión en materia de seguridad. Esto es posible debido a que ambos países mantienen cadenas de valor profundamente integradas y un volumen de comercio tan elevado que las decisiones adoptadas en materia comercial en un país tienen efectos directos sobre la economía del otro. Para México, el acceso al mercado estadounidense es fundamental, mientras que, para Washington, la integración productiva con su socio comercial se ha convertido en un componente clave de su competitividad y de la resiliencia de sus cadenas de suministro. La cooperación no necesariamente implica una reducción de la soberanía mexicana. Estos vínculos ayudan a explicar por qué Estados Unidos combina la cooperación en materia de seguridad con instrumentos de presión económica y jurídica. Trump ha recurrido a medidas económicas para elevar los costos asociados con lo que considera una acción insuficiente frente a las operaciones de los grupos criminales y, asimismo, generar incentivos para una mayor respuesta por parte del gobierno mexicano. A ello se suman mecanismos jurídicos, como las designaciones de organizaciones criminales como FTO. En febrero de 2025, por ejemplo, Estados Unidos designó como tal a seis organizaciones criminales mexicanas y ha designado a dos más desde entonces. El gobierno de Trump también ha mostrado una mayor disposición a emplear capacidades militares en operaciones contra grupos criminales designados como FTO en otras partes de Latinoamérica. La Operación Lanza del Sur, que ha consistido en ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, constituye una expresión de esta tendencia. Su importancia para México radica en que plantea una cuestión distinta de la cooperación bilateral para enfrentar a las organizaciones criminales: ¿Hasta qué punto puede extenderse la participación de Washington en operaciones contra el crimen, especialmente cuando estas se desarrollan fuera de territorio estadounidense? Cooperación, soberanía y margen de decisión México ha buscado responder a la creciente y multidimensional presión ejercida por Estados Unidos mediante una estrategia que distingue explícitamente entre cooperación bilateral y presencia operativa extranjera. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado operaciones militares estadounidenses unilaterales en territorio mexicano. Sin embargo, ha ampliado significativamente el intercambio de información, la coordinación institucional, las extradiciones y la cooperación operativa. Esta posición ha profundizado los mecanismos de colaboración y fortalecido las capacidades institucionales de ambos países, sin transferir a Estados Unidos la autoridad para decidir sobre operaciones realizadas en territorio mexicano. Así, las condiciones bajo las cuales Estados Unidos y México cooperan en materia de seguridad cobran importancia estratégica. Washington posee mayores recursos económicos, militares y tecnológicos, mientras que el margen de negociación de México deriva, en parte, de su posición dentro de una relación de interdependencia en la que los flujos de drogas, migración, armas, comercio e información atraviesan la frontera en ambas direcciones. Esto genera una dinámica compleja de cooperación y negociación, en la que Estados Unidos busca mayor eficacia y resultados, mientras México procura profundizar la colaboración sin comprometer su soberanía. La evolución de la relación bilateral muestra que México no está respondiendo a la presión estadounidense únicamente mediante la resistencia política. Su estrategia central también se basa en aumentar la cooperación institucional y utilizar los resultados de esa colaboración para preservar su autonomía de decisión. Un claro ejemplo es el intercambio de inteligencia observado durante la operación contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes —también identificado como Nemesio Oseguera Cervantes o el Mencho—. México aportó conocimiento territorial y capacidades institucionales y operativas que permitieron complementar los recursos estadounidenses de vigilancia, inteligencia y análisis de redes criminales. La cuestión, por tanto, no es únicamente si México coopera con Estados Unidos o cuánto coopera, sino cómo se estructura esa relación, bajo qué condiciones se desarrolla y qué responsabilidades conserva
Entre la presión de Washington y la autonomía de decisión Fernanda Ríos Herrera Octubre 2026 Una colaboración del Programa de Jóvenes del Comexi El inicio del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025, consolidó una nueva lógica en la política de seguridad de Estados Unidos. Desde entonces, el crimen organizado transnacional, específicamente el tráfico de drogas y la facilitación de la migración irregular por grupos criminales, ha adquirido una importancia estratégica dentro de la agenda de seguridad nacional de Washington. Esta transformación ha ampliado el conjunto de instrumentos empleados por el gobierno de Trump para abordar estos fenómenos y, por tanto, ejercer presión sobre los gobiernos latinoamericanos en esta materia. Entre ellos se encuentran las sanciones, la designación de organizaciones criminales como organizaciones terroristas extranjeras (FTO), la presión económica mediante aranceles, el intercambio de inteligencia y una mayor participación de capacidades militares en determinadas operaciones. Para México, este enfoque es particularmente relevante debido a la presencia generalizada del crimen organizado en el país y a la profunda vinculación de este fenómeno con la relación bilateral. El territorio nacional constituye un espacio clave dentro de las rutas utilizadas para el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos, así como para el traslado de sustancias producidas localmente, particularmente fentanilo, hacia ese país. De la misma forma, México representa un territorio fundamental para los movimientos migratorios irregulares hacia la frontera norte, tanto de ciudadanos mexicanos como de personas provenientes de otros países del continente. Al mismo tiempo, el tráfico ilícito de armas procedentes de Estados Unidos contribuye a sostener estos mercados criminales. Lo anterior posiciona a México como un socio indispensable para la gestión del crimen organizado transnacional en el hemisferio occidental desde la perspectiva de Washington. Sin embargo, la relación funciona en ambas direcciones. El gobierno mexicano, a su vez, tiene intereses propios en reducir la inseguridad y la capacidad operativa de los grupos criminales, así como en fortalecer sus instituciones. La seguridad, por tanto, constituye un ámbito en el que ambos gobiernos tienen objetivos convergentes e interconectados. Seguridad y presión económica en la relación bilateral En este contexto, la relación bilateral ha experimentado una creciente securitización de la interdependencia económica, particularmente mediante el uso de instrumentos comerciales, incluidos los aranceles y las amenazas de no renovar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como mecanismos de presión en materia de seguridad. Esto es posible debido a que ambos países mantienen cadenas de valor profundamente integradas y un volumen de comercio tan elevado que las decisiones adoptadas en materia comercial en un país tienen efectos directos sobre la economía del otro. Para México, el acceso al mercado estadounidense es fundamental, mientras que, para Washington, la integración productiva con su socio comercial se ha convertido en un componente clave de su competitividad y de la resiliencia de sus cadenas de suministro. La cooperación no necesariamente implica una reducción de la soberanía mexicana. Estos vínculos ayudan a explicar por qué Estados Unidos combina la cooperación en materia de seguridad con instrumentos de presión económica y jurídica. Trump ha recurrido a medidas económicas para elevar los costos asociados con lo que considera una acción insuficiente frente a las operaciones de los grupos criminales y, asimismo, generar incentivos para una mayor respuesta por parte del gobierno mexicano. A ello se suman mecanismos jurídicos, como las designaciones de organizaciones criminales como FTO. En febrero de 2025, por ejemplo, Estados Unidos designó como tal a seis organizaciones criminales mexicanas y ha designado a dos más desde entonces. El gobierno de Trump también ha mostrado una mayor disposición a emplear capacidades militares en operaciones contra grupos criminales designados como FTO en otras partes de Latinoamérica. La Operación Lanza del Sur, que ha consistido en ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, constituye una expresión de esta tendencia. Su importancia para México radica en que plantea una cuestión distinta de la cooperación bilateral para enfrentar a las organizaciones criminales: ¿Hasta qué punto puede extenderse la participación de Washington en operaciones contra el crimen, especialmente cuando estas se desarrollan fuera de territorio estadounidense? Cooperación, soberanía y margen de decisión México ha buscado responder a la creciente y multidimensional presión ejercida por Estados Unidos mediante una estrategia que distingue explícitamente entre cooperación bilateral y presencia operativa extranjera. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado operaciones militares estadounidenses unilaterales en territorio mexicano. Sin embargo, ha ampliado significativamente el intercambio de información, la coordinación institucional, las extradiciones y la cooperación operativa. Esta posición ha profundizado los mecanismos de colaboración y fortalecido las capacidades institucionales de ambos países, sin transferir a Estados Unidos la autoridad para decidir sobre operaciones realizadas en territorio mexicano. Así, las condiciones bajo las cuales Estados Unidos y México cooperan en materia de seguridad cobran importancia estratégica. Washington posee mayores recursos económicos, militares y tecnológicos, mientras que el margen de negociación de México deriva, en parte, de su posición dentro de una relación de interdependencia en la que los flujos de drogas, migración, armas, comercio e información atraviesan la frontera en ambas direcciones. Esto genera una dinámica compleja de cooperación y negociación, en la que Estados Unidos busca mayor eficacia y resultados, mientras México procura profundizar la colaboración sin comprometer su soberanía. La evolución de la relación bilateral muestra que México no está respondiendo a la presión estadounidense únicamente mediante la resistencia política. Su estrategia central también se basa en aumentar la cooperación institucional y utilizar los resultados de esa colaboración para preservar su autonomía de decisión. Un claro ejemplo es el intercambio de inteligencia observado durante la operación contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes —también identificado como Nemesio Oseguera Cervantes o el Mencho—. México aportó conocimiento territorial y capacidades institucionales y operativas que permitieron complementar los recursos estadounidenses de vigilancia, inteligencia y análisis de redes criminales. La cuestión, por tanto, no es únicamente si México coopera con Estados Unidos o cuánto coopera, sino cómo se estructura esa relación, bajo qué condiciones se desarrolla y qué responsabilidades conserva Read More