Riqueza energética, desastre ecológico (Ñ) T. Nelson Thompson Abril 2026 Entre los numerosos desafíos asociados con la explotación de los recursos naturales de Venezuela —en particular sus vastas reservas de petróleo—, uno que ha pasado en gran medida desapercibido es el potencial de un desastre ambiental. Más de la mitad del territorio venezolano está cubierto por bosques, muchos de ellos dentro de la cuenca amazónica. El país también alberga extensos pastizales, humedales y miles de kilómetros de costa en el mar Caribe. Por otra parte, el petróleo venezolano es denso, pesado y difícil de procesar, lo que implica que su refinación, almacenamiento y transporte requieren una infraestructura compleja y bien mantenida. Su explotación también demanda un mayor consumo de energía, lo que la hace más intensiva en carbono. En 2020, un dirigente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros y Gasíferos de Venezuela advirtió que en algunos estados —particularmente en Anzoátegui— los derrames de petróleo ocurrían con una frecuencia casi diaria. En el lago de Maracaibo, un gran estuario salobre ubicado en el estado de Zulia, los derrames han sido tan frecuentes que ya no parece un cuerpo de agua natural, sino “simplemente un pozo de petróleo”, me dijo en Bogotá un trabajador petrolero venezolano. La industria opera hoy con oleoductos y refinerías en condiciones tan deterioradas que, según el Observatorio Venezolano de Ecología Política, en 2024 se registraron al menos 65 derrames de petróleo en ocho estados. Incluso la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) reconoce ocho grandes incendios en instalaciones de su propiedad. Asimismo, un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señala que el crudo venezolano es seis veces más intensivo en metano y diez veces más en carbono que el promedio mundial. Aumentar la producción del millón actual de barriles diarios a 1.5 millones podría elevar las emisiones anuales a unos 550 millones de toneladas, cerca de la mitad de las generadas por todos los vehículos de gasolina en Estados Unidos. Si la producción alcanzara tres millones de barriles diarios, las emisiones podrían llegar a 730 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, casi tanto como las de toda la industria naviera mundial. En el lago de Maracaibo, los derrames han sido tan frecuentes que ya no parece un cuerpo de agua natural, sino “simplemente un pozo de petróleo”. Según la AIE, en 2023 el petróleo venezolano registró la segunda mayor intensidad de metano entre los principales países productores. Esta elevada tasa de fugas se explica, en parte, por las sanciones continuas al sector petrolero y gasífero, que han contribuido al deterioro de la gestión y el mantenimiento de la infraestructura. Las fugas y la liberación intencional de gas metano asociadas a la producción de petróleo agravan así el ya considerable impacto climático del sector. El metano es un potente gas de efecto invernadero: en un horizonte de 20 años, puede ser ochenta veces más dañino para el clima que el dióxido de carbono. No es probable que el presidente estadounidense Donald Trump intente siquiera abordar la liberación de metano a la atmósfera —lo que algunos describen como una “bomba de metano”—, pues en repetidas ocasiones ha buscado revertir los esfuerzos para reducir las emisiones provenientes de la producción de petróleo y gas en Estados Unidos. En marzo de 2025, por ejemplo, firmó una resolución del Congreso que anuló una norma de la Agencia de Protección Ambiental que implementaba un cargo federal a las empresas por fugas excesivas de metano. ¿Cuáles serían los requisitos financieros para evitar este desastre inminente? Según la consultora Rystad Energy, se necesitarían más de 53 000 millones de dólares en inversión durante los próximos 15 años solo para mantener la producción actual de petróleo. Recuperar el antiguo nivel de producción de Venezuela —más de tres millones de barriles diarios— exigiría una cifra mucho mayor: unos 183 000 millones de dólares. No sorprende que, tanto en público como en privado, varios ejecutivos de grandes petroleras hayan descrito al país con una sola palabra: “no invertible”. Además de los desafíos asociados a la extracción de petróleo, la explotación de oro —así como de coltán, casiterita y otros minerales— amenaza ecosistemas particularmente frágiles. “Con los yacimientos de oro más accesibles ya agotados, las operaciones se han expandido hacia áreas protegidas, provocando una deforestación masiva —más de 2600 kilómetros cuadrados— y otros daños ambientales significativos, incluida la pérdida de hábitat en parques nacionales de Venezuela y en el ecosistema amazónico en general”, señala un informe reciente del Departamento de Estado al Congreso estadounidense. El documento también advierte que el mercurio y otros químicos utilizados en la minería ilegal están contaminando ríos, envenenando peces y deteriorando fuentes de agua potable. NELSON THOMPSON fue becario Woodrow Wilson en la Johns Hopkins University. Recientemente se jubiló como Asesor Ambiental y de Energía del gobierno de Estados Unidos. Sus ensayos se han publicado en The Washington Post, The Wall Street Journal, The Baltimore Sun, entre otros. Es autor de After Babel: Reflections on Language and Languages (All Bilingual Press, 2023). Las opiniones expresadas por el autor son personales.
Riqueza energética, desastre ecológico (Ñ) T. Nelson Thompson Abril 2026 Entre los numerosos desafíos asociados con la explotación de los recursos naturales de Venezuela —en particular sus vastas reservas de petróleo—, uno que ha pasado en gran medida desapercibido es el potencial de un desastre ambiental. Más de la mitad del territorio venezolano está cubierto por bosques, muchos de ellos dentro de la cuenca amazónica. El país también alberga extensos pastizales, humedales y miles de kilómetros de costa en el mar Caribe. Por otra parte, el petróleo venezolano es denso, pesado y difícil de procesar, lo que implica que su refinación, almacenamiento y transporte requieren una infraestructura compleja y bien mantenida. Su explotación también demanda un mayor consumo de energía, lo que la hace más intensiva en carbono. En 2020, un dirigente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros y Gasíferos de Venezuela advirtió que en algunos estados —particularmente en Anzoátegui— los derrames de petróleo ocurrían con una frecuencia casi diaria. En el lago de Maracaibo, un gran estuario salobre ubicado en el estado de Zulia, los derrames han sido tan frecuentes que ya no parece un cuerpo de agua natural, sino “simplemente un pozo de petróleo”, me dijo en Bogotá un trabajador petrolero venezolano. La industria opera hoy con oleoductos y refinerías en condiciones tan deterioradas que, según el Observatorio Venezolano de Ecología Política, en 2024 se registraron al menos 65 derrames de petróleo en ocho estados. Incluso la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) reconoce ocho grandes incendios en instalaciones de su propiedad. Asimismo, un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señala que el crudo venezolano es seis veces más intensivo en metano y diez veces más en carbono que el promedio mundial. Aumentar la producción del millón actual de barriles diarios a 1.5 millones podría elevar las emisiones anuales a unos 550 millones de toneladas, cerca de la mitad de las generadas por todos los vehículos de gasolina en Estados Unidos. Si la producción alcanzara tres millones de barriles diarios, las emisiones podrían llegar a 730 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, casi tanto como las de toda la industria naviera mundial. En el lago de Maracaibo, los derrames han sido tan frecuentes que ya no parece un cuerpo de agua natural, sino “simplemente un pozo de petróleo”. Según la AIE, en 2023 el petróleo venezolano registró la segunda mayor intensidad de metano entre los principales países productores. Esta elevada tasa de fugas se explica, en parte, por las sanciones continuas al sector petrolero y gasífero, que han contribuido al deterioro de la gestión y el mantenimiento de la infraestructura. Las fugas y la liberación intencional de gas metano asociadas a la producción de petróleo agravan así el ya considerable impacto climático del sector. El metano es un potente gas de efecto invernadero: en un horizonte de 20 años, puede ser ochenta veces más dañino para el clima que el dióxido de carbono. No es probable que el presidente estadounidense Donald Trump intente siquiera abordar la liberación de metano a la atmósfera —lo que algunos describen como una “bomba de metano”—, pues en repetidas ocasiones ha buscado revertir los esfuerzos para reducir las emisiones provenientes de la producción de petróleo y gas en Estados Unidos. En marzo de 2025, por ejemplo, firmó una resolución del Congreso que anuló una norma de la Agencia de Protección Ambiental que implementaba un cargo federal a las empresas por fugas excesivas de metano. ¿Cuáles serían los requisitos financieros para evitar este desastre inminente? Según la consultora Rystad Energy, se necesitarían más de 53 000 millones de dólares en inversión durante los próximos 15 años solo para mantener la producción actual de petróleo. Recuperar el antiguo nivel de producción de Venezuela —más de tres millones de barriles diarios— exigiría una cifra mucho mayor: unos 183 000 millones de dólares. No sorprende que, tanto en público como en privado, varios ejecutivos de grandes petroleras hayan descrito al país con una sola palabra: “no invertible”. Además de los desafíos asociados a la extracción de petróleo, la explotación de oro —así como de coltán, casiterita y otros minerales— amenaza ecosistemas particularmente frágiles. “Con los yacimientos de oro más accesibles ya agotados, las operaciones se han expandido hacia áreas protegidas, provocando una deforestación masiva —más de 2600 kilómetros cuadrados— y otros daños ambientales significativos, incluida la pérdida de hábitat en parques nacionales de Venezuela y en el ecosistema amazónico en general”, señala un informe reciente del Departamento de Estado al Congreso estadounidense. El documento también advierte que el mercurio y otros químicos utilizados en la minería ilegal están contaminando ríos, envenenando peces y deteriorando fuentes de agua potable. NELSON THOMPSON fue becario Woodrow Wilson en la Johns Hopkins University. Recientemente se jubiló como Asesor Ambiental y de Energía del gobierno de Estados Unidos. Sus ensayos se han publicado en The Washington Post, The Wall Street Journal, The Baltimore Sun, entre otros. Es autor de After Babel: Reflections on Language and Languages (All Bilingual Press, 2023). Las opiniones expresadas por el autor son personales. Read More