La vulnerabilidad estratégica de las operaciones anticártel en México Jonathan Röders y Erin K. McFee Abril 2026 Para el gobierno de México, la muerte de Rubén Oseguera Cervantes —identificado también como Nemesio Oseguera Cervantes o el Mencho—, puede narrarse como un golpe decisivo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): un objetivo de alto valor eliminado, una estructura de mando perturbada y un símbolo de determinación entregado. En Estados Unidos, por su parte, desde hace tiempo se privilegia la focalización de objetivos de alto valor (HVT) como una métrica visible de progreso en la cooperación antidrogas contra los cárteles, y funcionarios estadounidenses han enfatizado el apoyo de inteligencia a la operación. Sin embargo, el “después” reabre un dilema estratégico que las campañas de decapitación rara vez resuelven y con frecuencia profundizan, como ilustró recientemente la captura del líder del cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada García, en julio de 2024. A partir de datos de campo originales en Sinaloa, se puede asegurar que la remoción del liderazgo, por sí sola, no desmantela el poder de los cárteles. Por el contrario, puede fracturar órdenes ilícitos relativamente estables y aumentar el riesgo para la población civil, además de reproducir las condiciones estructurales que permiten a los cárteles persistir como actores sociales, económicos e incluso de gobernanza. La eliminación de HVT puede detonar disputas sucesorias, a medida que facciones rivales buscan consolidar territorio, flujos de ingresos e influencia local. El resultado suele ser una espiral de violencia y una disrupción profunda de la vida económica y social. En Sinaloa, los choques intracártel han producido más de 4000 muertes y desapariciones, destruido más de 25 000 empleos y generado cerca de 900 millones de dólares en pérdidas. Aunque la ola inmediata de represalias del CJNG en Puerto Vallarta, Guadalajara, Ciudad Guzmán y otras partes de Jalisco se ha calmado por ahora, el panorama de liderazgo sigue sin resolverse, dejando abierta la posibilidad de confrontaciones que repliquen la trayectoria observada en Sinaloa. Cuando la violencia invade la vida cotidiana En Sinaloa, la vida pública se ha contraído bajo una sensación generalizada de ausencia de ley. Con los tiroteos, los robos de vehículos y los secuestros normalizados, madres y padres mantienen a sus hijos en casa, disminuye el movimiento después del anochecer y se erosiona la confianza, tanto en la protección del Estado como en los desconocidos. Esta contracción social alimenta la crisis a largo plazo. La infraestructura cívica —parques, clubes deportivos, programas comunitarios, escuelas, iglesias y clínicas— funciona simultáneamente como resiliencia y disuasión: sostiene el apoyo mutuo y el intercambio social, al tiempo que reduce el espacio físico y social disponible para la gobernanza ilícita. El “después” de la decapitación no debería evaluarse únicamente en recuentos de homicidios, sino en términos de capacidad cívica. Sin embargo, las guerras sucesorias entre cárteles a menudo convierten estas instituciones en objetivos. Los programas deportivos, por ejemplo, pueden anclar a la juventud en autoridades prosociales y estrechar las vías de reclutamiento criminal. Aun así, el 26 de febrero de 2026, un hombre de 25 años fue asesinado junto a una popular cancha de futbol en Culiacán. La misma lógica se aplica a los centros de rehabilitación —rutas de salida comunes de la vida en el cártel— que fueron atacados en abril de 2025, cuando hombres armados irrumpieron en tres instalaciones en un solo día, matando a 9 personas y retirando por la fuerza a 270 pacientes. La resiliencia cívica como estrategia de seguridad El “después” de la decapitación no debería evaluarse únicamente en recuentos de homicidios, sino en términos de capacidad cívica: si la población aún puede utilizar el espacio público con seguridad, organizarse localmente y mantener en funcionamiento instituciones vitales. Esto exige secuenciar cualquier golpe HVT con protección prestablecida para la infraestructura civil, en lugar de improvisar una vez que la violencia se dispara, así como apoyo de estabilización para evitar el colapso de la sociedad civil y de los pequeños negocios. De lo contrario, los costos para la población civil se acumulan en una inseguridad más profunda y terminan por borrar la ganancia táctica; una lección que podría también manifestarse en territorios bajo influencia del CJNG. Más allá de metas operativas concretas, esto requeriría además un ajuste de cuentas con el abandono estructural que durante décadas ha alimentado la capacidad de los cárteles para insertarse en la sociedad mexicana. JONATHAN RÖDERS es Director de Proyectos y Programas del Corioli Institute. Es maestro en Política Social y Pública Internacional por la London School of Economics and Political Science (LSE) y licenciado en Ciencia Política por la Freie Universität Berlin. Sígalo en X en @JonathanRoders. ERIN K. MCFEE es fundadora y Directora Ejecutiva del Corioli Institute, así como investigadora principal no residente en el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council. Es doctora y maestra en Desarrollo Humano por la University of Chicago. Sígala en X en @CorioliInst.
La vulnerabilidad estratégica de las operaciones anticártel en México Jonathan Röders y Erin K. McFee Abril 2026 Para el gobierno de México, la muerte de Rubén Oseguera Cervantes —identificado también como Nemesio Oseguera Cervantes o el Mencho—, puede narrarse como un golpe decisivo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): un objetivo de alto valor eliminado, una estructura de mando perturbada y un símbolo de determinación entregado. En Estados Unidos, por su parte, desde hace tiempo se privilegia la focalización de objetivos de alto valor (HVT) como una métrica visible de progreso en la cooperación antidrogas contra los cárteles, y funcionarios estadounidenses han enfatizado el apoyo de inteligencia a la operación. Sin embargo, el “después” reabre un dilema estratégico que las campañas de decapitación rara vez resuelven y con frecuencia profundizan, como ilustró recientemente la captura del líder del cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada García, en julio de 2024. A partir de datos de campo originales en Sinaloa, se puede asegurar que la remoción del liderazgo, por sí sola, no desmantela el poder de los cárteles. Por el contrario, puede fracturar órdenes ilícitos relativamente estables y aumentar el riesgo para la población civil, además de reproducir las condiciones estructurales que permiten a los cárteles persistir como actores sociales, económicos e incluso de gobernanza. La eliminación de HVT puede detonar disputas sucesorias, a medida que facciones rivales buscan consolidar territorio, flujos de ingresos e influencia local. El resultado suele ser una espiral de violencia y una disrupción profunda de la vida económica y social. En Sinaloa, los choques intracártel han producido más de 4000 muertes y desapariciones, destruido más de 25 000 empleos y generado cerca de 900 millones de dólares en pérdidas. Aunque la ola inmediata de represalias del CJNG en Puerto Vallarta, Guadalajara, Ciudad Guzmán y otras partes de Jalisco se ha calmado por ahora, el panorama de liderazgo sigue sin resolverse, dejando abierta la posibilidad de confrontaciones que repliquen la trayectoria observada en Sinaloa. Cuando la violencia invade la vida cotidiana En Sinaloa, la vida pública se ha contraído bajo una sensación generalizada de ausencia de ley. Con los tiroteos, los robos de vehículos y los secuestros normalizados, madres y padres mantienen a sus hijos en casa, disminuye el movimiento después del anochecer y se erosiona la confianza, tanto en la protección del Estado como en los desconocidos. Esta contracción social alimenta la crisis a largo plazo. La infraestructura cívica —parques, clubes deportivos, programas comunitarios, escuelas, iglesias y clínicas— funciona simultáneamente como resiliencia y disuasión: sostiene el apoyo mutuo y el intercambio social, al tiempo que reduce el espacio físico y social disponible para la gobernanza ilícita. El “después” de la decapitación no debería evaluarse únicamente en recuentos de homicidios, sino en términos de capacidad cívica. Sin embargo, las guerras sucesorias entre cárteles a menudo convierten estas instituciones en objetivos. Los programas deportivos, por ejemplo, pueden anclar a la juventud en autoridades prosociales y estrechar las vías de reclutamiento criminal. Aun así, el 26 de febrero de 2026, un hombre de 25 años fue asesinado junto a una popular cancha de futbol en Culiacán. La misma lógica se aplica a los centros de rehabilitación —rutas de salida comunes de la vida en el cártel— que fueron atacados en abril de 2025, cuando hombres armados irrumpieron en tres instalaciones en un solo día, matando a 9 personas y retirando por la fuerza a 270 pacientes. La resiliencia cívica como estrategia de seguridad El “después” de la decapitación no debería evaluarse únicamente en recuentos de homicidios, sino en términos de capacidad cívica: si la población aún puede utilizar el espacio público con seguridad, organizarse localmente y mantener en funcionamiento instituciones vitales. Esto exige secuenciar cualquier golpe HVT con protección prestablecida para la infraestructura civil, en lugar de improvisar una vez que la violencia se dispara, así como apoyo de estabilización para evitar el colapso de la sociedad civil y de los pequeños negocios. De lo contrario, los costos para la población civil se acumulan en una inseguridad más profunda y terminan por borrar la ganancia táctica; una lección que podría también manifestarse en territorios bajo influencia del CJNG. Más allá de metas operativas concretas, esto requeriría además un ajuste de cuentas con el abandono estructural que durante décadas ha alimentado la capacidad de los cárteles para insertarse en la sociedad mexicana. JONATHAN RÖDERS es Director de Proyectos y Programas del Corioli Institute. Es maestro en Política Social y Pública Internacional por la London School of Economics and Political Science (LSE) y licenciado en Ciencia Política por la Freie Universität Berlin. Sígalo en X en @JonathanRoders. ERIN K. MCFEE es fundadora y Directora Ejecutiva del Corioli Institute, así como investigadora principal no residente en el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council. Es doctora y maestra en Desarrollo Humano por la University of Chicago. Sígala en X en @CorioliInst. Read More