Estados Unidos y México en la contraola internacional de erosión democrática Julio César Chavelas González Mayo 2026 El 17 de marzo de 2026, el Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo publicó su décimo informe anual sobre la democracia en el mundo. El diagnóstico mundial es sombrío: las autocracias ya superan en número a las democracias, el nivel democrático promedio ha retrocedido a niveles de 1978, y Estados Unidos ha perdido, por primera vez en medio siglo, su condición de democracia liberal. La tercera ola de democratización, iniciada en Portugal con la Revolución de los Claveles, se encuentra prácticamente revertida. De la participación masiva a la lealtad electoral En este contexto mundial de contraola, México transita con una particularidad que lo distingue: por primera vez en su historia reciente se le clasifica como una no democracia o, en los términos del informe, como una autocracia electoral. En el plano internacional, México pasa a ser un caso más en la lista. En el ámbito nacional, en cambio, se trata de un revés impensable en su trayectoria democrática reciente. Una autocracia electoral, en términos del politólogo Andreas Schedler, es un régimen con elecciones periódicas y pluralidad de partidos, pero sin competencia real. La base mínima de la democracia se convierte así en un instrumento de simulación: el andamiaje formal se mantiene, pero sus contenidos —libertad, equidad, contrapesos— se vacían de sustancia. Los datos y los hechos revelan una paradoja mayor: las elecciones más concurridas de la historia reciente coinciden con el mayor deterioro democrático registrado. Esta aparente contradicción tiene una explicación, que puede leerse en una secuencia de dos fases. Primero, la erosión de los contrapesos ciudadanos. Los programas sociales, diseñados como transferencias directas a beneficiarios individuales —Sembrando Vida, Becas para el Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores—, rediseñaron la relación entre ciudadanía y gobierno. Este populismo delegativo operó como un bálsamo para una ciudadanía desencantada y de baja intensidad. El voto, que en México rara vez había funcionado como un mecanismo efectivo de rendición de cuentas, se debilitó hasta convertirse en una expresión de lealtad. El resultado fue una relación electoral rentable, que dio continuidad al proyecto en un círculo clientelar difícil de romper. Mayorías, reglas y captura institucional Segundo, la captura de los contrapesos institucionales. La mayoría simple de 2018 no bastaba para reformar la Constitución. Las elecciones de 2024 tampoco la otorgaron por sí solas. Fue la asignación de diputaciones plurinominales por partido —y no por coalición—, validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en apego a la letra del artículo 54 constitucional, pero en tensión con su espíritu, la que permitió al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados alcanzar 72.8% de los escaños con 54.72% de los votos. Con mayoría calificada en ambas cámaras y el control oficialista de la mayoría de las legislaturas estatales —que aprobaron reformas constitucionales sin leerlas ni ponderar sus efectos: dieciséis de diecisiete en menos de 24 horas—, el candado constitucional quedó, en los hechos, sin efecto. La eliminación de organismos autónomos —como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)— fue el primer resultado, seguida de la reforma al poder judicial: la elección popular de jueces, acompañada de mecanismos de selección controlada, consumó la captura del principal contrapeso. V-Dem registra el resultado de esa secuencia: entre 2018 y 2025, el índice se desplomó de 0.452 a 0.221, la caída más pronunciada en la historia democrática moderna del país. Lo particularmente problemático es que, para V-Dem, México ha dejado de ser una democracia. Las elecciones más concurridas de la historia reciente coinciden con el mayor deterioro democrático registrado. En el contexto regional, México no es un caso aislado. El informe identifica cuatro países de Latinoamérica en proceso de autocratización: Argentina, El Salvador, Haití y Perú. Tres de ellos —Cuba, Nicaragua y Venezuela— han completado ya ese trayecto y se clasifican como autocracias consolidadas. En el plano mundial, el caso más disruptivo es el de Estados Unidos. De acuerdo con V-Dem, bajo la presidencia de Trump, la democracia estadounidense retrocedió a niveles comparables a los de 1965, y el informe le dedica un capítulo especial a lo que describe como “el desmantelamiento más rápido de la historia moderna”. Si bien México no es una excepción, la magnitud y la gravedad del proceso solo se entiende en perspectiva histórica: su transición democrática tomó 2 décadas —de 1977 a 1997— y su etapa de democracia electoral duró apenas 18 años —de 2000 a 2018—. Su reversión, en cambio, ocurrió apenas en 7 años. Degradación convergente: evidencia comparada del retroceso democrático La evidencia no proviene de un solo instrumento. Una triangulación con otros índices apunta en la misma dirección. El Índice de Transformación Bertelsmann 2026 concluye que el régimen político de México ha transitado de una democracia imperfecta hacia uno que se asemeja al de los años de control hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La Unidad de Inteligencia Económica clasifica a México como un régimen híbrido —una categoría por debajo de la democracia defectuosa, donde se ubicó durante años— y lo sitúa en el lugar 84 de 167 países. IDEA Internacional registra retrocesos, desde 2018, en todos sus indicadores principales: elecciones creíbles, libertades civiles, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de movimiento, independencia judicial y Estado de derecho. Freedom House, por su parte, clasifica a México como “parcialmente libre” desde 2011, con deterioros adicionales documentados tras cada ciclo electoral desde hace 7 años. Instrumentos distintos, metodologías distintas, mismo diagnóstico: el punto de inflexión es 2018. Este patrón tiene nombre en la literatura académica: erosión democrática. Desde la metáfora de Guillermo O’Donnell sobre la muerte lenta de las democracias hasta la conceptualización más reciente de Marianne Kneuer en 2021, se describe un proceso secuencial e intencional, conducido por actores electos que desmantelan las instituciones desde dentro. La lección del caso mexicano es silenciosa, irónica y lamentable. Tomó más de 2 décadas transformar un régimen de partido hegemónico que
Estados Unidos y México en la contraola internacional de erosión democrática Julio César Chavelas González Mayo 2026 El 17 de marzo de 2026, el Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo publicó su décimo informe anual sobre la democracia en el mundo. El diagnóstico mundial es sombrío: las autocracias ya superan en número a las democracias, el nivel democrático promedio ha retrocedido a niveles de 1978, y Estados Unidos ha perdido, por primera vez en medio siglo, su condición de democracia liberal. La tercera ola de democratización, iniciada en Portugal con la Revolución de los Claveles, se encuentra prácticamente revertida. De la participación masiva a la lealtad electoral En este contexto mundial de contraola, México transita con una particularidad que lo distingue: por primera vez en su historia reciente se le clasifica como una no democracia o, en los términos del informe, como una autocracia electoral. En el plano internacional, México pasa a ser un caso más en la lista. En el ámbito nacional, en cambio, se trata de un revés impensable en su trayectoria democrática reciente. Una autocracia electoral, en términos del politólogo Andreas Schedler, es un régimen con elecciones periódicas y pluralidad de partidos, pero sin competencia real. La base mínima de la democracia se convierte así en un instrumento de simulación: el andamiaje formal se mantiene, pero sus contenidos —libertad, equidad, contrapesos— se vacían de sustancia. Los datos y los hechos revelan una paradoja mayor: las elecciones más concurridas de la historia reciente coinciden con el mayor deterioro democrático registrado. Esta aparente contradicción tiene una explicación, que puede leerse en una secuencia de dos fases. Primero, la erosión de los contrapesos ciudadanos. Los programas sociales, diseñados como transferencias directas a beneficiarios individuales —Sembrando Vida, Becas para el Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores—, rediseñaron la relación entre ciudadanía y gobierno. Este populismo delegativo operó como un bálsamo para una ciudadanía desencantada y de baja intensidad. El voto, que en México rara vez había funcionado como un mecanismo efectivo de rendición de cuentas, se debilitó hasta convertirse en una expresión de lealtad. El resultado fue una relación electoral rentable, que dio continuidad al proyecto en un círculo clientelar difícil de romper. Mayorías, reglas y captura institucional Segundo, la captura de los contrapesos institucionales. La mayoría simple de 2018 no bastaba para reformar la Constitución. Las elecciones de 2024 tampoco la otorgaron por sí solas. Fue la asignación de diputaciones plurinominales por partido —y no por coalición—, validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en apego a la letra del artículo 54 constitucional, pero en tensión con su espíritu, la que permitió al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados alcanzar 72.8% de los escaños con 54.72% de los votos. Con mayoría calificada en ambas cámaras y el control oficialista de la mayoría de las legislaturas estatales —que aprobaron reformas constitucionales sin leerlas ni ponderar sus efectos: dieciséis de diecisiete en menos de 24 horas—, el candado constitucional quedó, en los hechos, sin efecto. La eliminación de organismos autónomos —como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)— fue el primer resultado, seguida de la reforma al poder judicial: la elección popular de jueces, acompañada de mecanismos de selección controlada, consumó la captura del principal contrapeso. V-Dem registra el resultado de esa secuencia: entre 2018 y 2025, el índice se desplomó de 0.452 a 0.221, la caída más pronunciada en la historia democrática moderna del país. Lo particularmente problemático es que, para V-Dem, México ha dejado de ser una democracia. Las elecciones más concurridas de la historia reciente coinciden con el mayor deterioro democrático registrado. En el contexto regional, México no es un caso aislado. El informe identifica cuatro países de Latinoamérica en proceso de autocratización: Argentina, El Salvador, Haití y Perú. Tres de ellos —Cuba, Nicaragua y Venezuela— han completado ya ese trayecto y se clasifican como autocracias consolidadas. En el plano mundial, el caso más disruptivo es el de Estados Unidos. De acuerdo con V-Dem, bajo la presidencia de Trump, la democracia estadounidense retrocedió a niveles comparables a los de 1965, y el informe le dedica un capítulo especial a lo que describe como “el desmantelamiento más rápido de la historia moderna”. Si bien México no es una excepción, la magnitud y la gravedad del proceso solo se entiende en perspectiva histórica: su transición democrática tomó 2 décadas —de 1977 a 1997— y su etapa de democracia electoral duró apenas 18 años —de 2000 a 2018—. Su reversión, en cambio, ocurrió apenas en 7 años. Degradación convergente: evidencia comparada del retroceso democrático La evidencia no proviene de un solo instrumento. Una triangulación con otros índices apunta en la misma dirección. El Índice de Transformación Bertelsmann 2026 concluye que el régimen político de México ha transitado de una democracia imperfecta hacia uno que se asemeja al de los años de control hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La Unidad de Inteligencia Económica clasifica a México como un régimen híbrido —una categoría por debajo de la democracia defectuosa, donde se ubicó durante años— y lo sitúa en el lugar 84 de 167 países. IDEA Internacional registra retrocesos, desde 2018, en todos sus indicadores principales: elecciones creíbles, libertades civiles, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de movimiento, independencia judicial y Estado de derecho. Freedom House, por su parte, clasifica a México como “parcialmente libre” desde 2011, con deterioros adicionales documentados tras cada ciclo electoral desde hace 7 años. Instrumentos distintos, metodologías distintas, mismo diagnóstico: el punto de inflexión es 2018. Este patrón tiene nombre en la literatura académica: erosión democrática. Desde la metáfora de Guillermo O’Donnell sobre la muerte lenta de las democracias hasta la conceptualización más reciente de Marianne Kneuer en 2021, se describe un proceso secuencial e intencional, conducido por actores electos que desmantelan las instituciones desde dentro. La lección del caso mexicano es silenciosa, irónica y lamentable. Tomó más de 2 décadas transformar un régimen de partido hegemónico que Read More