La Venezuela de los Rodríguez frente al pragmatismo de Trump Luis Uzcátegui Septiembre 2026 La crisis venezolana ha entrado en una fase en la que la retórica de la confrontación ideológica resulta cada vez menos útil para explicar su evolución. La dinámica actual responde, sobre todo, a una lógica de realpolitik. La consolidación de la estructura de poder político y económico encabezada por los hermanos Rodríguez coincide con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien privilegia una lógica transaccional basada en cálculos de costo-beneficio. En este contexto, el futuro de Venezuela ya no depende únicamente de los discursos sobre la democracia y la libertad, sino de la tensión entre las demandas de democratización impulsadas por amplios sectores de la sociedad civil venezolana, articulados en torno a María Corina Machado, y un conjunto de intereses energéticos, migratorios y de seguridad, en el que los valores democráticos suelen quedar subordinados a consideraciones estratégicas. La mutación de la nomenklatura La permanencia en el poder del entorno de los hermanos Rodríguez –Delcy como Presidenta encargada y Jorge como Presidente de la Asamblea Nacional– y del entramado civil que sostiene al actual gobierno venezolano no responde a un aislamiento dogmático, sino a una notable capacidad de adaptación económica en un contexto de presión externa. El modelo distributivo que caracterizó las primeras etapas del chavismo se ha agotado y, en su lugar, la élite gobernante ha impulsado un esquema de capitalismo de Estado de carácter autoritario, que combina un fuerte control político centralizado y mecanismos de coerción selectiva con una apertura económica pragmática y parcialmente desregulada. Esta estabilización macroeconómica de facto, sustentada en la dolarización informal y en una privatización gradual de activos estatales, busca reducir las presiones sociales. Mediante la creación de espacios de consumo y la reactivación de determinados circuitos comerciales, el grupo gobernante pretende normalizar sus flujos financieros y consolidar garantías de permanencia institucional en el largo plazo. Consciente de los cuestionamientos sobre su legitimidad de origen, apuesta por una ventaja de hecho: el control del territorio, de las fuerzas armadas y de la infraestructura estratégica del país. Su mensaje hacia el exterior puede resumirse en una fórmula sencilla: ofrecer estabilidad y orden a cambio de reconocimiento práctico. La óptica de Washington Frente a este control territorial, la política de Washington hacia Caracas parece haberse alejado del enfoque de “máxima presión” adoptado en 2019. El regreso de Trump introduce una lógica marcadamente transaccional en la relación con Venezuela. Desde esa perspectiva, el país deja de ser concebido principalmente como una causa de democratización para convertirse en una cuestión definida por tres intereses estratégicos de política interna y exterior. El primero es el energético. La volatilidad en el Medio Oriente y la necesidad de asegurar cadenas de suministro confiables han devuelto al petróleo venezolano un renovado valor estratégico por su cercanía a las refinerías de la costa del golfo de México. La flexibilización sostenida de licencias para empresas estadounidenses refleja que la seguridad energética ocupa un lugar prioritario en la agenda de Washington, incluso por encima de los objetivos de democratización. Un acuerdo que pretenda pacificar a Venezuela, dejando fuera al factor político que unifica a la inmensa mayoría del país, nace muerto. El segundo factor es el migratorio, uno de los ejes centrales de la agenda de Trump. Para hacer efectivas las deportaciones y contener los flujos migratorios, Washington requiere canales de comunicación con quienes ejercen el poder efectivo en Caracas. Ello otorga al grupo gobernante una capacidad adicional de negociación en la relación bilateral. Por último, la competencia geopolítica con China, Irán y Rusia lleva a la Casa Blanca a intentar reducir la influencia de estas potencias en el Caribe. Desde una lógica de realpolitik, si ese objetivo exige priorizar la cooperación con un régimen autoritario que facilite determinados intereses estratégicos, es probable que Washington privilegie esa opción frente a otras consideraciones. El factor Machado y el veto soberano En este complejo entramado de negociaciones, el liderazgo de Machado constituye el principal elemento de tensión frente a una eventual convergencia de intereses entre Caracas y Washington. La líder opositora no representa únicamente una alternativa electoral, sino el principal referente de una demanda de reconstrucción institucional y democrática que una parte significativa de la sociedad venezolana ha respaldado. Esa posición la sitúa en tensión tanto con la élite gobernante como con el enfoque pragmático que parece orientar la política exterior estadounidense. Para el entorno de los hermanos Rodríguez, excluir a Machado de la competencia política constituye una condición para preservar el esquema de poder vigente. Desde la perspectiva del gobierno de Trump, en cambio, el movimiento democrático venezolano corre el riesgo de quedar subordinado a objetivos estratégicos más inmediatos, en la medida en que las prioridades energéticas, migratorias y de seguridad prevalezcan sobre las de democratización. Bajo una lógica de realpolitik, una estabilidad política previsible puede resultar más atractiva que una transición cuyo desenlace sea incierto. Frente a esa posibilidad, la principal fortaleza de Machado radica en transformar su legitimidad política y social en un factor que incremente los costos de cualquier intento de normalización internacional que prescinda de una apertura democrática. Ello implica proyectar hacia los mercados y los principales centros de poder la idea de que la estabilidad ofrecida por el actual gobierno podría carecer de bases sólidas mientras persistan profundas restricciones a los derechos políticos y un amplio descontento social crónico. Al mismo tiempo, la oposición democrática venezolana necesita diversificar sus interlocutores en Estados Unidos. Además del poder ejecutivo, deberá fortalecer sus vínculos con el Congreso, los centros de análisis y los sectores institucionales que consideran que la consolidación de un Estado con graves déficits de institucionalidad en el Caribe representa, en el mediano plazo, un peligro estratégico para el hemisferio, por más lucrativos que resulten los contratos petroleros inmediatos de Chevron y de otras empresas aliadas. La paradoja del cierre La brecha entre el Estado fáctico que hoy gobierna y la ciudadanía que resiste parece ensancharse. Si el gobierno de Trump termina por priorizar el
La Venezuela de los Rodríguez frente al pragmatismo de Trump Luis Uzcátegui Septiembre 2026 La crisis venezolana ha entrado en una fase en la que la retórica de la confrontación ideológica resulta cada vez menos útil para explicar su evolución. La dinámica actual responde, sobre todo, a una lógica de realpolitik. La consolidación de la estructura de poder político y económico encabezada por los hermanos Rodríguez coincide con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien privilegia una lógica transaccional basada en cálculos de costo-beneficio. En este contexto, el futuro de Venezuela ya no depende únicamente de los discursos sobre la democracia y la libertad, sino de la tensión entre las demandas de democratización impulsadas por amplios sectores de la sociedad civil venezolana, articulados en torno a María Corina Machado, y un conjunto de intereses energéticos, migratorios y de seguridad, en el que los valores democráticos suelen quedar subordinados a consideraciones estratégicas. La mutación de la nomenklatura La permanencia en el poder del entorno de los hermanos Rodríguez –Delcy como Presidenta encargada y Jorge como Presidente de la Asamblea Nacional– y del entramado civil que sostiene al actual gobierno venezolano no responde a un aislamiento dogmático, sino a una notable capacidad de adaptación económica en un contexto de presión externa. El modelo distributivo que caracterizó las primeras etapas del chavismo se ha agotado y, en su lugar, la élite gobernante ha impulsado un esquema de capitalismo de Estado de carácter autoritario, que combina un fuerte control político centralizado y mecanismos de coerción selectiva con una apertura económica pragmática y parcialmente desregulada. Esta estabilización macroeconómica de facto, sustentada en la dolarización informal y en una privatización gradual de activos estatales, busca reducir las presiones sociales. Mediante la creación de espacios de consumo y la reactivación de determinados circuitos comerciales, el grupo gobernante pretende normalizar sus flujos financieros y consolidar garantías de permanencia institucional en el largo plazo. Consciente de los cuestionamientos sobre su legitimidad de origen, apuesta por una ventaja de hecho: el control del territorio, de las fuerzas armadas y de la infraestructura estratégica del país. Su mensaje hacia el exterior puede resumirse en una fórmula sencilla: ofrecer estabilidad y orden a cambio de reconocimiento práctico. La óptica de Washington Frente a este control territorial, la política de Washington hacia Caracas parece haberse alejado del enfoque de “máxima presión” adoptado en 2019. El regreso de Trump introduce una lógica marcadamente transaccional en la relación con Venezuela. Desde esa perspectiva, el país deja de ser concebido principalmente como una causa de democratización para convertirse en una cuestión definida por tres intereses estratégicos de política interna y exterior. El primero es el energético. La volatilidad en el Medio Oriente y la necesidad de asegurar cadenas de suministro confiables han devuelto al petróleo venezolano un renovado valor estratégico por su cercanía a las refinerías de la costa del golfo de México. La flexibilización sostenida de licencias para empresas estadounidenses refleja que la seguridad energética ocupa un lugar prioritario en la agenda de Washington, incluso por encima de los objetivos de democratización. Un acuerdo que pretenda pacificar a Venezuela, dejando fuera al factor político que unifica a la inmensa mayoría del país, nace muerto. El segundo factor es el migratorio, uno de los ejes centrales de la agenda de Trump. Para hacer efectivas las deportaciones y contener los flujos migratorios, Washington requiere canales de comunicación con quienes ejercen el poder efectivo en Caracas. Ello otorga al grupo gobernante una capacidad adicional de negociación en la relación bilateral. Por último, la competencia geopolítica con China, Irán y Rusia lleva a la Casa Blanca a intentar reducir la influencia de estas potencias en el Caribe. Desde una lógica de realpolitik, si ese objetivo exige priorizar la cooperación con un régimen autoritario que facilite determinados intereses estratégicos, es probable que Washington privilegie esa opción frente a otras consideraciones. El factor Machado y el veto soberano En este complejo entramado de negociaciones, el liderazgo de Machado constituye el principal elemento de tensión frente a una eventual convergencia de intereses entre Caracas y Washington. La líder opositora no representa únicamente una alternativa electoral, sino el principal referente de una demanda de reconstrucción institucional y democrática que una parte significativa de la sociedad venezolana ha respaldado. Esa posición la sitúa en tensión tanto con la élite gobernante como con el enfoque pragmático que parece orientar la política exterior estadounidense. Para el entorno de los hermanos Rodríguez, excluir a Machado de la competencia política constituye una condición para preservar el esquema de poder vigente. Desde la perspectiva del gobierno de Trump, en cambio, el movimiento democrático venezolano corre el riesgo de quedar subordinado a objetivos estratégicos más inmediatos, en la medida en que las prioridades energéticas, migratorias y de seguridad prevalezcan sobre las de democratización. Bajo una lógica de realpolitik, una estabilidad política previsible puede resultar más atractiva que una transición cuyo desenlace sea incierto. Frente a esa posibilidad, la principal fortaleza de Machado radica en transformar su legitimidad política y social en un factor que incremente los costos de cualquier intento de normalización internacional que prescinda de una apertura democrática. Ello implica proyectar hacia los mercados y los principales centros de poder la idea de que la estabilidad ofrecida por el actual gobierno podría carecer de bases sólidas mientras persistan profundas restricciones a los derechos políticos y un amplio descontento social crónico. Al mismo tiempo, la oposición democrática venezolana necesita diversificar sus interlocutores en Estados Unidos. Además del poder ejecutivo, deberá fortalecer sus vínculos con el Congreso, los centros de análisis y los sectores institucionales que consideran que la consolidación de un Estado con graves déficits de institucionalidad en el Caribe representa, en el mediano plazo, un peligro estratégico para el hemisferio, por más lucrativos que resulten los contratos petroleros inmediatos de Chevron y de otras empresas aliadas. La paradoja del cierre La brecha entre el Estado fáctico que hoy gobierna y la ciudadanía que resiste parece ensancharse. Si el gobierno de Trump termina por priorizar el Read More