La estructuración de las políticas sociales urbanas en el Gran Buenos Aires se orienta crecientemente hacia un modelo de gobernanza descentralizada, con un entramado de gestión formado por los tres niveles de gobierno de la Argentina, junto con una participación de las organizaciones de la sociedad civil de base territorial en distintos momentos del ciclo de las políticas. Al desencadenarse la pandemia de COVID-19, se alteró la agenda de prioridades y los procedimientos de gestión de buena parte de las políticas sociales urbanas. Esta coyuntura planteó el interrogante principal que orienta el artículo: cómo ha repercutido la pandemia en la gobernanza local y, particularmente, en el desarrollo de los mecanismos de gestión participativa. Nos concentramos en tres campos de política donde el desarrollo de instancias participativas da cuenta de una mayor consolidación previa: a) la promoción y protección de derechos de la infancia, ámbito donde han surgido los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia; b) la respuesta estatal ante la problemática del hábitat popular, eje de intervención de los Consejos Locales de Hábitat; y c) el problema de la violencia de género, que se organiza a nivel local a través de las Mesas intersectoriales de género.
La estructuración de las políticas sociales urbanas en el Gran Buenos Aires se orienta crecientemente hacia un modelo de gobernanza descentralizada, con un entramado de gestión formado por los tres niveles de gobierno de la Argentina, junto con una participación de las organizaciones de la sociedad civil de base territorial en distintos momentos del ciclo de las políticas. Al desencadenarse la pandemia de COVID-19, se alteró la agenda de prioridades y los procedimientos de gestión de buena parte de las políticas sociales urbanas. Esta coyuntura planteó el interrogante principal que orienta el artículo: cómo ha repercutido la pandemia en la gobernanza local y, particularmente, en el desarrollo de los mecanismos de gestión participativa. Nos concentramos en tres campos de política donde el desarrollo de instancias participativas da cuenta de una mayor consolidación previa: a) la promoción y protección de derechos de la infancia, ámbito donde han surgido los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia; b) la respuesta estatal ante la problemática del hábitat popular, eje de intervención de los Consejos Locales de Hábitat; y c) el problema de la violencia de género, que se organiza a nivel local a través de las Mesas intersectoriales de género.