El desafío de aplicar el DIH al uso de las tecnologías de la información y la comunicación durante los conflictos armados Francisco Javier Cepero Octubre 2026 Una colaboración de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central En una sala de hospital, un monitor deja de emitir señal. No hay explosiones ni humo. Una intrusión digital deliberada ha paralizado el sistema tecnológico que hace posible la atención médica. En cuestión de minutos, la interrupción pone vidas en riesgo. Esa escena, todavía percibida como excepcional en el marco de un conflicto armado, es cada vez más posible en un mundo crecientemente interconectado, donde las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son cada vez más importantes para la vida de las personas. Buena parte de lo que permite funcionar a una sociedad depende hoy de infraestructuras digitales interconectadas: desde los sistemas de salud, las redes eléctricas y el abastecimiento y tratamiento de agua hasta los registros civiles y la posibilidad de comunicarse con los seres queridos. Cuando las TIC se utilizan con fines maliciosos en los conflictos armados contemporáneos, las consecuencias pueden ser graves y prolongarse en el tiempo. El sector de la salud y las organizaciones humanitarias son particularmente vulnerables a las actividades maliciosas relacionadas con las TIC en los conflictos armados. Cuando se afecta la infraestructura crítica que permite brindar servicios esenciales, puede interrumpirse la atención médica, dificultarse la asistencia humanitaria y ponerse en riesgo a quienes la proporcionan. El resultado es que la ayuda puede no llegar a quienes más la necesitan y con mayor urgencia. En tiempos de conflicto armado, una operación cibernética puede paralizar servicios esenciales con efectos comparables —y, en ocasiones, incluso superiores— a los de las operaciones militares tradicionales, sin causar daños o destrucción físicos. Las redes sociales, por su parte, conllevan riesgos que pueden facilitar violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), como la difusión de información dañina, la instigación a cometer actos de violencia sexual o el reclutamiento o uso de niños y adolescentes en las hostilidades. El daño puede no ser tan visible como el de un disparo o una explosión, pero sus consecuencias pueden ser igualmente devastadoras. El DIH frente a la era digital La mayoría de los Estados ha reconocido que el DIH —el conjunto de normas que protege a las personas afectadas por los conflictos armados y limita los efectos de estos— también se aplica a las TIC durante los conflictos armados. Estas normas se basan en principios fundamentales como la humanidad, que busca reducir el sufrimiento; la necesidad militar, que limita las acciones a aquellas estrictamente necesarias para alcanzar un objetivo militar legítimo; la distinción, que exige a las partes diferenciar entre objetivos militares y bienes y personas civiles; la proporcionalidad, que prohíbe los ataques cuyos daños a la población civil sean excesivos en relación con la ventaja militar prevista, y la precaución, que exige a las partes tomar todas las medidas factibles para evitar o, al menos, minimizar los daños a la población y los bienes civiles, así como protegerlos de los efectos de los ataques. En los conflictos armados sigue vigente el imperativo humanitario de proteger a la población y los bienes civiles, distinguirlos de los objetivos militares y preservar la dignidad humana. En un entorno en el que la tecnología avanza con rapidez, los esfuerzos por fortalecer la aplicación del DIH deben mantener el mismo ritmo. En una sociedad digitalizada, la protección de las infraestructuras críticas que permiten brindar servicios esenciales a la población civil no puede depender de que su funcionamiento sea analógico o digital. Si el DIH establece que los hospitales y otras infraestructuras esenciales no deben ser atacados, esa protección debe extenderse también a la información, los datos y los sistemas que hacen posible su funcionamiento. En la actualidad, la velocidad de la innovación tecnológica no debería superar la capacidad de traducir los principios y las normas del DIH en una aplicación efectiva. Algunos consideran que enfrentamos un desajuste no porque falten normas, sino porque resulta difícil aplicarlas a escenarios que no fueron previstos cuando se formularon. La Corte Internacional de Justicia, en su Opinión Consultiva de 1996 sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, determinó que el DIH es plenamente aplicable a todas las armas y a todos los conflictos, pasados, presentes o futuros. La cuestión es cómo hacer efectivo el cumplimiento del derecho de la guerra en un entorno donde los datos, los sistemas y las infraestructuras de las TIC son esenciales para la vida civil. De las normas a la práctica En respuesta a este desfase, Brasil, China, Francia, Jordania, Kazajistán y Sudáfrica —junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)— han promovido una iniciativa mundial para impulsar el compromiso político con el DIH. Como parte de estos esfuerzos, Ghana, Luxemburgo, México, Suiza y el CICR lideran una línea de trabajo para impulsar que el uso de las TIC en los conflictos armados cumpla con estas normas. Entre las prioridades identificadas se encuentra la necesidad de proteger a la población civil, los datos y las infraestructuras civiles frente a las consecuencias perjudiciales de las actividades que no estén en línea con el DIH en el entorno de las TIC. También resulta esencial salvaguardar los servicios médicos y humanitarios de los daños derivados de estas actividades y prevenir su uso para facilitar violencia sexual, reclutamiento infantil o difusión de contenidos que contribuyan a violaciones del DIH. Esta línea de trabajo también pone de relieve la necesidad de minimizar los riesgos derivados del uso militar de la infraestructura civil de las TIC, así como aquellos que enfrentan las personas civiles que participan en actividades relacionadas con las mismas en el contexto de los conflictos armados. Durante los últimos 18 meses, esta línea de trabajo ha reunido a Estados de todas las regiones, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, instituciones académicas y representantes del sector tecnológico mediante cinco rondas de consultas mundiales y regionales,
El desafío de aplicar el DIH al uso de las tecnologías de la información y la comunicación durante los conflictos armados Francisco Javier Cepero Octubre 2026 Una colaboración de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central En una sala de hospital, un monitor deja de emitir señal. No hay explosiones ni humo. Una intrusión digital deliberada ha paralizado el sistema tecnológico que hace posible la atención médica. En cuestión de minutos, la interrupción pone vidas en riesgo. Esa escena, todavía percibida como excepcional en el marco de un conflicto armado, es cada vez más posible en un mundo crecientemente interconectado, donde las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son cada vez más importantes para la vida de las personas. Buena parte de lo que permite funcionar a una sociedad depende hoy de infraestructuras digitales interconectadas: desde los sistemas de salud, las redes eléctricas y el abastecimiento y tratamiento de agua hasta los registros civiles y la posibilidad de comunicarse con los seres queridos. Cuando las TIC se utilizan con fines maliciosos en los conflictos armados contemporáneos, las consecuencias pueden ser graves y prolongarse en el tiempo. El sector de la salud y las organizaciones humanitarias son particularmente vulnerables a las actividades maliciosas relacionadas con las TIC en los conflictos armados. Cuando se afecta la infraestructura crítica que permite brindar servicios esenciales, puede interrumpirse la atención médica, dificultarse la asistencia humanitaria y ponerse en riesgo a quienes la proporcionan. El resultado es que la ayuda puede no llegar a quienes más la necesitan y con mayor urgencia. En tiempos de conflicto armado, una operación cibernética puede paralizar servicios esenciales con efectos comparables —y, en ocasiones, incluso superiores— a los de las operaciones militares tradicionales, sin causar daños o destrucción físicos. Las redes sociales, por su parte, conllevan riesgos que pueden facilitar violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), como la difusión de información dañina, la instigación a cometer actos de violencia sexual o el reclutamiento o uso de niños y adolescentes en las hostilidades. El daño puede no ser tan visible como el de un disparo o una explosión, pero sus consecuencias pueden ser igualmente devastadoras. El DIH frente a la era digital La mayoría de los Estados ha reconocido que el DIH —el conjunto de normas que protege a las personas afectadas por los conflictos armados y limita los efectos de estos— también se aplica a las TIC durante los conflictos armados. Estas normas se basan en principios fundamentales como la humanidad, que busca reducir el sufrimiento; la necesidad militar, que limita las acciones a aquellas estrictamente necesarias para alcanzar un objetivo militar legítimo; la distinción, que exige a las partes diferenciar entre objetivos militares y bienes y personas civiles; la proporcionalidad, que prohíbe los ataques cuyos daños a la población civil sean excesivos en relación con la ventaja militar prevista, y la precaución, que exige a las partes tomar todas las medidas factibles para evitar o, al menos, minimizar los daños a la población y los bienes civiles, así como protegerlos de los efectos de los ataques. En los conflictos armados sigue vigente el imperativo humanitario de proteger a la población y los bienes civiles, distinguirlos de los objetivos militares y preservar la dignidad humana. En un entorno en el que la tecnología avanza con rapidez, los esfuerzos por fortalecer la aplicación del DIH deben mantener el mismo ritmo. En una sociedad digitalizada, la protección de las infraestructuras críticas que permiten brindar servicios esenciales a la población civil no puede depender de que su funcionamiento sea analógico o digital. Si el DIH establece que los hospitales y otras infraestructuras esenciales no deben ser atacados, esa protección debe extenderse también a la información, los datos y los sistemas que hacen posible su funcionamiento. En la actualidad, la velocidad de la innovación tecnológica no debería superar la capacidad de traducir los principios y las normas del DIH en una aplicación efectiva. Algunos consideran que enfrentamos un desajuste no porque falten normas, sino porque resulta difícil aplicarlas a escenarios que no fueron previstos cuando se formularon. La Corte Internacional de Justicia, en su Opinión Consultiva de 1996 sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, determinó que el DIH es plenamente aplicable a todas las armas y a todos los conflictos, pasados, presentes o futuros. La cuestión es cómo hacer efectivo el cumplimiento del derecho de la guerra en un entorno donde los datos, los sistemas y las infraestructuras de las TIC son esenciales para la vida civil. De las normas a la práctica En respuesta a este desfase, Brasil, China, Francia, Jordania, Kazajistán y Sudáfrica —junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)— han promovido una iniciativa mundial para impulsar el compromiso político con el DIH. Como parte de estos esfuerzos, Ghana, Luxemburgo, México, Suiza y el CICR lideran una línea de trabajo para impulsar que el uso de las TIC en los conflictos armados cumpla con estas normas. Entre las prioridades identificadas se encuentra la necesidad de proteger a la población civil, los datos y las infraestructuras civiles frente a las consecuencias perjudiciales de las actividades que no estén en línea con el DIH en el entorno de las TIC. También resulta esencial salvaguardar los servicios médicos y humanitarios de los daños derivados de estas actividades y prevenir su uso para facilitar violencia sexual, reclutamiento infantil o difusión de contenidos que contribuyan a violaciones del DIH. Esta línea de trabajo también pone de relieve la necesidad de minimizar los riesgos derivados del uso militar de la infraestructura civil de las TIC, así como aquellos que enfrentan las personas civiles que participan en actividades relacionadas con las mismas en el contexto de los conflictos armados. Durante los últimos 18 meses, esta línea de trabajo ha reunido a Estados de todas las regiones, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, instituciones académicas y representantes del sector tecnológico mediante cinco rondas de consultas mundiales y regionales, Read More