El presente artículo analiza el cumplimiento y la fiscalización de la cuota de empleo para personas con discapacidad en el sur del Perú, en el periodo 2021-2024, específicamente en las regiones de Arequipa, Tacna, Puno y Moquegua. A pesar de los avances normativos que promueven la inclusión laboral, como la Ley General de la Persona con Discapacidad y la intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), persisten desafíos significativos en la implementación y efectividad de estas medidas. A través del análisis de datos proporcionados por Sunafil, se identifican limitaciones en la capacidad operativa y retrasos en la imposición de sanciones, lo que reduce la efectividad de la cuota como herramienta de disuasión. Asimismo, se discuten las principales justificaciones presentadas por las empresas para incumplir la normativa, donde destacan la falta de postulantes y las dificultades técnicas vinculadas a los puestos de trabajo. Los resultados sugieren que la fiscalización actual es insuficiente para garantizar el cumplimiento de las cuotas de empleo, debido a la baja probabilidad de detección y sanción de las empresas infractoras.
El presente artículo analiza el cumplimiento y la fiscalización de la cuota de empleo para personas con discapacidad en el sur del Perú, en el periodo 2021-2024, específicamente en las regiones de Arequipa, Tacna, Puno y Moquegua. A pesar de los avances normativos que promueven la inclusión laboral, como la Ley General de la Persona con Discapacidad y la intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), persisten desafíos significativos en la implementación y efectividad de estas medidas. A través del análisis de datos proporcionados por Sunafil, se identifican limitaciones en la capacidad operativa y retrasos en la imposición de sanciones, lo que reduce la efectividad de la cuota como herramienta de disuasión. Asimismo, se discuten las principales justificaciones presentadas por las empresas para incumplir la normativa, donde destacan la falta de postulantes y las dificultades técnicas vinculadas a los puestos de trabajo. Los resultados sugieren que la fiscalización actual es insuficiente para garantizar el cumplimiento de las cuotas de empleo, debido a la baja probabilidad de detección y sanción de las empresas infractoras. Read More
