El precio del fuego

Cuando la geopolítica se convierte en inflación Jorge Armando Talavera Gutiérrez Octubre 2026 Porque al final, la inflación no es solo un índice. Es la forma silenciosa en que la geopolítica entra en la casa de cada uno. Hay una forma particular de violencia que no necesita disparos para herir. Es la que se transmite por los oleoductos, los estrechos marítimos y las facturas que llegan a casa cada mes. En otoño de 2026, el mundo contempla de nuevo cómo un conflicto lejano se convierte en presión cotidiana: el choque energético y geopolítico que mantiene el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril se traduce, con una precisión casi matemática, en inflación, erosión del poder adquisitivo y una inquietud social silenciosa, pero profunda. Desde febrero de 2026, cuando las hostilidades entre Estados Unidos e Irán reconfiguraron el mapa del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz —esa angosta puerta por la que transitaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial— dejó de ser un simple corredor comercial para convertirse en un termómetro de la incertidumbre internacional. A mediados de septiembre, el petróleo Brent volvió a superar los 100 dólares por barril, por primera vez desde finales de julio. El precio del crudo ha subido más de 60% en lo que va del año. En Estados Unidos, la gasolina alcanzó promedios cercanos a los 4.22 dólares por galón y el diésel marcó récords históricos, en torno a los 5.94 dólares. No es solo un número en una pantalla: es el costo de llevar los alimentos a la mesa, de calentar un hogar y de mover una fábrica. Estados Unidos: la paradoja del poder y la vulnerabilidad La mayor economía del planeta experimenta una tensión peculiar. Por un lado, su capacidad de producción de crudo y su infraestructura de reservas le otorgan un colchón relativo. Por el otro, la transmisión del choque energético se siente con fuerza en los bolsillos. La inflación general se situó en torno a 3.4% interanual en julio de 2026, impulsada en gran medida por el componente energético, que llegó a superar 14%. La inflación subyacente, aquella que excluye alimentos y energía, se mantiene más contenida, entre 2.5% y 3.3%, según las mediciones, pero la sensación de carestía es real. El diésel elevado encarece el transporte de mercancías y la agricultura; la gasolina cara reduce el margen de las familias de ingresos medios y bajos. A ello se suma el calendario político. Las elecciones intermedias de noviembre se acercan en un clima de precios altos de la energía. La Reserva Federal enfrenta el dilema clásico: actuar contra la inflación residual o sostener un crecimiento que ya muestra signos de fatiga. Un escenario de prolongación del conflicto en el Medio Oriente podría forzar alzas de tasas o, al menos, retrasar cualquier alivio monetario. Otro, de desescalada diplomática, abriría la posibilidad de que los precios del crudo retrocedan a entre 80 y 85 dólares hacia finales de año o principios de 2027, aliviando la presión sobre el índice de precios. La paradoja es profunda: la misma potencia que interviene en el golfo Pérsico para garantizar el flujo energético padece, en su interior, los efectos de esa intervención. El ciudadano estadounidense no decide la estrategia en el estrecho de Ormuz, pero sí paga el precio en la estación de servicio. Latinoamérica: el continente partido por el mismo fuego En Latinoamérica, el impacto no es uniforme; es un espejo fracturado. Los países exportadores netos de petróleo —Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela— reciben un viento de cola fiscal. Cada dólar adicional en el barril mejora la balanza comercial y las cuentas públicas. Brasil, en particular, ha consolidado su posición como exportador relevante. Sin embargo, incluso estos países no escapan del todo: la inflación interna de los combustibles y el costo de los fertilizantes se transmiten a los precios de los alimentos, y los bancos centrales deben vigilar que el beneficio externo no se convierta en un problema doméstico. La historia enseña que los choques energéticos no solo alteran números: reconfiguran expectativas, erosionan confianzas y, a veces, preparan el terreno para cambios políticos más profundos. El reverso es más duro. Centroamérica, el Caribe, Chile y, en cierta medida, México —ya convertido en importador neto de combustibles en varios periodos— enfrentan una factura energética más pesada. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha estimado deterioros comerciales equivalentes a casi un punto porcentual del PIB en algunos grupos de países importadores. La inflación energética regional se aceleró con fuerza en los primeros meses del conflicto; aunque se moderó parcialmente con treguas temporales, el nuevo repunte de septiembre de 2026 vuelve a encender las alarmas. En Colombia, la inflación general se situaba en torno a 6% en agosto, con presiones adicionales en alimentos y precios regulados. En México, las cifras oficiales mostraban una mayor contención, pero el costo de los combustibles importados y del transporte se siente a lo largo de la cadena de valor. El diésel caro no solo llena el tanque del camión: eleva el precio del maíz, del tomate y del pan. En economías donde el gasto en alimentos y transporte pesa más en la canasta de los hogares de menores ingresos, el choque se vuelve regresivo. La desigualdad no necesita nuevas teorías; se mide en la diferencia entre quien puede absorber el alza y quien debe reducir porciones. Escenarios posibles hacia el cierre de 2026 Tres caminos se perfilan con cierta claridad. El primero es el de la persistencia. El conflicto se mantiene en un equilibrio inestable de escaladas limitadas. El petróleo oscila entre 95 y 110 dólares por barril. La inflación en Estados Unidos se resiste a bajar de 3.5% a 4%, la Reserva Federal mantiene una posición cautelosa y la Latinoamérica importadora enfrenta un año de crecimiento más débil y presiones sociales crecientes. Los bancos centrales de la región se ven obligados a sostener tasas altas durante más tiempo. El segundo es el de la desescalada parcial. Un acuerdo que restaure, aunque sea