La elusión institucional de Chihuahua y la erosión del Estado mexicano Naveen Krishnan Abril 2026 El embudo de la soberanía La muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el sur de Chihuahua, el 19 de abril de 2026, marca un punto de inflexión estructural en las relaciones entre Estados Unidos y México. Más allá de las repercusiones diplomáticas inmediatas y de la repatriación de los restos, el incidente pone de manifiesto un fenómeno creciente que amenaza la lógica fundacional del Estado federal mexicano: lo que podría denominarse como la elusión institucional (bypass) de Chihuahua. Durante un siglo, la principal defensa del Estado mexicano frente a la intervención extranjera fue su monopolio centralizado de la seguridad. Desde la Constitución de 1917, pasando por la Guerra Fría y hasta la Iniciativa Mérida, Palacio Nacional actuó como el único guardián de la cooperación militar y de inteligencia con Estados Unidos. Esta centralización fue una decisión estratégica: al canalizar toda la cooperación a través de agencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Fiscalía General de la República (FGR), el gobierno federal podía aplicar una “fricción nacionalista” a las demandas estadounidenses, ralentizando aquellas operaciones que amenazaban la estabilidad interna o la imagen política del país. Si Palacio Nacional no puede ofrecer los resultados que la Casa Blanca exige, el gobierno de Trump continuará construyendo su propia arquitectura de fuerza, una asociación a nivel estatal a la vez. Sin embargo, la tragedia en Chihuahua —donde el personal estadounidense presuntamente regresaba de una incursión nocturna realizada en coordinación con la fiscalía estatal, en lugar de con fuerzas federales— revela que Washington ha comenzado a eludir este embudo institucional. La propia presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gabinete de seguridad no fue notificado de la incursión, por lo que anunció una investigación formal contra el gobierno estatal de Chihuahua por posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional. Ante un segundo mandato de Donald Trump impaciente, que concibe la actividad de los cárteles bajo la óptica de “combatientes enemigos”, Estados Unidos está incentivando cada vez más a los gobernadores mexicanos a apartarse de la línea federal. A cambio de equipo de alta tecnología, capacitación e inteligencia en tiempo real, los actores estatales están proporcionando los “resultados cinéticos” que Palacio Nacional suele mostrarse demasiado cauteloso para autorizar. La confirmación conjunta del Fiscal General chihuahuense, César Jáuregui, y del Embajador estadounidense, Ronald Johnson, sobre el papel de “apoyo” de los agentes a las autoridades estatales —mientras Palacio Nacional permanecía al margen—, constituye la evidencia más contundente de esta elusión institucional. La cedencia tecnocrática A su favor, la presidenta Sheinbaum ha jugado con habilidad una mano excepcionalmente difícil. Ha evitado el desafío más ostentoso de su predecesor y ha optado, en cambio, por lo que podría definirse como una “cesión tecnocrática”. Sheinbaum entiende que, en una era transaccional, la “cesión” no equivale a una rendición, sino que constituye una herramienta pragmática de supervivencia. La mandataria mexicana ha elegido con mayor cuidado sus disputas con el gobierno de Trump y ha acelerado discretamente las extradiciones, además de tolerar la expansión de la vigilancia mediante drones estadounidenses como una forma de intercambiar “trofeos” de seguridad táctica por una suspensión en la aplicación de aranceles comerciales potencialmente devastadores. Se trata de una paz racional, diseñada para proteger el impulso de la deslocalización cercana (nearshoring) y la estabilidad fiscal de México. Durante los primeros meses de 2026, esta estrategia parecía dar resultados. Sheinbaum se benefició de un “respiro estratégico” generado por las distracciones de Estados Unidos en otros frentes. Con el gabinete en Washington absorto en el conflicto con Irán en el Medio Oriente —y en un renovado interés por un posible cambio de régimen en Cuba—, el gobierno mexicano pudo gestionar la frontera mediante entregas discretas y profesionales, en lugar de confrontaciones públicas. La balcanización de la seguridad Sin embargo, el incidente de Chihuahua sugiere que esta “cesión profesionalizada” tiene un límite operativo. Cuando los cuerpos de ciudadanos estadounidenses regresan desde barrancos mexicanos, o si el Medio Oriente se estabiliza, la presión interna en Estados Unidos a favor de una acción militar abierta puede desbordar los canales diplomáticos discretos que la presidenta Sheinbaum ha cultivado. El riesgo para el Estado mexicano es la pérdida de estructura. Al operacionalizar vínculos a nivel subnacional, Estados Unidos está fragmentando la arquitectura de seguridad mexicana. En la práctica, trata al país no como una federación soberana, sino como una constelación de enclaves de seguridad, donde puede seleccionar al socio más cooperativo. Este patrón evoca un precedente histórico inquietante: la década de 1920. Durante esa etapa de inestabilidad posrevolucionaria, los caudillos regionales establecían con frecuencia arreglos económicos y de seguridad independientes con Washington, mientras el gobierno central observaba con capacidad limitada de respuesta. Si la elusión institucional de Chihuahua se consolida como el nuevo estándar de cooperación, la presidencia mexicana perdería su principal palanca de poder: la capacidad de decir “no” a Washington en nombre del conjunto de la nación. El costo de la deriva Si Palacio Nacional no puede ofrecer los resultados que la Casa Blanca exige, el gobierno de Trump continuará construyendo su propia arquitectura de fuerza, una asociación a nivel estatal a la vez. La destreza de la presidenta Sheinbaum ha permitido hasta ahora sostener este delicado equilibrio; sin embargo, una mayor presión interna, acentuada por episodios como el de Chihuahua, comenzará a tensar ese margen de maniobra. Si en los próximos meses o años el gobierno de Trump muestra un renovado enfoque en la violencia de los cárteles (dependiendo de si las tensiones en el Medio Oriente amainan), la cuerda floja sobre la que Sheinbaum se ha mantenido en equilibrio hasta ahora comenzará a deshilacharse. Si no logra rencauzar a los gobernadores hacia una línea federal y devolver a Washington al cauce institucional del Palacio Nacional, su “cesión tecnocrática” podría derivar en que la federación mexicana opere, en la práctica, como un simple acuerdo de nivel de servicio para las fuerzas armadas de Estados
La elusión institucional de Chihuahua y la erosión del Estado mexicano Naveen Krishnan Abril 2026 El embudo de la soberanía La muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el sur de Chihuahua, el 19 de abril de 2026, marca un punto de inflexión estructural en las relaciones entre Estados Unidos y México. Más allá de las repercusiones diplomáticas inmediatas y de la repatriación de los restos, el incidente pone de manifiesto un fenómeno creciente que amenaza la lógica fundacional del Estado federal mexicano: lo que podría denominarse como la elusión institucional (bypass) de Chihuahua. Durante un siglo, la principal defensa del Estado mexicano frente a la intervención extranjera fue su monopolio centralizado de la seguridad. Desde la Constitución de 1917, pasando por la Guerra Fría y hasta la Iniciativa Mérida, Palacio Nacional actuó como el único guardián de la cooperación militar y de inteligencia con Estados Unidos. Esta centralización fue una decisión estratégica: al canalizar toda la cooperación a través de agencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Fiscalía General de la República (FGR), el gobierno federal podía aplicar una “fricción nacionalista” a las demandas estadounidenses, ralentizando aquellas operaciones que amenazaban la estabilidad interna o la imagen política del país. Si Palacio Nacional no puede ofrecer los resultados que la Casa Blanca exige, el gobierno de Trump continuará construyendo su propia arquitectura de fuerza, una asociación a nivel estatal a la vez. Sin embargo, la tragedia en Chihuahua —donde el personal estadounidense presuntamente regresaba de una incursión nocturna realizada en coordinación con la fiscalía estatal, en lugar de con fuerzas federales— revela que Washington ha comenzado a eludir este embudo institucional. La propia presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gabinete de seguridad no fue notificado de la incursión, por lo que anunció una investigación formal contra el gobierno estatal de Chihuahua por posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional. Ante un segundo mandato de Donald Trump impaciente, que concibe la actividad de los cárteles bajo la óptica de “combatientes enemigos”, Estados Unidos está incentivando cada vez más a los gobernadores mexicanos a apartarse de la línea federal. A cambio de equipo de alta tecnología, capacitación e inteligencia en tiempo real, los actores estatales están proporcionando los “resultados cinéticos” que Palacio Nacional suele mostrarse demasiado cauteloso para autorizar. La confirmación conjunta del Fiscal General chihuahuense, César Jáuregui, y del Embajador estadounidense, Ronald Johnson, sobre el papel de “apoyo” de los agentes a las autoridades estatales —mientras Palacio Nacional permanecía al margen—, constituye la evidencia más contundente de esta elusión institucional. La cedencia tecnocrática A su favor, la presidenta Sheinbaum ha jugado con habilidad una mano excepcionalmente difícil. Ha evitado el desafío más ostentoso de su predecesor y ha optado, en cambio, por lo que podría definirse como una “cesión tecnocrática”. Sheinbaum entiende que, en una era transaccional, la “cesión” no equivale a una rendición, sino que constituye una herramienta pragmática de supervivencia. La mandataria mexicana ha elegido con mayor cuidado sus disputas con el gobierno de Trump y ha acelerado discretamente las extradiciones, además de tolerar la expansión de la vigilancia mediante drones estadounidenses como una forma de intercambiar “trofeos” de seguridad táctica por una suspensión en la aplicación de aranceles comerciales potencialmente devastadores. Se trata de una paz racional, diseñada para proteger el impulso de la deslocalización cercana (nearshoring) y la estabilidad fiscal de México. Durante los primeros meses de 2026, esta estrategia parecía dar resultados. Sheinbaum se benefició de un “respiro estratégico” generado por las distracciones de Estados Unidos en otros frentes. Con el gabinete en Washington absorto en el conflicto con Irán en el Medio Oriente —y en un renovado interés por un posible cambio de régimen en Cuba—, el gobierno mexicano pudo gestionar la frontera mediante entregas discretas y profesionales, en lugar de confrontaciones públicas. La balcanización de la seguridad Sin embargo, el incidente de Chihuahua sugiere que esta “cesión profesionalizada” tiene un límite operativo. Cuando los cuerpos de ciudadanos estadounidenses regresan desde barrancos mexicanos, o si el Medio Oriente se estabiliza, la presión interna en Estados Unidos a favor de una acción militar abierta puede desbordar los canales diplomáticos discretos que la presidenta Sheinbaum ha cultivado. El riesgo para el Estado mexicano es la pérdida de estructura. Al operacionalizar vínculos a nivel subnacional, Estados Unidos está fragmentando la arquitectura de seguridad mexicana. En la práctica, trata al país no como una federación soberana, sino como una constelación de enclaves de seguridad, donde puede seleccionar al socio más cooperativo. Este patrón evoca un precedente histórico inquietante: la década de 1920. Durante esa etapa de inestabilidad posrevolucionaria, los caudillos regionales establecían con frecuencia arreglos económicos y de seguridad independientes con Washington, mientras el gobierno central observaba con capacidad limitada de respuesta. Si la elusión institucional de Chihuahua se consolida como el nuevo estándar de cooperación, la presidencia mexicana perdería su principal palanca de poder: la capacidad de decir “no” a Washington en nombre del conjunto de la nación. El costo de la deriva Si Palacio Nacional no puede ofrecer los resultados que la Casa Blanca exige, el gobierno de Trump continuará construyendo su propia arquitectura de fuerza, una asociación a nivel estatal a la vez. La destreza de la presidenta Sheinbaum ha permitido hasta ahora sostener este delicado equilibrio; sin embargo, una mayor presión interna, acentuada por episodios como el de Chihuahua, comenzará a tensar ese margen de maniobra. Si en los próximos meses o años el gobierno de Trump muestra un renovado enfoque en la violencia de los cárteles (dependiendo de si las tensiones en el Medio Oriente amainan), la cuerda floja sobre la que Sheinbaum se ha mantenido en equilibrio hasta ahora comenzará a deshilacharse. Si no logra rencauzar a los gobernadores hacia una línea federal y devolver a Washington al cauce institucional del Palacio Nacional, su “cesión tecnocrática” podría derivar en que la federación mexicana opere, en la práctica, como un simple acuerdo de nivel de servicio para las fuerzas armadas de Estados Read More