La imputación de Rocha Moya y la riesgosa apuesta de Washington Naveen Krishnan Mayo 2026 Claudia Sheinbaum representa una configuración política poco común y potencialmente frágil, y el movimiento más agresivo de Washington hasta ahora contra un gobernador mexicano podría alterarla de manera significativa. Quien en su momento la suceda, probablemente será distinto, y el resto de Latinoamérica observará el proceso con atención. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una imputación contra Rubén Rocha Moya, Gobernador en funciones de Sinaloa. Ningún gobierno estadounidense había imputado antes a un gobernador mexicano en ejercicio. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que Rocha Moya, antes de su elección en 2021, alcanzó acuerdos con operadores vinculados a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán para favorecer su victoria electoral mediante intimidación y manipulación política local. A cambio, el cártel de Sinaloa habría mantenido amplios márgenes de operación en el estado. Aunque el caso apenas inicia su recorrido judicial, la acusación provocó una presión política inmediata que derivó en la solicitud de licencia de Rocha Moya del cargo apenas unos días después. Estados Unidos presentó la imputación como un golpe histórico contra la narcopolítica mexicana y, desde la óptica estadounidense, ciertamente alcanza las más altas esferas. Si bien Washington consideró justificada su actuación con base en evidencia sustantiva contra un Gobernador en funciones, optó por actuar al margen del Palacio Nacional en lugar de coordinarse con él. El exembajador mexicano Arturo Sarukhan considera que la acusación llevaba meses lista, en pausa mientras la cooperación en materia de seguridad parecía avanzar. Además, fue divulgada de manera unilateral aproximadamente una semana después de las revelaciones sobre operaciones estadounidenses no autorizadas en Chihuahua, una secuencia que varios analistas mexicanos interpretan como reactiva y no coincidente. Hasta el momento no han surgido evidencias públicas de coordinación previa con el gobierno de Sheinbaum. Pero el caso también coloca a Sheinbaum ante una presión particularmente delicada en su relación con Washington, obligándola a equilibrar las exigencias de cooperación bilateral en seguridad con las sensibilidades políticas internas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de amplios sectores del nacionalismo mexicano. El problema de fondo es que Sheinbaum no es únicamente una Presidenta mexicana: encarna un arreglo político específico, basado en una combinación de legitimidad electoral, continuidad obradorista y capacidad tecnocrática. Ese equilibrio depende, en buena medida, de condiciones de estabilidad política y cooperación bilateral que hoy comienzan a tensionarse. Diversos gobiernos latinoamericanos observan el proceso con cautela, conscientes de que un deterioro profundo en la relación entre Palacio Nacional y la Casa Blanca tendría implicaciones regionales mucho más amplias. La apuesta de Washington es comprensible tras 2 décadas de frustración acumulada: golpear de frente la narcopolítica y reclamar victorias visibles. La Casa Blanca ha decidido ir por los resultados; si esa misma apuesta termina fracturando el único “equilibrio Sheinbaum” capaz de sostener la cooperación real, y qué emerge en su lugar, está por verse. Un producto político específico Sheinbaum pertenece a una tradición política que, durante 2 décadas, ha sido percibida en Estados Unidos como antiestadounidense casi por definición. Es la heredera tecnocrática de Andrés Manuel López Obrador: una política de izquierda, candidata de Morena y sucesora del Expresidente mexicano más abiertamente soberanista del periodo posterior al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bajo casi cualquier parámetro utilizado en Washington para medir la afinidad de un gobierno extranjero, su gobierno debería haber sido considerada problemática. Sin embargo, desde que asumió el cargo en octubre de 2024, Sheinbaum ha ofrecido más cooperación concreta en materia de seguridad que cualquier presidente mexicano desde Felipe Calderón, y lo ha hecho sin contar con la arquitectura institucional que permitió al expresidente panista absorber los costos políticos de esa colaboración. Su gobierno ha extraditado a más de cien figuras de alto perfil del narcotráfico hacia tribunales estadounidenses, autorizado vuelos de drones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre territorio mexicano y encabezado una reducción de 11% en la tasa de homicidios. Todo esto, además, en contradicción con la doctrina explícita de su predecesor y frente a una corriente nacionalista que tiende a fortalecerse cada vez que Washington ejerce presión pública sobre México. La imputación contra Rocha Moya resulta particularmente delicada porque ya no se limita a demandar cooperación frente a actores criminales externos, sino que alcanza directamente a figuras centrales de la coalición oficialista. Lo que Sheinbaum logró construir fue políticamente poco común: un delicado equilibrio entre una retórica soberanista dirigida al consumo interno y una cooperación operativa silenciosa orientada a satisfacer las demandas de Washington, sostenido por una ambigüedad cuidadosamente administrada. Cuando Estados Unidos insinuó posibles operaciones directas en suelo mexicano, ella defendió públicamente la soberanía nacional. Cuando se requirió cooperación discreta, ésta fue entregada. Cuando la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) manifestó inquietudes sobre la seguridad rumbo a la Copa Mundial de 2026, Sheinbaum se reunió personalmente con sus representantes. Y cuando la violencia de los cárteles se expandió a veinte estados tras la supuesta muerte de Rubén Oseguera Cervantes (conocido también como Nemesio Oseguera Cervantes o el Mencho) en febrero de 2026, mantuvo el control político de la situación. Durante 18 meses, ese equilibrio precario logró sostenerse. No se trata de una posición que cualquier presidente mexicano pueda ocupar. Es el resultado de una combinación muy específica de atributos que Sheinbaum reúne de manera casi singular: capacidad tecnocrática derivada tanto de su formación científica como de su experiencia al frente del gobierno de la Ciudad de México; legitimidad dentro de la izquierda mexicana, lo que la protege parcialmente de acusaciones de subordinación frente a Estados Unidos, y una notable habilidad para separar el discurso público de la operación gubernamental privada. Basta con retirar cualquiera de esos elementos para que el equilibrio deje de sostenerse. La imputación contra Rocha Moya podría ser precisamente el factor que termine por romperlo. La decisión sin salida Una encuesta realizada en los días posteriores a la imputación reveló que cerca de 80% de
La imputación de Rocha Moya y la riesgosa apuesta de Washington Naveen Krishnan Mayo 2026 Claudia Sheinbaum representa una configuración política poco común y potencialmente frágil, y el movimiento más agresivo de Washington hasta ahora contra un gobernador mexicano podría alterarla de manera significativa. Quien en su momento la suceda, probablemente será distinto, y el resto de Latinoamérica observará el proceso con atención. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una imputación contra Rubén Rocha Moya, Gobernador en funciones de Sinaloa. Ningún gobierno estadounidense había imputado antes a un gobernador mexicano en ejercicio. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que Rocha Moya, antes de su elección en 2021, alcanzó acuerdos con operadores vinculados a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán para favorecer su victoria electoral mediante intimidación y manipulación política local. A cambio, el cártel de Sinaloa habría mantenido amplios márgenes de operación en el estado. Aunque el caso apenas inicia su recorrido judicial, la acusación provocó una presión política inmediata que derivó en la solicitud de licencia de Rocha Moya del cargo apenas unos días después. Estados Unidos presentó la imputación como un golpe histórico contra la narcopolítica mexicana y, desde la óptica estadounidense, ciertamente alcanza las más altas esferas. Si bien Washington consideró justificada su actuación con base en evidencia sustantiva contra un Gobernador en funciones, optó por actuar al margen del Palacio Nacional en lugar de coordinarse con él. El exembajador mexicano Arturo Sarukhan considera que la acusación llevaba meses lista, en pausa mientras la cooperación en materia de seguridad parecía avanzar. Además, fue divulgada de manera unilateral aproximadamente una semana después de las revelaciones sobre operaciones estadounidenses no autorizadas en Chihuahua, una secuencia que varios analistas mexicanos interpretan como reactiva y no coincidente. Hasta el momento no han surgido evidencias públicas de coordinación previa con el gobierno de Sheinbaum. Pero el caso también coloca a Sheinbaum ante una presión particularmente delicada en su relación con Washington, obligándola a equilibrar las exigencias de cooperación bilateral en seguridad con las sensibilidades políticas internas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de amplios sectores del nacionalismo mexicano. El problema de fondo es que Sheinbaum no es únicamente una Presidenta mexicana: encarna un arreglo político específico, basado en una combinación de legitimidad electoral, continuidad obradorista y capacidad tecnocrática. Ese equilibrio depende, en buena medida, de condiciones de estabilidad política y cooperación bilateral que hoy comienzan a tensionarse. Diversos gobiernos latinoamericanos observan el proceso con cautela, conscientes de que un deterioro profundo en la relación entre Palacio Nacional y la Casa Blanca tendría implicaciones regionales mucho más amplias. La apuesta de Washington es comprensible tras 2 décadas de frustración acumulada: golpear de frente la narcopolítica y reclamar victorias visibles. La Casa Blanca ha decidido ir por los resultados; si esa misma apuesta termina fracturando el único “equilibrio Sheinbaum” capaz de sostener la cooperación real, y qué emerge en su lugar, está por verse. Un producto político específico Sheinbaum pertenece a una tradición política que, durante 2 décadas, ha sido percibida en Estados Unidos como antiestadounidense casi por definición. Es la heredera tecnocrática de Andrés Manuel López Obrador: una política de izquierda, candidata de Morena y sucesora del Expresidente mexicano más abiertamente soberanista del periodo posterior al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bajo casi cualquier parámetro utilizado en Washington para medir la afinidad de un gobierno extranjero, su gobierno debería haber sido considerada problemática. Sin embargo, desde que asumió el cargo en octubre de 2024, Sheinbaum ha ofrecido más cooperación concreta en materia de seguridad que cualquier presidente mexicano desde Felipe Calderón, y lo ha hecho sin contar con la arquitectura institucional que permitió al expresidente panista absorber los costos políticos de esa colaboración. Su gobierno ha extraditado a más de cien figuras de alto perfil del narcotráfico hacia tribunales estadounidenses, autorizado vuelos de drones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre territorio mexicano y encabezado una reducción de 11% en la tasa de homicidios. Todo esto, además, en contradicción con la doctrina explícita de su predecesor y frente a una corriente nacionalista que tiende a fortalecerse cada vez que Washington ejerce presión pública sobre México. La imputación contra Rocha Moya resulta particularmente delicada porque ya no se limita a demandar cooperación frente a actores criminales externos, sino que alcanza directamente a figuras centrales de la coalición oficialista. Lo que Sheinbaum logró construir fue políticamente poco común: un delicado equilibrio entre una retórica soberanista dirigida al consumo interno y una cooperación operativa silenciosa orientada a satisfacer las demandas de Washington, sostenido por una ambigüedad cuidadosamente administrada. Cuando Estados Unidos insinuó posibles operaciones directas en suelo mexicano, ella defendió públicamente la soberanía nacional. Cuando se requirió cooperación discreta, ésta fue entregada. Cuando la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) manifestó inquietudes sobre la seguridad rumbo a la Copa Mundial de 2026, Sheinbaum se reunió personalmente con sus representantes. Y cuando la violencia de los cárteles se expandió a veinte estados tras la supuesta muerte de Rubén Oseguera Cervantes (conocido también como Nemesio Oseguera Cervantes o el Mencho) en febrero de 2026, mantuvo el control político de la situación. Durante 18 meses, ese equilibrio precario logró sostenerse. No se trata de una posición que cualquier presidente mexicano pueda ocupar. Es el resultado de una combinación muy específica de atributos que Sheinbaum reúne de manera casi singular: capacidad tecnocrática derivada tanto de su formación científica como de su experiencia al frente del gobierno de la Ciudad de México; legitimidad dentro de la izquierda mexicana, lo que la protege parcialmente de acusaciones de subordinación frente a Estados Unidos, y una notable habilidad para separar el discurso público de la operación gubernamental privada. Basta con retirar cualquiera de esos elementos para que el equilibrio deje de sostenerse. La imputación contra Rocha Moya podría ser precisamente el factor que termine por romperlo. La decisión sin salida Una encuesta realizada en los días posteriores a la imputación reveló que cerca de 80% de Read More