Centroamérica en la visión geopolítica de Estados Unidos en el siglo XXI Carlos Humberto Cascante Segura Junio 2026 Una colaboración del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México (CESPEM) En febrero de 2025, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realizó su primera gira de trabajo internacional por Centroamérica. La visita dejaba claro cómo, en el transcurso de los últimos 20 años, la región centroamericana pasó de tener un interés fragmentario y secundario a convertirse en una prioridad para la seguridad hemisférica de Estados Unidos. La decisión fue sorpresiva para los círculos diplomáticos del istmo, pues no ha sido común, en las últimas 3 décadas, que los gobiernos estadounidenses presten atención prioritaria a Centroamérica durante sus primeros meses de mandato. El mensaje de Rubio fue claro y contundente: para el imaginario geopolítico del segundo gobierno de Donald Trump, la región constituye una parte del territorio geopolítico de Estados Unidos, pero, a la vez, una zona de riesgo debido a la migración, la presencia de actividades ligadas al narcotráfico y la inversión china en “infraestructuras críticas”, como el canal de Panamá, algunos puertos y las redes 5G. Aunque este interés pueda parecer un signo de renovación de la política de Washington hacia los países centroamericanos, en realidad es el resultado de un proceso acumulativo. En él han participado distintas agencias del sistema de seguridad estadounidense, en especial el Comando Sur. De ahí la importancia de analizar dicho proceso evolutivo y sus consecuencias en el corto plazo. Fragmentariedad y distancia Al finalizar la Guerra Fría, Estados Unidos pasó de tener una presencia predominante y regular en Centroamérica a una más fragmentaria. Sin perder influencia, la agenda fue más puntual y estuvo conformada principalmente por asuntos comerciales y migratorios. Para un lector de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la primera década del siglo XXI, la relevancia de la región centroamericana resultaba diminuta dentro de la gran política de Washington. El istmo no representaba, en la visión del gobierno de George W. Bush (2001-2009), un riesgo para la seguridad estadounidense y, por el contrario, la relación parecía asegurada con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) y un instrumento comercial similar con Panamá. Asimismo, las referencias a la región estuvieron ausentes en los documentos de esta índole emitidos durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017); de modo que, al menos en el código geopolítico estadounidense de esos primeros años, los países centroamericanos no constituían un punto de atención privilegiado. Eso se debió, en parte, debido al peso de Colombia y México como focos centrales de preocupación para las agencias estadounidenses, los países centroamericanos fueron vistos como una zona de paso gobernada por aliados que colaboraban en la lucha antinarcóticos. Sin embargo, conforme las bandas de narcotráfico empezaron a emplear rutas terrestres y marítimas, a desarrollar relaciones cada vez más cercanas con grupos locales y a interferir más en la política interna, la región ganó importancia. El Triángulo Norte de Centroamérica A partir de 2010, los reportes al Congreso del Comando Sur reflejaron un aumento de la preocupación por la situación del narcotráfico en Centroamérica. La inquietud en torno a la criminalidad en los países de la región llegó a equiparar las referencias sobre Colombia y México. No obstante, el Comando concentró su interés en El Salvador, Guatemala y Honduras, en contraste con los demás países, que no consideró tan afectados por las acciones del narcotráfico. Como resultado de esta distinción, denominó a este grupo de países como el Triángulo Norte de Centroamérica. En 2014 y 2015, Centroamérica añadió un componente adicional de notoriedad para los círculos de Washington. Las autoridades migratorias detectaron una gran cantidad de menores no acompañados que buscaban entrar por la frontera sur, lo que causó una crisis humanitaria con consecuencias políticas para el gobierno de Obama. Asimismo, la cantidad de migrantes irregulares provenientes de Centroamérica crecía a tasas superiores a la migración mexicana. El aumento de la migración coincidió con la consolidación de visiones internas y nativistas, vinculadas con la noción de pérdida del “Estados Unidos blanco y cristiano” a manos de extranjeros “no blancos”. Por ende, la securitización de la migración pasó a formar parte esencial de las campañas electorales estadounidenses de las últimas 2 décadas. Más que una política novedosa hacia la región, el avance del gobierno de Trump en Centroamérica ha sido el resultado de cambios acumulados durante los últimos 20 años. De tal manera, para el inicio del primer mandato de Trump, Centroamérica había escalado en las prioridades de los políticos estadounidenses. A mediados de ese gobierno, el vicepresidente Mike Pence presidió una reunión denominada Conferencia del Triángulo Norte sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica. En esta ocasión, Pence definió el papel del Triángulo Norte de Centroamérica para la seguridad estadounidense al señalar que estos países constituían el origen de buena parte de la criminalidad que afectaba a sus ciudades y que ello obligaba a una intervención decidida de Estados Unidos mediante políticas de mano dura. El gobierno de Biden modificaría en algo el tono, pero no las ideas centrales. En su política para combatir las raíces de la migración, partía de los mismos supuestos de peligrosidad, aunque añadía a la mano dura algunas políticas preventivas, y de desarrollo económico y social. Los efectos de este cambio de percepciones fueron más que discursivos. Entre 2010 y 2017 se produjo un aumento de la asistencia estadounidense a los países centroamericanos. En total, estos pasaron de recibir un promedio anual de 511.3 millones de dólares entre 2001 y 2009, a 614.7 millones de dólares entre 2010 y 2017. Este promedio se acercó a los fondos de cooperación desembolsados hacia Colombia, que durante ese periodo alcanzaron un promedio de 718.1 millones de dólares. La tendencia continuó a lo largo de la década, al punto de que, en 2024, los fondos dirigidos a Centroamérica superaron los desembolsados a Colombia. Del riesgo criminal a la amenaza geopolítica Si durante esos años Centroamérica fue vinculada con la amenaza
Centroamérica en la visión geopolítica de Estados Unidos en el siglo XXI Carlos Humberto Cascante Segura Junio 2026 Una colaboración del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México (CESPEM) En febrero de 2025, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realizó su primera gira de trabajo internacional por Centroamérica. La visita dejaba claro cómo, en el transcurso de los últimos 20 años, la región centroamericana pasó de tener un interés fragmentario y secundario a convertirse en una prioridad para la seguridad hemisférica de Estados Unidos. La decisión fue sorpresiva para los círculos diplomáticos del istmo, pues no ha sido común, en las últimas 3 décadas, que los gobiernos estadounidenses presten atención prioritaria a Centroamérica durante sus primeros meses de mandato. El mensaje de Rubio fue claro y contundente: para el imaginario geopolítico del segundo gobierno de Donald Trump, la región constituye una parte del territorio geopolítico de Estados Unidos, pero, a la vez, una zona de riesgo debido a la migración, la presencia de actividades ligadas al narcotráfico y la inversión china en “infraestructuras críticas”, como el canal de Panamá, algunos puertos y las redes 5G. Aunque este interés pueda parecer un signo de renovación de la política de Washington hacia los países centroamericanos, en realidad es el resultado de un proceso acumulativo. En él han participado distintas agencias del sistema de seguridad estadounidense, en especial el Comando Sur. De ahí la importancia de analizar dicho proceso evolutivo y sus consecuencias en el corto plazo. Fragmentariedad y distancia Al finalizar la Guerra Fría, Estados Unidos pasó de tener una presencia predominante y regular en Centroamérica a una más fragmentaria. Sin perder influencia, la agenda fue más puntual y estuvo conformada principalmente por asuntos comerciales y migratorios. Para un lector de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la primera década del siglo XXI, la relevancia de la región centroamericana resultaba diminuta dentro de la gran política de Washington. El istmo no representaba, en la visión del gobierno de George W. Bush (2001-2009), un riesgo para la seguridad estadounidense y, por el contrario, la relación parecía asegurada con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) y un instrumento comercial similar con Panamá. Asimismo, las referencias a la región estuvieron ausentes en los documentos de esta índole emitidos durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017); de modo que, al menos en el código geopolítico estadounidense de esos primeros años, los países centroamericanos no constituían un punto de atención privilegiado. Eso se debió, en parte, debido al peso de Colombia y México como focos centrales de preocupación para las agencias estadounidenses, los países centroamericanos fueron vistos como una zona de paso gobernada por aliados que colaboraban en la lucha antinarcóticos. Sin embargo, conforme las bandas de narcotráfico empezaron a emplear rutas terrestres y marítimas, a desarrollar relaciones cada vez más cercanas con grupos locales y a interferir más en la política interna, la región ganó importancia. El Triángulo Norte de Centroamérica A partir de 2010, los reportes al Congreso del Comando Sur reflejaron un aumento de la preocupación por la situación del narcotráfico en Centroamérica. La inquietud en torno a la criminalidad en los países de la región llegó a equiparar las referencias sobre Colombia y México. No obstante, el Comando concentró su interés en El Salvador, Guatemala y Honduras, en contraste con los demás países, que no consideró tan afectados por las acciones del narcotráfico. Como resultado de esta distinción, denominó a este grupo de países como el Triángulo Norte de Centroamérica. En 2014 y 2015, Centroamérica añadió un componente adicional de notoriedad para los círculos de Washington. Las autoridades migratorias detectaron una gran cantidad de menores no acompañados que buscaban entrar por la frontera sur, lo que causó una crisis humanitaria con consecuencias políticas para el gobierno de Obama. Asimismo, la cantidad de migrantes irregulares provenientes de Centroamérica crecía a tasas superiores a la migración mexicana. El aumento de la migración coincidió con la consolidación de visiones internas y nativistas, vinculadas con la noción de pérdida del “Estados Unidos blanco y cristiano” a manos de extranjeros “no blancos”. Por ende, la securitización de la migración pasó a formar parte esencial de las campañas electorales estadounidenses de las últimas 2 décadas. Más que una política novedosa hacia la región, el avance del gobierno de Trump en Centroamérica ha sido el resultado de cambios acumulados durante los últimos 20 años. De tal manera, para el inicio del primer mandato de Trump, Centroamérica había escalado en las prioridades de los políticos estadounidenses. A mediados de ese gobierno, el vicepresidente Mike Pence presidió una reunión denominada Conferencia del Triángulo Norte sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica. En esta ocasión, Pence definió el papel del Triángulo Norte de Centroamérica para la seguridad estadounidense al señalar que estos países constituían el origen de buena parte de la criminalidad que afectaba a sus ciudades y que ello obligaba a una intervención decidida de Estados Unidos mediante políticas de mano dura. El gobierno de Biden modificaría en algo el tono, pero no las ideas centrales. En su política para combatir las raíces de la migración, partía de los mismos supuestos de peligrosidad, aunque añadía a la mano dura algunas políticas preventivas, y de desarrollo económico y social. Los efectos de este cambio de percepciones fueron más que discursivos. Entre 2010 y 2017 se produjo un aumento de la asistencia estadounidense a los países centroamericanos. En total, estos pasaron de recibir un promedio anual de 511.3 millones de dólares entre 2001 y 2009, a 614.7 millones de dólares entre 2010 y 2017. Este promedio se acercó a los fondos de cooperación desembolsados hacia Colombia, que durante ese periodo alcanzaron un promedio de 718.1 millones de dólares. La tendencia continuó a lo largo de la década, al punto de que, en 2024, los fondos dirigidos a Centroamérica superaron los desembolsados a Colombia. Del riesgo criminal a la amenaza geopolítica Si durante esos años Centroamérica fue vinculada con la amenaza Read More