La creciente digitalización en América Latina ha posicionado la protección de datos personales y la ciberseguridad como desafíos prioritarios. Este artículo de revisión analiza el estado actual de estas materias en la región, contrastando los avances normativos con los obstáculos prácticos en su implementación. Mediante una metodología sistemática que incluyó 47 fuentes académicas y técnicas, se identificó que, aunque el 73% de los países cuenta con legislación específica (principalmente inspirada en el RGPD europeo), persisten brechas críticas: bajos niveles de cumplimiento empresarial (31% en Ecuador), insuficiente inversión en seguridad (3.2% del gasto digital) y escasa educación ciudadana (79% de usuarios no comprende políticas de privacidad). Los resultados revelan que los sectores financiero y salud concentran el 65% de las vulneraciones, con datos sensibles expuestos debido a fallas técnicas e institucionales. El estudio propone una estrategia integral basada en cuatro pilares, centrados en el fortalecimiento de autoridades autónomas, la armonización regional de estándares, el impulso de incentivos tecnológicos para PYMES, y programas masivos de alfabetización digital. Se concluye que la efectividad de las políticas depende de adaptar los modelos globales a contextos locales, combinando marcos jurídicos robustos con mecanismos de implementación realistas y culturalmente pertinentes.
La creciente digitalización en América Latina ha posicionado la protección de datos personales y la ciberseguridad como desafíos prioritarios. Este artículo de revisión analiza el estado actual de estas materias en la región, contrastando los avances normativos con los obstáculos prácticos en su implementación. Mediante una metodología sistemática que incluyó 47 fuentes académicas y técnicas, se identificó que, aunque el 73% de los países cuenta con legislación específica (principalmente inspirada en el RGPD europeo), persisten brechas críticas: bajos niveles de cumplimiento empresarial (31% en Ecuador), insuficiente inversión en seguridad (3.2% del gasto digital) y escasa educación ciudadana (79% de usuarios no comprende políticas de privacidad). Los resultados revelan que los sectores financiero y salud concentran el 65% de las vulneraciones, con datos sensibles expuestos debido a fallas técnicas e institucionales. El estudio propone una estrategia integral basada en cuatro pilares, centrados en el fortalecimiento de autoridades autónomas, la armonización regional de estándares, el impulso de incentivos tecnológicos para PYMES, y programas masivos de alfabetización digital. Se concluye que la efectividad de las políticas depende de adaptar los modelos globales a contextos locales, combinando marcos jurídicos robustos con mecanismos de implementación realistas y culturalmente pertinentes.