Desde la transición democrática en México en 1997 y hasta 2018, los presidentes sin mayoría legislativa se vieron obligados a negociar su agenda con la oposición o a ajustarla con base en el apoyo político que tuvieron en el Congreso, con lo que se mantuvo un equilibrio relativo entre Ejecutivo y Legislativo. Este balance se rompió con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al poder, cuya estrategia de conflicto directo con la oposición derivó en el debilitamiento de los contrapesos institucionales. En este artículo hacemos un análisis comparativo de las acciones de inconstitucionalidad de los gobiernos de Peña Nieto y AMLO e identificamos tres acciones específicas de la estrategia de conflicto que transformaron la relación Ejecutivo-Legislativo: el uso de procedimientos legislativos no democráticos por la coalición oficialista para aprobar iniciativas presidenciales clave; la aprobación de reformas orientadas a debilitar los contrapesos institucionales y la impugnación de la oposición de reformas de gran calado ante la Suprema Corte. El análisis revela que la política de conflicto eliminó la posibilidad de cooperación entre las fuerzas políticas, además de dañar componentes esenciales del sistema democrático.
Desde la transición democrática en México en 1997 y hasta 2018, los presidentes sin mayoría legislativa se vieron obligados a negociar su agenda con la oposición o a ajustarla con base en el apoyo político que tuvieron en el Congreso, con lo que se mantuvo un equilibrio relativo entre Ejecutivo y Legislativo. Este balance se rompió con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al poder, cuya estrategia de conflicto directo con la oposición derivó en el debilitamiento de los contrapesos institucionales. En este artículo hacemos un análisis comparativo de las acciones de inconstitucionalidad de los gobiernos de Peña Nieto y AMLO e identificamos tres acciones específicas de la estrategia de conflicto que transformaron la relación Ejecutivo-Legislativo: el uso de procedimientos legislativos no democráticos por la coalición oficialista para aprobar iniciativas presidenciales clave; la aprobación de reformas orientadas a debilitar los contrapesos institucionales y la impugnación de la oposición de reformas de gran calado ante la Suprema Corte. El análisis revela que la política de conflicto eliminó la posibilidad de cooperación entre las fuerzas políticas, además de dañar componentes esenciales del sistema democrático. Read More