La expansión de la inteligencia artificial (IA) en la comunicación política ha transformado las formas en que los actores políticos interactúan con la ciudadanía, facilitando la generación automatizada de mensajes personalizados y la difusión masiva de información en redes digitales. Esta dinámica ha contribuido a la propagación de noticias falsas y contenidos polarizantes, debilitando el debate público y favoreciendo la reproducción de discursos de odio, especialmente contra colectivos históricamente vulnerables como personas migrantes, mujeres y disidencias sexuales. Casos como Cambridge Analytica evidencian cómo el uso intensivo de datos personales puede manipular preferencias políticas, mientras que la jurisprudencia interamericana —como en Azul Rojas Marín vs. Perú— ha comenzado a vincular los discursos de odio con la violencia estructural por prejuicio. En este escenario, se hace cada vez más urgente repensar el rol del derecho frente a expresiones que, bajo la apariencia de libertad de expresión, reproducen exclusiones y discriminación. El artículo analiza esta problemática desde una perspectiva jurídico-comparada, examinando experiencias normativas como las de Alemania y España, y evaluando los vacíos regulatorios del sistema chileno. Se concluye que una respuesta eficaz requiere una regulación clara y proporcionada, orientada a proteger los derechos fundamentales sin recurrir a mecanismos de censura. La investigación propone criterios normativos para una intervención estatal legítima que combine sanciones razonables con medidas preventivas y educativas, fortaleciendo así la deliberación democrática.
La expansión de la inteligencia artificial (IA) en la comunicación política ha transformado las formas en que los actores políticos interactúan con la ciudadanía, facilitando la generación automatizada de mensajes personalizados y la difusión masiva de información en redes digitales. Esta dinámica ha contribuido a la propagación de noticias falsas y contenidos polarizantes, debilitando el debate público y favoreciendo la reproducción de discursos de odio, especialmente contra colectivos históricamente vulnerables como personas migrantes, mujeres y disidencias sexuales. Casos como Cambridge Analytica evidencian cómo el uso intensivo de datos personales puede manipular preferencias políticas, mientras que la jurisprudencia interamericana —como en Azul Rojas Marín vs. Perú— ha comenzado a vincular los discursos de odio con la violencia estructural por prejuicio. En este escenario, se hace cada vez más urgente repensar el rol del derecho frente a expresiones que, bajo la apariencia de libertad de expresión, reproducen exclusiones y discriminación. El artículo analiza esta problemática desde una perspectiva jurídico-comparada, examinando experiencias normativas como las de Alemania y España, y evaluando los vacíos regulatorios del sistema chileno. Se concluye que una respuesta eficaz requiere una regulación clara y proporcionada, orientada a proteger los derechos fundamentales sin recurrir a mecanismos de censura. La investigación propone criterios normativos para una intervención estatal legítima que combine sanciones razonables con medidas preventivas y educativas, fortaleciendo así la deliberación democrática. Read More