Este artículo presenta los hallazgos de una investigación nacional orientada a evaluar el grado de implementación y cumplimiento del Decreto Ejecutivo 255, nueva normativa que regula la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en Ecuador desde mayo de 2024. A través de un cuestionario estructurado, aplicado a 402 profesionales del sistema preventivo, se obtuvo evidencia técnica relevante sobre los niveles de conocimiento, aplicación práctica y percepción institucional frente al Decreto.
El 79,6 % de los participantes afirmó conocer el contenido normativo, aunque solo el 23,6 % indicó que su organización ha actualizado su Sistema de Gestión conforme al Decreto. Un 55,2 % señaló estar en proceso de adecuación y el 18,7 % no ha iniciado acciones. Entre las principales dificultades se identificaron la evaluación de riesgos, la carga de programas en el sistema SUT y la conformación de comités de SST.
Además, el 88,1 % de los encuestados consideró que el incumplimiento de disposiciones clave por parte del Estado —como la falta de una Política Nacional de SST, un programa nacional y una plataforma del MSP— impacta negativamente en la eficacia del Decreto. El 74,6 % respaldó la implementación de auditorías externas acreditadas bajo supervisión pública como mecanismo complementario de control.
Los resultados reflejan una disposición técnica madura y una demanda de mayor coordinación interinstitucional. Aunque el Decreto representa un avance normativo sustancial, su impacto transformador depende del fortalecimiento del aparato estatal y de la articulación efectiva con actores técnicos acreditados.
Este artículo presenta los hallazgos de una investigación nacional orientada a evaluar el grado de implementación y cumplimiento del Decreto Ejecutivo 255, nueva normativa que regula la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en Ecuador desde mayo de 2024. A través de un cuestionario estructurado, aplicado a 402 profesionales del sistema preventivo, se obtuvo evidencia técnica relevante sobre los niveles de conocimiento, aplicación práctica y percepción institucional frente al Decreto. El 79,6 % de los participantes afirmó conocer el contenido normativo, aunque solo el 23,6 % indicó que su organización ha actualizado su Sistema de Gestión conforme al Decreto. Un 55,2 % señaló estar en proceso de adecuación y el 18,7 % no ha iniciado acciones. Entre las principales dificultades se identificaron la evaluación de riesgos, la carga de programas en el sistema SUT y la conformación de comités de SST. Además, el 88,1 % de los encuestados consideró que el incumplimiento de disposiciones clave por parte del Estado —como la falta de una Política Nacional de SST, un programa nacional y una plataforma del MSP— impacta negativamente en la eficacia del Decreto. El 74,6 % respaldó la implementación de auditorías externas acreditadas bajo supervisión pública como mecanismo complementario de control. Los resultados reflejan una disposición técnica madura y una demanda de mayor coordinación interinstitucional. Aunque el Decreto representa un avance normativo sustancial, su impacto transformador depende del fortalecimiento del aparato estatal y de la articulación efectiva con actores técnicos acreditados.