Mauricio D. Aceves Abril 2026 El Acuerdo de Belfast de 1988, también recordado como el Acuerdo del Viernes Santo, retrata la institucionalización de un conflicto en el que ninguna de las partes podía imponer una solución y que, a la vez, tenía la capacidad de bloquear la paz. El acuerdo convirtió una lógica de insurgencia, contrainsurgencia, contrainteligencia y coerción sectaria en una lógica de derecho, de equilibrio de poderes y de desarme progresivo. Belfast reconfiguró las diferencias para ser conducidas en términos jurídicos y políticos. La fractura identitaria entre unionistas y nacionalistas, las narrativas mundiales de descolonización —e incluso del separatismo y en resonancia con movimientos etnonacionalistas, por ejemplo, el Euskadi Ta Askatasuna (ETA)—, la división fronteriza de la isla, las acciones de violencia extremista del Ejército Republicano Irlandés y las preguntas sobre soberanía y pertenencia formaban parte del mosaico de la cuestión irlandesa. El conflicto en Irlanda del Norte produjo una combinación de violencia paramilitar republicana y lealista ante la respuesta militar británica, operaciones de inteligencia encubierta, fallas estructurales de representación y una profunda desconfianza. Tras 3 décadas, el Acuerdo fue firmado el 10 de abril de 1998 y estableció un arreglo basado en la paridad de estima, el principio de consentimiento y el reconocimiento del derecho de las personas de Irlanda del Norte a identificarse como británicas, irlandesas o ambas. Desde la esfera diplomática, Belfast fue posible porque el conflicto dejó de ser tratado como un expediente interno del Reino Unido y pasó a ser gestionado por tres vectores al unísono: intranorirlandés, británico-irlandés e internacional. En este escenario, el papel de Estados Unidos fue relevante como facilitador político, al promover la negociación mediante los principios de no agresión y acompañando las comunicaciones entre Dublín y Londres durante el proceso. La paz no nació de una afinidad ideológica, política o identitaria, sino del entendimiento de que las proyecciones de seguridad y estabilidad no podían descansar en criterios de coerción. Así, el proceso combinó mediación externa, copatrocinio estatal y apropiación local; no obstante, en otros conflictos contemporáneos se observa la dispersión de mediadores, competencia entre patrocinadores, como ocurrió en Donetsk y Luhansk en Europa del Este, regiones en las que estuvo activa la Misión Especial de Observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa entre 2014 y 2022. En conflictos actuales de intensidad media, actores externos relacionados suelen contar con agendas propias, mientras que actores internos utilizan la negociación como método para prolongar el conflicto, lo cual es perceptible en los conflictos en Libia y en Sudán. Parte del éxito de Belfast radica en la nulidad de la utilidad política de la violencia, mientras que los actores armados no contaban con una narrativa orientada a mejorar su posición en el teatro de operaciones para obtener ventajas estratégicas. Belfast: las sombras del acuerdo y la prosa de la paz sostenible El caso norirlandés muestra el límite de la fuerza como instrumento resolutivo. La campaña británica en Irlanda del Norte —Operación Banner— concluyó en julio de 2007, tras 38 años. El Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes la describió como “el despliegue continuo más largo en la historia de las fuerzas armadas británicas”. Dentro de esta cronología, una vez contenida la guerra irregular, el fin de la operación no implicó la desaparición de riesgos, sino el inicio de la reconversión de una operación militar a un esquema de seguridad pública. Así, más allá de reducirse a un acuerdo de paz inmediata, el Acuerdo de Belfast abrió un periodo de implementación del desarme paramilitar. Al respecto, es posible encontrar ejemplos de cambio de instrumento de gestión virando de lo militar a lo policial en Timor-Leste a partir de 2019, Liberia desde 2012 o Haití a partir de 2017 —cada uno reflejando distintos resultados y todos ellos dentro de la agenda de la Organización de las Naciones Unidas—, bajo la adopción de doctrinas de seguridad pública, policía nacional, monitoreo y fortalecimiento del Estado de derecho. En el caso norirlandés, la Comisión Internacional Independiente de Desarme, encargada de supervisar el desmantelamiento de los grupos paramilitares en Irlanda del Norte, operó desde 1997 y presentó su informe final en 2011. En los conflictos armados de base identitaria, la verificación y la construcción de garantías pueden prolongarse por más de una década —en este caso, al menos 12 años posteriores a la firma en 1998—, mientras que la recuperación de infraestructura, del tejido social y de condiciones de desarrollo —incluyendo la creación de instituciones y la búsqueda de legitimidad— puede convertirse en un proceso intergeneracional. Los Acuerdos de Dayton de 1995 pusieron fin a la guerra de Bosnia y establecieron un Estado federal compuesto por la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska, consiguiendo un alto el fuego, pero generando una estructura política fisurada y una población étnicamente dividida. Dayton detuvo la guerra, pero, al igual que Belfast, no resolvió el conflicto, incluso 3 décadas más tarde. En Belfast fue posible comprender que no habría viabilidad para la paz si las responsabilidades en materia de seguridad fueran concentradas en una sola de las partes, por lo que la reforma policial también fue una reforma de legitimidad al trasladar las atribuciones en materia de seguridad pública al ejecutivo norirlandés. Esto llevó a que, posteriormente, se estableciera un andamiaje para una distinción entre policía y legitimidad comunitaria, y la inteligencia y la seguridad nacionales mediante una reasignación de responsabilidades. Por lo tanto, los cuerpos de seguridad se reubicaron y adoptaron una vocación distinta. En mayo de 1998, el Acuerdo fue sometido a un referendo en Irlanda del Norte y en la República de Irlanda, y obtuvo un apoyo popular mayoritario. En otros términos, la paz fue negociada, pero también elegida. En distintos conflictos en curso, con diferentes grados de intensidad, los acuerdos pueden modificar, potencialmente, cuestiones de soberanía, estatutos territoriales y líneas fronterizas, lo que, en un proceso de paz, requerirá mecanismos de legitimación más allá de una firma entre negociadores. Las controversias territoriales en Europa del Este, las
Mauricio D. Aceves Abril 2026 El Acuerdo de Belfast de 1988, también recordado como el Acuerdo del Viernes Santo, retrata la institucionalización de un conflicto en el que ninguna de las partes podía imponer una solución y que, a la vez, tenía la capacidad de bloquear la paz. El acuerdo convirtió una lógica de insurgencia, contrainsurgencia, contrainteligencia y coerción sectaria en una lógica de derecho, de equilibrio de poderes y de desarme progresivo. Belfast reconfiguró las diferencias para ser conducidas en términos jurídicos y políticos. La fractura identitaria entre unionistas y nacionalistas, las narrativas mundiales de descolonización —e incluso del separatismo y en resonancia con movimientos etnonacionalistas, por ejemplo, el Euskadi Ta Askatasuna (ETA)—, la división fronteriza de la isla, las acciones de violencia extremista del Ejército Republicano Irlandés y las preguntas sobre soberanía y pertenencia formaban parte del mosaico de la cuestión irlandesa. El conflicto en Irlanda del Norte produjo una combinación de violencia paramilitar republicana y lealista ante la respuesta militar británica, operaciones de inteligencia encubierta, fallas estructurales de representación y una profunda desconfianza. Tras 3 décadas, el Acuerdo fue firmado el 10 de abril de 1998 y estableció un arreglo basado en la paridad de estima, el principio de consentimiento y el reconocimiento del derecho de las personas de Irlanda del Norte a identificarse como británicas, irlandesas o ambas. Desde la esfera diplomática, Belfast fue posible porque el conflicto dejó de ser tratado como un expediente interno del Reino Unido y pasó a ser gestionado por tres vectores al unísono: intranorirlandés, británico-irlandés e internacional. En este escenario, el papel de Estados Unidos fue relevante como facilitador político, al promover la negociación mediante los principios de no agresión y acompañando las comunicaciones entre Dublín y Londres durante el proceso. La paz no nació de una afinidad ideológica, política o identitaria, sino del entendimiento de que las proyecciones de seguridad y estabilidad no podían descansar en criterios de coerción. Así, el proceso combinó mediación externa, copatrocinio estatal y apropiación local; no obstante, en otros conflictos contemporáneos se observa la dispersión de mediadores, competencia entre patrocinadores, como ocurrió en Donetsk y Luhansk en Europa del Este, regiones en las que estuvo activa la Misión Especial de Observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa entre 2014 y 2022. En conflictos actuales de intensidad media, actores externos relacionados suelen contar con agendas propias, mientras que actores internos utilizan la negociación como método para prolongar el conflicto, lo cual es perceptible en los conflictos en Libia y en Sudán. Parte del éxito de Belfast radica en la nulidad de la utilidad política de la violencia, mientras que los actores armados no contaban con una narrativa orientada a mejorar su posición en el teatro de operaciones para obtener ventajas estratégicas. Belfast: las sombras del acuerdo y la prosa de la paz sostenible El caso norirlandés muestra el límite de la fuerza como instrumento resolutivo. La campaña británica en Irlanda del Norte —Operación Banner— concluyó en julio de 2007, tras 38 años. El Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes la describió como “el despliegue continuo más largo en la historia de las fuerzas armadas británicas”. Dentro de esta cronología, una vez contenida la guerra irregular, el fin de la operación no implicó la desaparición de riesgos, sino el inicio de la reconversión de una operación militar a un esquema de seguridad pública. Así, más allá de reducirse a un acuerdo de paz inmediata, el Acuerdo de Belfast abrió un periodo de implementación del desarme paramilitar. Al respecto, es posible encontrar ejemplos de cambio de instrumento de gestión virando de lo militar a lo policial en Timor-Leste a partir de 2019, Liberia desde 2012 o Haití a partir de 2017 —cada uno reflejando distintos resultados y todos ellos dentro de la agenda de la Organización de las Naciones Unidas—, bajo la adopción de doctrinas de seguridad pública, policía nacional, monitoreo y fortalecimiento del Estado de derecho. En el caso norirlandés, la Comisión Internacional Independiente de Desarme, encargada de supervisar el desmantelamiento de los grupos paramilitares en Irlanda del Norte, operó desde 1997 y presentó su informe final en 2011. En los conflictos armados de base identitaria, la verificación y la construcción de garantías pueden prolongarse por más de una década —en este caso, al menos 12 años posteriores a la firma en 1998—, mientras que la recuperación de infraestructura, del tejido social y de condiciones de desarrollo —incluyendo la creación de instituciones y la búsqueda de legitimidad— puede convertirse en un proceso intergeneracional. Los Acuerdos de Dayton de 1995 pusieron fin a la guerra de Bosnia y establecieron un Estado federal compuesto por la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska, consiguiendo un alto el fuego, pero generando una estructura política fisurada y una población étnicamente dividida. Dayton detuvo la guerra, pero, al igual que Belfast, no resolvió el conflicto, incluso 3 décadas más tarde. En Belfast fue posible comprender que no habría viabilidad para la paz si las responsabilidades en materia de seguridad fueran concentradas en una sola de las partes, por lo que la reforma policial también fue una reforma de legitimidad al trasladar las atribuciones en materia de seguridad pública al ejecutivo norirlandés. Esto llevó a que, posteriormente, se estableciera un andamiaje para una distinción entre policía y legitimidad comunitaria, y la inteligencia y la seguridad nacionales mediante una reasignación de responsabilidades. Por lo tanto, los cuerpos de seguridad se reubicaron y adoptaron una vocación distinta. En mayo de 1998, el Acuerdo fue sometido a un referendo en Irlanda del Norte y en la República de Irlanda, y obtuvo un apoyo popular mayoritario. En otros términos, la paz fue negociada, pero también elegida. En distintos conflictos en curso, con diferentes grados de intensidad, los acuerdos pueden modificar, potencialmente, cuestiones de soberanía, estatutos territoriales y líneas fronterizas, lo que, en un proceso de paz, requerirá mecanismos de legitimación más allá de una firma entre negociadores. Las controversias territoriales en Europa del Este, las Read More