Rafael Velázquez Flores Febrero 2026 Una colaboración del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México (CESPEM) El abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes —también identificado como Nemesio Oseguera Cervantes o el Mencho—, el narcotraficante más buscado a escala mundial, representa un hito en la cooperación entre Estados Unidos y México en el ámbito de la seguridad bilateral. Tanto el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como el de Donald Trump anunciaron una estrecha colaboración para localizar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Reconocieron el intercambio de información estratégica para localizar al delincuente y ejecutar un operativo para su detención. Esta colaboración fue exitosa para lograr uno de los objetivos más importantes que ambos gobiernos tenían desde hace algunos años. El hecho puede abrir las puertas para una mayor cooperación bilateral en esta materia y dejar atrás la desconfianza mutua en este terreno. Recuento de la cooperación bilateral en materia de seguridad Desde que Estados Unidos anunció una lucha frontal contra el narcotráfico, a finales de la década de 1960, la cooperación bilateral en esta materia tuvo algunas limitaciones y complicaciones. Por un lado, Washington desconfiaba de las autoridades mexicanas encargadas del combate al trasiego de drogas porque interpretaba que algunos funcionarios estaban coludidos con las bandas del crimen organizado. Por el otro, el gobierno mexicano era cauteloso de cooperar abiertamente con su contraparte porque la opinión pública se oponía a una intervención de parte de Estados Unidos en los asuntos internos del país. El momento más tenso de la relación ocurrió a principios de 1985, cuando Enrique Kiki Camarena, un agente de la Agencia Federal Antidrogas estadounidense (DEA), fue asesinado en territorio mexicano. Camarena se infiltró en el cártel de Rafael Caro Quintero y, cuando fue descubierto, lo torturaron por varios días hasta que murió. Cuando fue detenido, Caro Quintero y sus sicarios portaban credenciales del gobierno de México, lo que evidenciaba la colusión entre las autoridades y los narcotraficantes. El incidente creó una crisis diplomática de alto perfil entre ambos gobiernos. Algunos sectores en Estados Unidos demandaban una intervención directa de Washington. Pero el gobierno de Miguel de la Madrid rechazaba cualquier intromisión estadounidense en la materia. Incluso, el gobierno estadounidense urdió planes para intervenir los pozos petroleros en México como represalia. Los planes fueron olvidados luego del terremoto del 19 de septiembre de 1985. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hubo importantes acercamientos cuando ambos gobiernos anunciaron el inicio de las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, el narcotráfico no disminuyó y el asunto se mantuvo como una fuente de conflicto en la agenda bilateral. Después de la entrada en vigor del TLCAN y la crisis económica de 1994, los presidentes Ernesto Zedillo y William Clinton mostraron disposición a colaborar mutuamente, incluso en el ámbito de la seguridad. Pero la desconfianza brotó de nuevo cuando apareció evidencia de que el encargado mexicano de luchar contra el narcotráfico, Jesús Gutiérrez Rebollo, estaba involucrado con el cártel de Juárez, que en ese entonces estaba liderado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. En esa época, el Congreso estadounidense emitía una “certificación” a los países que cooperaban en el combate al crimen trasnacional. En esta lógica, Washington imponía sanciones a los países que no obtenían ese reconocimiento. Cuando se descubrió el affaire de Gutiérrez Rebollo con Carrillo Fuentes, el Congreso de Estados Unidos estuvo a punto de “descertificar” a México, lo que generó una fuerte tensión bilateral. Con la llegada del siglo XXI y el triunfo de dos conservadores en ambos países, parecía que el nivel de cooperación podía aumentar. En efecto, Vicente Fox y George W. Bush estuvieron abiertos a una mayor cercanía bilateral. Incluso, el proceso de “certificación” llegó a su fin, en parte por la presión mexicana. Sin embargo, los ataques del 11-S limitaron una mayor colaboración en el combate al narcotráfico, porque la prioridad de Estados Unidos era la lucha contra el terrorismo internacional. Cuando Fox no mostró intenciones de colaborar incondicionalmente con Bush en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el mandatario estadounidense se molestó y hubo roces entre ambos presidentes. La posibilidad para una mayor cooperación en el combate al narcotráfico se dejó para otros tiempos. Es claro que México necesita de la cooperación de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y disminuir la violencia en el país. De la misma manera, Washington requiere de la colaboración mexicana. Ese momento llegó en 2007, cuando Felipe Calderón le propuso a Bush un esquema de cooperación en la materia. El Presidente estadounidense mostró interés y, más adelante, ambos gobiernos anunciaron la Iniciativa Mérida, un programa de financiamiento por parte de Estados Unidos para fortalecer las capacidades del Estado mexicano en el combate a los cárteles del crimen organizado. La Iniciativa Mérida mostró elementos nuevos. En primer lugar, el esquema significó un cambio de percepción sobre el fenómeno. El gobierno de Washington dejó atrás la desconfianza y el mexicano no se opuso a una colaboración más abierta en la materia, dejando atrás la idea de la intervención estadounidense en asuntos internos del país. Por otro lado, fue visto como el reconocimiento de Estados Unidos de su corresponsabilidad en la violencia generada al sur de su frontera, debido a la alta demanda de drogas ilícitas en ese país. Finalmente, la Iniciativa Mérida representó un nuevo paradigma en la cooperación bilateral en materia de seguridad. El esquema se mantuvo durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Barack Obama. Sin embargo, el ímpetu de la colaboración se ralentizó cuando Andrés Manuel López Obrador y Trump tomaron el poder. La Iniciativa Mérida fue prácticamente cancelada. En 202l, el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras tomó su lugar, pero el enfoque fue distinto porque se centraba en atender las causas del problema y no en el combate frontal. La estrategia de López Obrador fue la de “abrazos, no balazos”, cancelando prácticamente la guerra contra
Rafael Velázquez Flores Febrero 2026 Una colaboración del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México (CESPEM) El abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes —también identificado como Nemesio Oseguera Cervantes o el Mencho—, el narcotraficante más buscado a escala mundial, representa un hito en la cooperación entre Estados Unidos y México en el ámbito de la seguridad bilateral. Tanto el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como el de Donald Trump anunciaron una estrecha colaboración para localizar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Reconocieron el intercambio de información estratégica para localizar al delincuente y ejecutar un operativo para su detención. Esta colaboración fue exitosa para lograr uno de los objetivos más importantes que ambos gobiernos tenían desde hace algunos años. El hecho puede abrir las puertas para una mayor cooperación bilateral en esta materia y dejar atrás la desconfianza mutua en este terreno. Recuento de la cooperación bilateral en materia de seguridad Desde que Estados Unidos anunció una lucha frontal contra el narcotráfico, a finales de la década de 1960, la cooperación bilateral en esta materia tuvo algunas limitaciones y complicaciones. Por un lado, Washington desconfiaba de las autoridades mexicanas encargadas del combate al trasiego de drogas porque interpretaba que algunos funcionarios estaban coludidos con las bandas del crimen organizado. Por el otro, el gobierno mexicano era cauteloso de cooperar abiertamente con su contraparte porque la opinión pública se oponía a una intervención de parte de Estados Unidos en los asuntos internos del país. El momento más tenso de la relación ocurrió a principios de 1985, cuando Enrique Kiki Camarena, un agente de la Agencia Federal Antidrogas estadounidense (DEA), fue asesinado en territorio mexicano. Camarena se infiltró en el cártel de Rafael Caro Quintero y, cuando fue descubierto, lo torturaron por varios días hasta que murió. Cuando fue detenido, Caro Quintero y sus sicarios portaban credenciales del gobierno de México, lo que evidenciaba la colusión entre las autoridades y los narcotraficantes. El incidente creó una crisis diplomática de alto perfil entre ambos gobiernos. Algunos sectores en Estados Unidos demandaban una intervención directa de Washington. Pero el gobierno de Miguel de la Madrid rechazaba cualquier intromisión estadounidense en la materia. Incluso, el gobierno estadounidense urdió planes para intervenir los pozos petroleros en México como represalia. Los planes fueron olvidados luego del terremoto del 19 de septiembre de 1985. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hubo importantes acercamientos cuando ambos gobiernos anunciaron el inicio de las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, el narcotráfico no disminuyó y el asunto se mantuvo como una fuente de conflicto en la agenda bilateral. Después de la entrada en vigor del TLCAN y la crisis económica de 1994, los presidentes Ernesto Zedillo y William Clinton mostraron disposición a colaborar mutuamente, incluso en el ámbito de la seguridad. Pero la desconfianza brotó de nuevo cuando apareció evidencia de que el encargado mexicano de luchar contra el narcotráfico, Jesús Gutiérrez Rebollo, estaba involucrado con el cártel de Juárez, que en ese entonces estaba liderado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. En esa época, el Congreso estadounidense emitía una “certificación” a los países que cooperaban en el combate al crimen trasnacional. En esta lógica, Washington imponía sanciones a los países que no obtenían ese reconocimiento. Cuando se descubrió el affaire de Gutiérrez Rebollo con Carrillo Fuentes, el Congreso de Estados Unidos estuvo a punto de “descertificar” a México, lo que generó una fuerte tensión bilateral. Con la llegada del siglo XXI y el triunfo de dos conservadores en ambos países, parecía que el nivel de cooperación podía aumentar. En efecto, Vicente Fox y George W. Bush estuvieron abiertos a una mayor cercanía bilateral. Incluso, el proceso de “certificación” llegó a su fin, en parte por la presión mexicana. Sin embargo, los ataques del 11-S limitaron una mayor colaboración en el combate al narcotráfico, porque la prioridad de Estados Unidos era la lucha contra el terrorismo internacional. Cuando Fox no mostró intenciones de colaborar incondicionalmente con Bush en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el mandatario estadounidense se molestó y hubo roces entre ambos presidentes. La posibilidad para una mayor cooperación en el combate al narcotráfico se dejó para otros tiempos. Es claro que México necesita de la cooperación de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y disminuir la violencia en el país. De la misma manera, Washington requiere de la colaboración mexicana. Ese momento llegó en 2007, cuando Felipe Calderón le propuso a Bush un esquema de cooperación en la materia. El Presidente estadounidense mostró interés y, más adelante, ambos gobiernos anunciaron la Iniciativa Mérida, un programa de financiamiento por parte de Estados Unidos para fortalecer las capacidades del Estado mexicano en el combate a los cárteles del crimen organizado. La Iniciativa Mérida mostró elementos nuevos. En primer lugar, el esquema significó un cambio de percepción sobre el fenómeno. El gobierno de Washington dejó atrás la desconfianza y el mexicano no se opuso a una colaboración más abierta en la materia, dejando atrás la idea de la intervención estadounidense en asuntos internos del país. Por otro lado, fue visto como el reconocimiento de Estados Unidos de su corresponsabilidad en la violencia generada al sur de su frontera, debido a la alta demanda de drogas ilícitas en ese país. Finalmente, la Iniciativa Mérida representó un nuevo paradigma en la cooperación bilateral en materia de seguridad. El esquema se mantuvo durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Barack Obama. Sin embargo, el ímpetu de la colaboración se ralentizó cuando Andrés Manuel López Obrador y Trump tomaron el poder. La Iniciativa Mérida fue prácticamente cancelada. En 202l, el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras tomó su lugar, pero el enfoque fue distinto porque se centraba en atender las causas del problema y no en el combate frontal. La estrategia de López Obrador fue la de “abrazos, no balazos”, cancelando prácticamente la guerra contra Read More