Retroceso en las políticas de equidad racial y erosión institucional Jonathan Grabinsky Abril 2026 De la sección Opiniones Oportunas del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Desde su llegada al poder en enero de 2025, el ejecutivo federal estadounidense ha emprendido un desmantelamiento sistemático de la arquitectura institucional democrática. La velocidad y la profundidad de estos cambios sugieren que, aun si en los próximos años se produjeran alternancias políticas, el daño podría ser irreversible. En el frente cultural, la ofensiva ha sido particularmente feroz: bajo la bandera de combatir la llamada “cultura woke” —un término tan estirado por sus críticos que ha quedado vacío de contenido— se han erosionado las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y diversas protecciones legales fundamentales para la población afroestadounidense, establecidas durante el gobierno de Lyndon B. Johnson y posteriormente reforzadas y ampliadas por gobiernos sucesivos. Se trata, en conjunto, de un retroceso profundo frente a décadas de avances orientados a desmontar la segregación racial, inscrita de manera estructural en el tejido social estadounidense desde su fundación. La exclusión social y sus efectos en las comunidades afroestadounidenses El racismo contra las poblaciones afroestadounidenses se entretejió durante siglos en las estructuras sociales y políticas del país. Como señala Annette Gordon-Reed en Foreign Affairs (vol., 97 núm. 1), la Constitución de 1787 contabilizó a las personas esclavizadas como tres quintas partes para efectos de representación en la Cámara de Representantes y postergó la discusión sobre la abolición del comercio de esclavos hasta 1808. Si bien las Enmiendas Constitucionales de la Reconstrucción, tras la Guerra Civil, abolieron formalmente la esclavitud y prohibieron la discriminación en el voto, la falta de mecanismos efectivos permitió la consolidación de la segregación durante la era Jim Crow. El bloqueo en el Congreso frenó los avances durante décadas, hasta la aprobación de las grandes leyes de derechos civiles durante el mandato de Johnson en la década de 1960, como documenta Robert Caro en Master of the Senate (2003). En paralelo, como ilustra Richard Rothstein en The Color of Law (2017), la segregación racial ha sido un factor angular en el desarrollo urbano a nivel nacional desde la Guerra Civil, codificada en el propio código genético de las ciudades mediante políticas públicas como la vivienda segregada y la zonificación excluyente. Los efectos de este aparato de segregación se manifiestan en múltiples dimensiones. Un estudio de 2019 del Laboratorio de Oportunidades de la Universidad de Harvard analiza datos de casi toda la población entre 1989 y 2015, vinculando censos, impuestos y encuestas de hogares para seguir a 20 millones de niños nacidos entre 1978 y 1983. Los resultados muestran que en 99% de los barrios los niños afroestadounidenses tienen menores ingresos en la adultez que sus pares blancos, incluso cuando crecen en la misma calle, lo cual no se observa entre las niñas. Como ilustra la gráfica 1, esta desigualdad persiste por generaciones. Gráfica 1: Ingresos de los hijos vs. ingresos de los padres, para hombres afroestadounidenses y blancos No obstante, aunque lejos de nivelar plenamente las oportunidades, se observan avances importantes en generaciones recientes. Un estudio posterior de 2024 del mismo Laboratorio de Oportunidades muestra que, entre quienes nacieron en 1992 y quienes nacieron en 1978, la diferencia en ingresos promedio entre hogares afroestadounidenses y blancos de bajos recursos se redujo 27%, de 12 994 a 9521 dólares. El estudio destaca que las mejoras en la movilidad económica están determinadas principalmente por las condiciones comunitarias —más que por características familiares individuales—, y subraya el papel central del capital social y de las interacciones comunitarias, incluidas las interraciales, en este proceso. Dichas mejoras en las comunidades pueden vincularse con políticas con enfoque racial impulsadas en las últimas 3 décadas. Durante el gobierno de William Clinton, se reforzó la aplicación de normas antidiscriminatorias en programas federales, se redujeron las barreras al voto mediante la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 y se implementó el programa de desegregación urbana Mudarse a la Oportunidad, con efectos positivos para las familias beneficiarias. Por su parte, durante el mandato de George W. Bush, aunque hubo retrocesos, como señala Goodwin Liu, la política educativa Que Ningún Niño se Quede Atrás impulsó avances al exigir la desagregación de datos por raza y la atención a las brechas en el desempeño académico entre las minorías y el alumnado en general. Aunque se opuso a la acción afirmativa en las admisiones, Bush instó a promover una mayor diversidad en la educación superior. Con Barack Obama, como documenta Andra Gillespie, se incrementó el financiamiento de agencias clave en la lucha contra la discriminación laboral, y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia amplió su personal. La promulgación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible en 2009 resultó particularmente sensible a las vulnerabilidades de las personas afroestadounidenses, dado que cerca de 17% de ellas carecía de seguro médico en 2008. En 2014, Obama lanzó la iniciativa Hermanos Guardianes, orientada a mejorar las trayectorias de vida de jóvenes de minorías. Posteriormente, en 2021, el presidente Joseph R. Biden emitió la Orden Ejecutiva 13985 —Promoción de la Equidad Racial y Apoyo a las Comunidades Desatendidas a través del Gobierno Federal—, institucionalizando la incorporación de la equidad racial en la acción pública al exigir a las agencias federales que identifiquen y corrijan brechas en sus políticas y programas. Los ataques contra el DEI Avances de décadas en equidad de oportunidades se han revertido durante el actual gobierno de Donald Trump. Entre sus primeras medidas, se desmanteló la Orden Ejecutiva 13985 y eliminó iniciativas y criterios de DEI en el gobierno federal. Además, la mayoría conservadora en la Suprema Corte —consolidada durante su primer mandato— fue clave en el fallo de 2023 que prohibió la acción afirmativa en las admisiones universitarias. En este contexto, en 2025, el Departamento de Educación instruyó a las instituciones a evitar el uso indirecto de la raza y a no recurrir a terceros para eludir dichas prohibiciones, bajo el riesgo de perder el financiamiento federal. Asimismo, se anticipa una decisión que podría
Retroceso en las políticas de equidad racial y erosión institucional Jonathan Grabinsky Abril 2026 De la sección Opiniones Oportunas del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Desde su llegada al poder en enero de 2025, el ejecutivo federal estadounidense ha emprendido un desmantelamiento sistemático de la arquitectura institucional democrática. La velocidad y la profundidad de estos cambios sugieren que, aun si en los próximos años se produjeran alternancias políticas, el daño podría ser irreversible. En el frente cultural, la ofensiva ha sido particularmente feroz: bajo la bandera de combatir la llamada “cultura woke” —un término tan estirado por sus críticos que ha quedado vacío de contenido— se han erosionado las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y diversas protecciones legales fundamentales para la población afroestadounidense, establecidas durante el gobierno de Lyndon B. Johnson y posteriormente reforzadas y ampliadas por gobiernos sucesivos. Se trata, en conjunto, de un retroceso profundo frente a décadas de avances orientados a desmontar la segregación racial, inscrita de manera estructural en el tejido social estadounidense desde su fundación. La exclusión social y sus efectos en las comunidades afroestadounidenses El racismo contra las poblaciones afroestadounidenses se entretejió durante siglos en las estructuras sociales y políticas del país. Como señala Annette Gordon-Reed en Foreign Affairs (vol., 97 núm. 1), la Constitución de 1787 contabilizó a las personas esclavizadas como tres quintas partes para efectos de representación en la Cámara de Representantes y postergó la discusión sobre la abolición del comercio de esclavos hasta 1808. Si bien las Enmiendas Constitucionales de la Reconstrucción, tras la Guerra Civil, abolieron formalmente la esclavitud y prohibieron la discriminación en el voto, la falta de mecanismos efectivos permitió la consolidación de la segregación durante la era Jim Crow. El bloqueo en el Congreso frenó los avances durante décadas, hasta la aprobación de las grandes leyes de derechos civiles durante el mandato de Johnson en la década de 1960, como documenta Robert Caro en Master of the Senate (2003). En paralelo, como ilustra Richard Rothstein en The Color of Law (2017), la segregación racial ha sido un factor angular en el desarrollo urbano a nivel nacional desde la Guerra Civil, codificada en el propio código genético de las ciudades mediante políticas públicas como la vivienda segregada y la zonificación excluyente. Los efectos de este aparato de segregación se manifiestan en múltiples dimensiones. Un estudio de 2019 del Laboratorio de Oportunidades de la Universidad de Harvard analiza datos de casi toda la población entre 1989 y 2015, vinculando censos, impuestos y encuestas de hogares para seguir a 20 millones de niños nacidos entre 1978 y 1983. Los resultados muestran que en 99% de los barrios los niños afroestadounidenses tienen menores ingresos en la adultez que sus pares blancos, incluso cuando crecen en la misma calle, lo cual no se observa entre las niñas. Como ilustra la gráfica 1, esta desigualdad persiste por generaciones. Gráfica 1: Ingresos de los hijos vs. ingresos de los padres, para hombres afroestadounidenses y blancos No obstante, aunque lejos de nivelar plenamente las oportunidades, se observan avances importantes en generaciones recientes. Un estudio posterior de 2024 del mismo Laboratorio de Oportunidades muestra que, entre quienes nacieron en 1992 y quienes nacieron en 1978, la diferencia en ingresos promedio entre hogares afroestadounidenses y blancos de bajos recursos se redujo 27%, de 12 994 a 9521 dólares. El estudio destaca que las mejoras en la movilidad económica están determinadas principalmente por las condiciones comunitarias —más que por características familiares individuales—, y subraya el papel central del capital social y de las interacciones comunitarias, incluidas las interraciales, en este proceso. Dichas mejoras en las comunidades pueden vincularse con políticas con enfoque racial impulsadas en las últimas 3 décadas. Durante el gobierno de William Clinton, se reforzó la aplicación de normas antidiscriminatorias en programas federales, se redujeron las barreras al voto mediante la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 y se implementó el programa de desegregación urbana Mudarse a la Oportunidad, con efectos positivos para las familias beneficiarias. Por su parte, durante el mandato de George W. Bush, aunque hubo retrocesos, como señala Goodwin Liu, la política educativa Que Ningún Niño se Quede Atrás impulsó avances al exigir la desagregación de datos por raza y la atención a las brechas en el desempeño académico entre las minorías y el alumnado en general. Aunque se opuso a la acción afirmativa en las admisiones, Bush instó a promover una mayor diversidad en la educación superior. Con Barack Obama, como documenta Andra Gillespie, se incrementó el financiamiento de agencias clave en la lucha contra la discriminación laboral, y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia amplió su personal. La promulgación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible en 2009 resultó particularmente sensible a las vulnerabilidades de las personas afroestadounidenses, dado que cerca de 17% de ellas carecía de seguro médico en 2008. En 2014, Obama lanzó la iniciativa Hermanos Guardianes, orientada a mejorar las trayectorias de vida de jóvenes de minorías. Posteriormente, en 2021, el presidente Joseph R. Biden emitió la Orden Ejecutiva 13985 —Promoción de la Equidad Racial y Apoyo a las Comunidades Desatendidas a través del Gobierno Federal—, institucionalizando la incorporación de la equidad racial en la acción pública al exigir a las agencias federales que identifiquen y corrijan brechas en sus políticas y programas. Los ataques contra el DEI Avances de décadas en equidad de oportunidades se han revertido durante el actual gobierno de Donald Trump. Entre sus primeras medidas, se desmanteló la Orden Ejecutiva 13985 y eliminó iniciativas y criterios de DEI en el gobierno federal. Además, la mayoría conservadora en la Suprema Corte —consolidada durante su primer mandato— fue clave en el fallo de 2023 que prohibió la acción afirmativa en las admisiones universitarias. En este contexto, en 2025, el Departamento de Educación instruyó a las instituciones a evitar el uso indirecto de la raza y a no recurrir a terceros para eludir dichas prohibiciones, bajo el riesgo de perder el financiamiento federal. Asimismo, se anticipa una decisión que podría Read More