A propósito del informe de Amnistía Internacional sobre el 7 de octubre de 2023 Eduardo Muñiz Trejo Febrero 2026 “No preguntes por quién doblan las campanas: doblan por ti”, escribió John Donne en 1624 para recordarnos que todos los seres humanos estamos interconectados y que la pérdida de uno es una pérdida para todos. En esta perspectiva se inserta el informe “Targeting Civilians: Murder, Hostage-Taking and Other Violations by Palestinian Armed Groups in Israel and Gaza”, presentado el 11 de diciembre de 2025 por Amnistía Internacional. En el informe, la organización documenta violaciones graves a los derechos humanos y al Derecho Internacional cometidas por Hamás y otros grupos armados palestinos contra la población civil de Israel, centrándose en los ataques del 7 de octubre de 2023 y el secuestro de rehenes posterior. El contenido del informe nos ayuda a reconocer que, cuando dos grupos deciden exterminarse mutuamente, la primera víctima no es solo la vida humana, sino también la ética, porque se desdibujan los límites de lo permitido, en nombre de causas que consideran justas, pero que terminan erosionando los criterios que distinguen qué es aceptable, qué es necesario y qué puede ser sacrificado. En un conflicto, una parte del debate se organiza en torno a “equilibrar narrativas”. El texto presentado por Amnistía Internacional permite ir más allá, porque rescata distinciones éticas y jurídicas en un contexto político que dificulta trazar estos límites. Ayuda a nombrar hechos jurídicamente relevantes más allá de marcos maniqueos que reducen la crisis a una confrontación entre “buenos” y “malos”, y que invisibilizan que las principales víctimas son, una y otra vez, las poblaciones civiles sometidas a liderazgos belicistas en ambos lados de esta historia. Los hechos denunciados son contundentes: más de 1200 personas asesinadas, de las cuales 800 eran civiles, incluyendo a por lo menos 36 niñas y niños. Además, reporta que 251 personas fueron secuestradas y trasladadas a la Franja de Gaza (la mayoría liberadas o recuperadas al cierre del informe). Hubo múltiples víctimas de tortura física y psicológica, incluyendo violencia sexual y profanación de cadáveres. De igual forma, Amnistía Internacional concluye que la mayoría de las víctimas civiles fueron asesinadas por combatientes palestinos, y que la toma de rehenes y el trato subsecuente constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. Conviene subrayar que el informe no ignora el contexto estructural. Reconoce y denuncia explícitamente la ocupación prolongada, el régimen de apartheid y el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza. También recuerda que, tras los ataques, el gobierno de Israel lanzó una ofensiva militar que Amnistía Internacional ha calificado como genocidio. Son violaciones graves que deben ser nombradas y exigidas sin ambigüedades. Sin embargo, nada de eso está fuera del marco analítico, y justo por eso el documento resulta incómodo: se niega a convertir el contexto en una coartada. Responsabilidades individuales El asesinato deliberado de civiles, la toma de rehenes, la tortura, la violencia sexual y la profanación de cadáveres no son zonas grises, sino prohibiciones absolutas en el Derecho Internacional Humanitario y en el Estatuto de Roma. Quizá pueden ser objeto de análisis explicativo en términos políticos o históricos, pero no admiten justificación jurídica ni ética. En consecuencia, uno de los aportes más relevantes que se desprenden de la lectura del informe es su negativa a operar desde generalizaciones. Amnistía Internacional no atribuye responsabilidad a la población palestina en su conjunto, sino que distingue entre actores específicos: las Brigadas de Al Qassam, las Brigadas de Al Quds, las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, las Brigadas de la Resistencia Nacional y el Movimiento Muyahidín Palestino, así como entre combatientes sin afiliación clara y personas que se sumaron de manera oportunista a los ataques. Borrar los matices hoy es facilitar atrocidades mañana. El texto también distingue entre el gobierno de facto de Hamás en la Franja de Gaza y el de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, evitando confundir responsabilidades políticas y territoriales. Esto no debe verse como una mera formalidad analítica, sino como un acto de resistencia frente a la lógica del odio, que siempre empuja hacia el estigma colectivo. Borrar estos matices hoy es facilitar atrocidades mañana. De ahí que resulte falaz afirmar que reconocer los crímenes cometidos el 7 de octubre de 2023 equivale a justificar la ofensiva gubernamental israelí posterior. Nombrar asesinatos, secuestros y tortura no valida bombardeos masivos ni bloqueos de alimentos. Lo que sí hace es preservar la posibilidad, cada vez más frágil, de exigir responsabilidades individuales sin excepciones. Polarización narrativa y relativismo moral Más allá del caso concreto, desde mi perspectiva, este informe también abona a la atención de un problema general que atraviesa buena parte del debate público contemporáneo: la convergencia entre polarización narrativa y relativismo moral. Por un lado, están los discursos que niegan la complejidad del mundo y tratan de sustituir el pensamiento crítico por la exigencia de tomar partido, como si la realidad se agotara en el “ellos o nosotros”. Por otro lado, camina un relativismo moral que normaliza la idea de que los crímenes dejan de serlo cuando los cometen actores que, popularmente, son percibidos como legitimados para ello. Otorgar un fuero simbólico en función del contexto, lejos de ampliar la justicia, la vacía, porque implica renunciar a un principio elemental de la ética: la agencia. Las personas tenemos control sobre nuestras acciones. Podemos decidir entre abstenernos de causar daño, emplear la fuerza contra objetivos militares o atacar de manera premeditada, planificada, ventajosa y dirigida contra civiles indefensos. En un clima político donde hay una enorme tentación de acudir o negar al Derecho Internacional a conveniencia, este informe de Amnistía Internacional muestra la necesidad de sostener una gramática consistente y alejada de cálculos de oportunidad o popularidad. Es una decisión silenciosa, pero significativa porque apuesta a un compromiso con la ética universal y atemporal. Finalizo, la importancia de este documento no está en que “muestre” algo desconocido, no lo hace. Lo relevante es que insiste en distinguir cuando distinguir es impopular. Insiste en nombrar y en etiquetar
A propósito del informe de Amnistía Internacional sobre el 7 de octubre de 2023 Eduardo Muñiz Trejo Febrero 2026 “No preguntes por quién doblan las campanas: doblan por ti”, escribió John Donne en 1624 para recordarnos que todos los seres humanos estamos interconectados y que la pérdida de uno es una pérdida para todos. En esta perspectiva se inserta el informe “Targeting Civilians: Murder, Hostage-Taking and Other Violations by Palestinian Armed Groups in Israel and Gaza”, presentado el 11 de diciembre de 2025 por Amnistía Internacional. En el informe, la organización documenta violaciones graves a los derechos humanos y al Derecho Internacional cometidas por Hamás y otros grupos armados palestinos contra la población civil de Israel, centrándose en los ataques del 7 de octubre de 2023 y el secuestro de rehenes posterior. El contenido del informe nos ayuda a reconocer que, cuando dos grupos deciden exterminarse mutuamente, la primera víctima no es solo la vida humana, sino también la ética, porque se desdibujan los límites de lo permitido, en nombre de causas que consideran justas, pero que terminan erosionando los criterios que distinguen qué es aceptable, qué es necesario y qué puede ser sacrificado. En un conflicto, una parte del debate se organiza en torno a “equilibrar narrativas”. El texto presentado por Amnistía Internacional permite ir más allá, porque rescata distinciones éticas y jurídicas en un contexto político que dificulta trazar estos límites. Ayuda a nombrar hechos jurídicamente relevantes más allá de marcos maniqueos que reducen la crisis a una confrontación entre “buenos” y “malos”, y que invisibilizan que las principales víctimas son, una y otra vez, las poblaciones civiles sometidas a liderazgos belicistas en ambos lados de esta historia. Los hechos denunciados son contundentes: más de 1200 personas asesinadas, de las cuales 800 eran civiles, incluyendo a por lo menos 36 niñas y niños. Además, reporta que 251 personas fueron secuestradas y trasladadas a la Franja de Gaza (la mayoría liberadas o recuperadas al cierre del informe). Hubo múltiples víctimas de tortura física y psicológica, incluyendo violencia sexual y profanación de cadáveres. De igual forma, Amnistía Internacional concluye que la mayoría de las víctimas civiles fueron asesinadas por combatientes palestinos, y que la toma de rehenes y el trato subsecuente constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. Conviene subrayar que el informe no ignora el contexto estructural. Reconoce y denuncia explícitamente la ocupación prolongada, el régimen de apartheid y el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza. También recuerda que, tras los ataques, el gobierno de Israel lanzó una ofensiva militar que Amnistía Internacional ha calificado como genocidio. Son violaciones graves que deben ser nombradas y exigidas sin ambigüedades. Sin embargo, nada de eso está fuera del marco analítico, y justo por eso el documento resulta incómodo: se niega a convertir el contexto en una coartada. Responsabilidades individuales El asesinato deliberado de civiles, la toma de rehenes, la tortura, la violencia sexual y la profanación de cadáveres no son zonas grises, sino prohibiciones absolutas en el Derecho Internacional Humanitario y en el Estatuto de Roma. Quizá pueden ser objeto de análisis explicativo en términos políticos o históricos, pero no admiten justificación jurídica ni ética. En consecuencia, uno de los aportes más relevantes que se desprenden de la lectura del informe es su negativa a operar desde generalizaciones. Amnistía Internacional no atribuye responsabilidad a la población palestina en su conjunto, sino que distingue entre actores específicos: las Brigadas de Al Qassam, las Brigadas de Al Quds, las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, las Brigadas de la Resistencia Nacional y el Movimiento Muyahidín Palestino, así como entre combatientes sin afiliación clara y personas que se sumaron de manera oportunista a los ataques. Borrar los matices hoy es facilitar atrocidades mañana. El texto también distingue entre el gobierno de facto de Hamás en la Franja de Gaza y el de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, evitando confundir responsabilidades políticas y territoriales. Esto no debe verse como una mera formalidad analítica, sino como un acto de resistencia frente a la lógica del odio, que siempre empuja hacia el estigma colectivo. Borrar estos matices hoy es facilitar atrocidades mañana. De ahí que resulte falaz afirmar que reconocer los crímenes cometidos el 7 de octubre de 2023 equivale a justificar la ofensiva gubernamental israelí posterior. Nombrar asesinatos, secuestros y tortura no valida bombardeos masivos ni bloqueos de alimentos. Lo que sí hace es preservar la posibilidad, cada vez más frágil, de exigir responsabilidades individuales sin excepciones. Polarización narrativa y relativismo moral Más allá del caso concreto, desde mi perspectiva, este informe también abona a la atención de un problema general que atraviesa buena parte del debate público contemporáneo: la convergencia entre polarización narrativa y relativismo moral. Por un lado, están los discursos que niegan la complejidad del mundo y tratan de sustituir el pensamiento crítico por la exigencia de tomar partido, como si la realidad se agotara en el “ellos o nosotros”. Por otro lado, camina un relativismo moral que normaliza la idea de que los crímenes dejan de serlo cuando los cometen actores que, popularmente, son percibidos como legitimados para ello. Otorgar un fuero simbólico en función del contexto, lejos de ampliar la justicia, la vacía, porque implica renunciar a un principio elemental de la ética: la agencia. Las personas tenemos control sobre nuestras acciones. Podemos decidir entre abstenernos de causar daño, emplear la fuerza contra objetivos militares o atacar de manera premeditada, planificada, ventajosa y dirigida contra civiles indefensos. En un clima político donde hay una enorme tentación de acudir o negar al Derecho Internacional a conveniencia, este informe de Amnistía Internacional muestra la necesidad de sostener una gramática consistente y alejada de cálculos de oportunidad o popularidad. Es una decisión silenciosa, pero significativa porque apuesta a un compromiso con la ética universal y atemporal. Finalizo, la importancia de este documento no está en que “muestre” algo desconocido, no lo hace. Lo relevante es que insiste en distinguir cuando distinguir es impopular. Insiste en nombrar y en etiquetar Read More