Implicaciones de la Opinión Consultiva OC-30/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pablo Arrocha Olabuenaga Marzo 2026 La violencia armada en Latinoamérica, en gran medida, es resultado del tráfico ilícito de armas de fuego. Durante décadas, este fenómeno ha sido abordado desde una perspectiva centrada casi exclusivamente en la responsabilidad estatal: la obligación de prevenir, investigar y sancionar el trasiego y uso ilegal de estas armas. Sin embargo, esta aproximación resulta insuficiente frente a un contexto tan complejo en el que participan muchos actores y donde las empresas privadas dedicadas a la fabricación, distribución y comercialización de armas pueden desempeñar un papel determinante en su desvío por negligencia. Esta termina siendo la fuente que alimenta la violencia en nuestros países. Por ello, y como parte de una estrategia más amplia para prevenir y combatir este fenómeno delictivo, México solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitir una Opinión Consultiva sobre dos ejes temáticos: 1) el alcance de la responsabilidad de entidades privadas dedicadas a la manufactura, distribución y venta de armas de fuego, quienes incurren en prácticas comerciales, negligentes violando los derechos a la vida y a la integridad reconocidos por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, y 2) los esfuerzos que los Estados deben emprender para garantizar la protección judicial en favor de las víctimas de las prácticas comerciales negligentes antes descritas. Alcances de la Opinión Consultiva El 5 de marzo de 2026, la CoIDH notificó su Opinión Consultiva OC-30/25. Este documento representa un punto de inflexión en los esfuerzos internacionales de México para hacer frente a este grave fenómeno delictivo. La Corte señaló que “las empresas deben abstenerse de conductas que causen violaciones a los derechos humanos, y adoptar medidas dirigidas a subsanarlas”. En particular, respecto de la debida diligencia en materia de control de armamento, fue muy puntual al indicar que “el deber de fiscalización estatal implica también velar por que las propias empresas implementen también a lo interno medidas de cumplimiento con el fin de evitar, o por lo menos minimizar, los riesgos de que sus actividades impliquen una violación a los derechos humanos”. Este reconocimiento abre la puerta a un entendimiento más amplio del tráfico ilícito de armas, puesto que la prevención ya no recae exclusivamente en los Estados, sino también en las personas morales cuyas actividades comerciales son clave para atender este fenómeno. Además, la CoIDH determinó que, a la luz de las obligaciones generales contenidas en la Convención Americana, los Estados deben actuar con debida diligencia en lo que respecta a la regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas de fuego, con el objetivo de evitar el tráfico ilícito y prevenir riesgos para los derechos humanos. La obligación de regular la comercialización, señala la CoIDH, implica el marcaje, registro y rastreo de armas de fuego, incluyendo sus partes y componentes, así como de sus municiones. El razonamiento de la CoIDH permite sostener que la protección de los derechos humanos exige analizar de manera integral las cadenas de producción, distribución y comercialización de armas. Incluso, señaló que la obligación de adoptar medidas eficaces y proporcionales de mitigación, así como de mecanismos de rendición de cuentas respecto de los daños causados, debe ser regulada por los Estados e implementada también por las empresas del sector. El caso de México El contexto mexicano ilustra con claridad la necesidad de este nuevo enfoque. A diferencia de otros países, México mantiene un régimen altamente restrictivo de acceso legal de armas de fuego. No obstante, de acuerdo con la Encuesta de Armas Pequeñas, en territorio mexicano hay aproximadamente 16 809 000 armas en posesión de civiles, y se estima que 12.9 de cada 100 personas poseen un arma de fuego, cifras que no pueden explicarse por medio de adquisiciones legales. Esta realidad, por tanto, es consecuencia directa del tráfico ilícito trasfronterizo proveniente de Estados Unidos. De conformidad con un informe publicado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, en 2024, 70.5% de las armas incautadas en México, sometidas a trazabilidad, provenía de ese país, lo que representa 18 249 de 25 884 armas rastreadas. En términos generales, las autoridades de mexicanas estiman que entre 200 000 y 500 000 armas de fuego entran ilegalmente a nuestro territorio a través de la frontera norte. El volumen y las dimensiones de esta realidad confirman que no se trata de un tema de fallas regulatorias por parte del Estado. Se trata, sin duda, de una operación mucho más compleja —y lucrativa— en la que intervienen diversos actores con claros intereses comerciales. Es ahí donde las empresas privadas —fabricantes, comercializadoras y tiendas— entran a escena. Como ya se ha dicho, la gran mayoría de las armas incautadas en México pueden ser rastreadas hacia tiendas en Estados Unidos y fueron fabricadas por empresas de ese país. En ese contexto, resulta lógico presumir que dichas entidades saben o deberían saber, que una parte significativa de sus productos termina en manos del crimen organizado en nuestro territorio. Las armas de fuego no son bienes ordinarios: su única finalidad es potencialmente letal. En consecuencia, la necesidad de hacer exigible la debida diligencia por parte de las empresas cobra la mayor relevancia. No obstante, estas empresas continúan operando sin implementar mecanismos efectivos de monitoreo, control o supervisión en sus cadenas de distribución. La Corte Suprema de Estados Unidos, al estudiar el caso presentado por México ante un tribunal en Boston, Massachusetts, contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas, refiriéndose a las ventas ilícitas al crimen organizado, señaló que “no nos cabe duda de que, tal y como afirma la demanda, algunas de estas ventas tienen lugar, y que los fabricantes lo saben”. En este marco se inscribe también la demanda civil presentada por México ante una Corte de Distrito en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas de armas estadounidenses, en la que México argumenta que dichas empresas incurren en prácticas negligentes que facilitan el tráfico ilícito a territorio mexicano, mediante ventas a
Implicaciones de la Opinión Consultiva OC-30/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pablo Arrocha Olabuenaga Marzo 2026 La violencia armada en Latinoamérica, en gran medida, es resultado del tráfico ilícito de armas de fuego. Durante décadas, este fenómeno ha sido abordado desde una perspectiva centrada casi exclusivamente en la responsabilidad estatal: la obligación de prevenir, investigar y sancionar el trasiego y uso ilegal de estas armas. Sin embargo, esta aproximación resulta insuficiente frente a un contexto tan complejo en el que participan muchos actores y donde las empresas privadas dedicadas a la fabricación, distribución y comercialización de armas pueden desempeñar un papel determinante en su desvío por negligencia. Esta termina siendo la fuente que alimenta la violencia en nuestros países. Por ello, y como parte de una estrategia más amplia para prevenir y combatir este fenómeno delictivo, México solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitir una Opinión Consultiva sobre dos ejes temáticos: 1) el alcance de la responsabilidad de entidades privadas dedicadas a la manufactura, distribución y venta de armas de fuego, quienes incurren en prácticas comerciales, negligentes violando los derechos a la vida y a la integridad reconocidos por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, y 2) los esfuerzos que los Estados deben emprender para garantizar la protección judicial en favor de las víctimas de las prácticas comerciales negligentes antes descritas. Alcances de la Opinión Consultiva El 5 de marzo de 2026, la CoIDH notificó su Opinión Consultiva OC-30/25. Este documento representa un punto de inflexión en los esfuerzos internacionales de México para hacer frente a este grave fenómeno delictivo. La Corte señaló que “las empresas deben abstenerse de conductas que causen violaciones a los derechos humanos, y adoptar medidas dirigidas a subsanarlas”. En particular, respecto de la debida diligencia en materia de control de armamento, fue muy puntual al indicar que “el deber de fiscalización estatal implica también velar por que las propias empresas implementen también a lo interno medidas de cumplimiento con el fin de evitar, o por lo menos minimizar, los riesgos de que sus actividades impliquen una violación a los derechos humanos”. Este reconocimiento abre la puerta a un entendimiento más amplio del tráfico ilícito de armas, puesto que la prevención ya no recae exclusivamente en los Estados, sino también en las personas morales cuyas actividades comerciales son clave para atender este fenómeno. Además, la CoIDH determinó que, a la luz de las obligaciones generales contenidas en la Convención Americana, los Estados deben actuar con debida diligencia en lo que respecta a la regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas de fuego, con el objetivo de evitar el tráfico ilícito y prevenir riesgos para los derechos humanos. La obligación de regular la comercialización, señala la CoIDH, implica el marcaje, registro y rastreo de armas de fuego, incluyendo sus partes y componentes, así como de sus municiones. El razonamiento de la CoIDH permite sostener que la protección de los derechos humanos exige analizar de manera integral las cadenas de producción, distribución y comercialización de armas. Incluso, señaló que la obligación de adoptar medidas eficaces y proporcionales de mitigación, así como de mecanismos de rendición de cuentas respecto de los daños causados, debe ser regulada por los Estados e implementada también por las empresas del sector. El caso de México El contexto mexicano ilustra con claridad la necesidad de este nuevo enfoque. A diferencia de otros países, México mantiene un régimen altamente restrictivo de acceso legal de armas de fuego. No obstante, de acuerdo con la Encuesta de Armas Pequeñas, en territorio mexicano hay aproximadamente 16 809 000 armas en posesión de civiles, y se estima que 12.9 de cada 100 personas poseen un arma de fuego, cifras que no pueden explicarse por medio de adquisiciones legales. Esta realidad, por tanto, es consecuencia directa del tráfico ilícito trasfronterizo proveniente de Estados Unidos. De conformidad con un informe publicado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, en 2024, 70.5% de las armas incautadas en México, sometidas a trazabilidad, provenía de ese país, lo que representa 18 249 de 25 884 armas rastreadas. En términos generales, las autoridades de mexicanas estiman que entre 200 000 y 500 000 armas de fuego entran ilegalmente a nuestro territorio a través de la frontera norte. El volumen y las dimensiones de esta realidad confirman que no se trata de un tema de fallas regulatorias por parte del Estado. Se trata, sin duda, de una operación mucho más compleja —y lucrativa— en la que intervienen diversos actores con claros intereses comerciales. Es ahí donde las empresas privadas —fabricantes, comercializadoras y tiendas— entran a escena. Como ya se ha dicho, la gran mayoría de las armas incautadas en México pueden ser rastreadas hacia tiendas en Estados Unidos y fueron fabricadas por empresas de ese país. En ese contexto, resulta lógico presumir que dichas entidades saben o deberían saber, que una parte significativa de sus productos termina en manos del crimen organizado en nuestro territorio. Las armas de fuego no son bienes ordinarios: su única finalidad es potencialmente letal. En consecuencia, la necesidad de hacer exigible la debida diligencia por parte de las empresas cobra la mayor relevancia. No obstante, estas empresas continúan operando sin implementar mecanismos efectivos de monitoreo, control o supervisión en sus cadenas de distribución. La Corte Suprema de Estados Unidos, al estudiar el caso presentado por México ante un tribunal en Boston, Massachusetts, contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas, refiriéndose a las ventas ilícitas al crimen organizado, señaló que “no nos cabe duda de que, tal y como afirma la demanda, algunas de estas ventas tienen lugar, y que los fabricantes lo saben”. En este marco se inscribe también la demanda civil presentada por México ante una Corte de Distrito en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas de armas estadounidenses, en la que México argumenta que dichas empresas incurren en prácticas negligentes que facilitan el tráfico ilícito a territorio mexicano, mediante ventas a Read More